El presidente de la Audiencia pide el copago en la justicia

¿La justicia ha de seguir siendo gratis total? El nuevo presidente de la Audiencia de Barcelona, Pablo Llarena, considera que no, y que algunos usuarios deberían pagar unas tasas. En el acto de toma de posesión, Llarena dijo: "sin perjuicio del beneficio de la justicia gratuita, no resulta admisible que la Administración de justicia opere sin tasas, debiendo establecerse un copago que revierta en la mejora del propio servicio".

Es decir, que el ciudadano que no tenga recursos y se le designe abogado de oficio, lo siga teniendo, pero que en algunos casos se pague una cuota y que ese dinero se destine a mejorar la justicia. ¿A quién afectaría? En un aparte, Llarena dijo que su idea podría aplicarse a la jurisdicción civil y a la contenciosa. Los bancos son unos clientes habituales en los pleitos civiles, y sus equipos de abogados persiguen siempre a los clientes morosos con un coste nulo. En la Administración contenciosa la principal demanda son las Administraciones, en muchas ocasiones por el incumplimiento que hace de las normas, pese a existir claros pronunciamientos judiciales.

Las tasas judiciales desaparecieron en 1986, aunque desde hace poco más de un año se aplica una cota fija de 50 euros cuando se recurre ante la Audiencia Provincial una sentencia civil. El copago que propone Llarena sería al margen de esa cuota y se refiere a pagar una parte del coste del proceso, que es más elevado cuanto más largo y complejo sea. Y ese copago tampoco tiene nada que ver con la condena en costas que se aplica desde hace muchos años y que se refiere a la obligación que se impone al condenado, sea por la vía civil o penal, a abonar el abogado y procurador de la parte contraria, además de los suyos propios. En algunos casos, además, debe abonar también el peritaje realizado por la otra parte.

Al margen de esa propuesta, Pablo Llarena, adscrito a la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), realizó un discurso muy crítico con la actual situación de la justicia. Así, censuró que si cualquier oficina pública y privada se encuentre digitalizada, la justicia esté "aplastada" por millones de expedientes y que emplee "comunicaciones con mecanismos tan punteros como la carta o el telegrama".

También recordó que después de 30 años de modernización de la justicia, todavía no se individualiza la responsabilidad de cada puesto de trabajo, que los edificios judiciales tengan "instalaciones indecorosas" y que, desde el inicio de la transición, el promedio de asuntos que resuelve cada juez haya aumentado el 400%.