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Gürtel provoca la caída del segundo alcalde de Boadilla en dos años

Juan Siguero, sucesor de Arturo González Panero, deja el cargo tras ser imputado por el juez a petición del PSM, que ejerce la acusación particular

Boadilla del Monte

La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, de llamar a declarar como imputado el próximo miércoles al alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (Partido Popular), ha obligado a este a anunciar su dimisión, según confirmó una escueta nota hecha pública ayer por el gabinete de prensa del Ayuntamiento.

Ya son dos los regidores del PP de este municipio de 42.430 habitantes que se han visto obligados a abandonar su cargo en la actual legislatura. En febrero de 2009 su predecesor, Arturo González Panero, fue expulsado del partido pero siguió manteniendo el acta de concejal en el Consistorio.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la instrucción del caso Gürtel -la mayor trama de corrupción destapada en la democracia española ligada al PP- el número de alcaldes imputados se eleva a cuatro: los mencionados Juan Siguero y Arturo González Panero (de Boadilla), Jesús Sepúlveda (de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (de Arganda del Rey).

Pedreira ha comunicado en una providencia su decisión tras recibir la petición de la acusación particular ejercida por los concejales del PSM-PSOE de Boadilla del Monte, que fue registrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 10 de enero. El magistrado tomará declaración al regidor como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, así como por su posible participación como cooperador necesario en los delitos que se le imputan al exalcalde del municipio Arturo González Panero.

A su vez, este último, conocido como El Albondiguilla entre los miembros de la trama, está acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. El propio Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí", aconsejó el ex alcalde.En el comunicado hecho público por el Consistorio, Siguero manifiesta también "su total y absoluta inocencia". "Con la finalidad de aclarar de forma inmediata su inocencia se pone a disposición judicial, toda vez que el escrito de la fiscalía se basa en una solicitud del Partido Socialista". Fuentes del PP aseguraron ayer que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, recibió a las tres de la tarde una llamada de Siguero en la que le comunicó su intención de dimitir para no perjudicar al PP.

Sobre Siguero pesaban graves acusaciones contenidas en varios informes policiales en los que los agentes solicitaban su detención tras constatar su "estrecha relación" con las empresas de Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama Gürtel. En uno de los informes se relata que el regidor llegó a pedir a las empresas de la trama un puesto de trabajo para su mujer: "Retomando el favor que te pedí en su día acerca de la posibilidad de un trabajo para Beatriz, (...), si sabes de algún cliente tuyo o conocido que necesite contratar a alguien te agradecería que te acordases de ella. Espero tus noticias y gracias de antemano", escribió Siguero en un correo electrónico.

La decisión del alcalde dimisionario se produce el mismo día en el que se ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 12 de noviembre que declara nulo el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla, aprobado en 2002, por denegar el Ayuntamiento la documentación del plan a miembros de la oposición. La sentencia, que no es recurrible, estima un recurso de casación de lo contencioso-administrativo presentado por un particular contra los acuerdos de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, celebrados el 7 de noviembre de 2001 y el 20 de febrero de 2002, que se declaran nulos. En el orden del día de estos acuerdos se incluía la aprobación de forma definitiva del PGOU del municipio, ahora paralizado, y que tendrá que volver a aprobarse pasando todos los filtros establecidos en la normativa, como es la declaración de impacto ambiental.

El particular inició el litigio porque estaba disconforme con el cambio de calificación de una parcela de su propiedad: "Tenía un uso comercial y, por obra y gracia de la aprobación definitiva del plan general que se recurría, pasaba a zona verde pública", explica el fallo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 11 de febrero de 2011