Un inspector culpa a Ibarra de tapar un fraude de 24 millones

Juan Ramón Ibarra tuvo que escuchar ayer de nuevo duras acusaciones por su gestión al frente de la Inspección de la Hacienda de Vizcaya. Un ex inspector declaró que se obstruyó la investigación a un empresario vinculado al PNV, al que se le descubrió un fraude fiscal de 27 millones de euros y que finalmente pagó menos de cuatro millones. Se trata de Lorenzo Mendieta, quien figura en el listado protegido de contribuyentes supuestamente beneficiados por Ibarra y que es un personaje clave en el caso. Las trabas a la investigación a sus empresas fueron el punto de partida de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción en 2003 sobre la Hacienda vizcaína, que ha acabado en el juicio por presunto trato de favor fiscal que se celebra desde hace tres semanas en la Audiencia de Vizcaya. Además de Ibarra, quien se enfrenta a 11 años de prisión por cinco delitos, entre ellos el cobro de un soborno por 337.000 euros, están acusados otros tres funcionarios de Hacienda, para cada uno de los cuales la fiscalía pide ocho años de cárcel.

El declarante indica que "había un montaje por 4.500 millones de pesetas"

Afirma que Ibarra le dijo que no podía buscar más datos de esas empresas

"Acaté porque era mi superior. Uno se enfrenta hasta donde puede", señala

El informe de la Fiscalía de Vizcaya concluye que el expediente a cinco sociedades de Mendieta quedó archivado cuando "existía un informe de delito fiscal" y que las comprobaciones de esas empresas no fueron "permitidas por el subdirector de Inspección, Juan Ramón Ibarra".

En la sesión de ayer, el ex inspector de la Hacienda vizcaína Miguel Ángel de la Fuente declaró por videoconferencia, ya que ahora trabaja en Alicante para la Agencia Tributaria estatal tras 16 años en la Hacienda foral. Relató la investigación iniciada a principios de los noventa a las empresas de Lorenzo Mendieta. Explicó que se descubrió que facturaba importantes cantidades de dinero a la compañía Malta, una cubertera de Gernika, y que el inspector encargado del caso, José Delfino Suárez, pidió la ayuda de otro funcionario y fue asignado él.

"Pudimos ver que había un montaje fiscal con unas ventas a Malta por 4.500 millones de pesetas [27 millones de euros], que, a través de un sistema de ventas cruzadas, consiguieron que no se declarase nada a Hacienda".

De la Fuente fue leyendo documentos y aportando fechas concretas. Así, expuso que en abril de 1994, tras "una orden de Ibarra", se le impuso la paralización de las actuaciones, ante lo que enviaron dos informes, en los que alertaban de la prescripción de los delitos. Finalmente, se autorizó reiniciar la investigación pero ya solo a cargo de De la Fuente y "con la tutela de Ibarra". La inspección terminó con un informe que reconocía una deuda fiscal de nueve millones, frente a los 27 descubiertos, "contando además los intereses de demora y las sanciones". De la Fuente agregó que solo se refería a dos de las empresas de Mendieta y "quedaban por regularizar otras actuaciones" del resto de sociedades que fueron inicialmente investigadas.

El ex inspector apuntó directamente al principal imputado en la causa: "Ibarra me dijo que no podía salir a la calle [a las oficinas de las empresas de Mendieta] ni buscar nuevos datos. Las actas [el informe final de la inspección] salieron con los datos que ya teníamos".

- "¿Le había pasado que un superior le impidiera ir a las oficinas de un contribuyente y pedir más datos?", preguntó la fiscal jefe, Carmen Adán.

- "Nunca me había pasado", respondió el testigo.

El ex inspector señaló que en este caso llegaron a la conclusión de que hubo un delito fiscal, pero que la Hacienda vizcaína decidió no remitirlo a la fiscalía. "Nos parecía que se escapaba de la normalidad".

A preguntas de la defensa de Ibarra, explicó por qué nunca presentó un escrito de queja por las limitaciones en la investigación del empresario vinculado al PNV. "¡Habían sido tantas las quejas! Aceptamos la cortapisa porque quería tener datos suficientes para poder continuar". Sobre el papel jugado por el ex jefe de la Inspección, De la Fuente afirmó: "No se mostró especialmente interesado en conocer los pormenores. Más bien le interesaban las cantidades resultantes" del fraude descubierto.

En su declaración, también se mostró crítico con el empresario Lorenzo Mendieta, quien cuando prestó testimonio en el juicio el pasado 24 de enero aseguró haber sufrido un "mal trato" de Ibarra debido a las inspecciones a sus empresas. "No sé de que se queja. No sé cómo solo ha podido pagar 600 millones de pesetas [menos de cuatro millones de euros], de los que 400 [2,5 millones de euros] son solo de cuota, que es el 10%", de los 27 millones descubiertos inicialmente", aseveró De la Fuente.

Pese a su desacuerdo con la gestión del principal imputado, explicó por qué no se mostró más combativo. "Acaté órdenes aunque no me gustasen, porque era mi superior jerárquico. Uno se enfrenta hasta donde puede enfrentarse", concluyó.

En la sesión de ayer también prestó testimonio Lina Martínez, funcionaria de la Hacienda vizcaína desde 1984, quien calificó el listado protegido de Ibarra como "una irregularidad más" en el Fisco provincial. Declaró que envío dos cartas de queja a sus superiores, una personal y otra firmada junto a más funcionarios, por la retirada de inspecciones iniciadas, pero no se les hizo caso, "sino todo lo contrario". Por ello, ya se resignó y no volvió a plantear nuevas quejas.

Aseguró que conoció el listado de Ibarra por uno de los inspectores de su grupo, Patricio Jorge González, quien declaró igualmente ayer y afirmó que se enteró de la existencia de la lista protegida en 2001. "Me pareció irregular, porque pensábamos que Ibarra no realizaba inspecciones" de contribuyentes, aseveró González.

Agregó que tuvo conocimiento de ella al recabar datos de una constructora "que pedía dinero en B y era bastante" y que estaba asignada a Ibarra. "Tomé yo la decisión de no seguir con la inspección. Era novato. Diez años después no habría sido igual", concluyó.