Un directivo de Sprilur confirma que De Miguel no podía mediar en recalificaciones

La comparecencia ayer del entonces subdirector de Sprilur José Miguel Artaza en la comisión de las Juntas Generales de Álava que busca depurar las responsabilidades políticas por la fallida recalificación urbanística de Zambrana no sirvió del todo para aclarar el papel de la sociedad pública encargada de la promoción de suelo industrial. Lo único que consta de momento es Sprilur envió, mediante un oficio, un estudio técnico al consistorio para instar que se tramitase la modificación de la norma subsidiaria para aprobar una recalificación. Esta tenía que hacerse mediante un cambio sustancial del Plan Territorial Parcial (PTP) de Álava central.

Artaza, quien supuestamente firmó el oficio recibido en el Ayuntamiento en agosto de 2007, no respondió en concreto a las preguntas planteadas por los grupos junteros, según varios de los presentes. Confirmó, eso sí, que un trabajador de la SPRI no puede hacer gestiones de recalificación por su cuenta, por lo que De Miguel no estaba en posición de mediar en la operación de Zambrana cuando tenía responsabilidades en dos sociedades dedicadas a la promoción industrial dependientes de la SPRI. La exalcaldesa de Zambrana Justina Angulo, del PNV, aseguró en su momento que fue De Miguel quien introdujo en la operación a Sidepur, la compañía de Josu Arruti, un peneuvista amigo del ex diputado foral.

La comisión quiere citar al exdirector de Sprilur Antton Zubiaurre

La comisión se quedó insatisfecha con las respuestas aportadas por el subdirector de Sprilur, por lo que intentará citar al exdirector de la misma Antton Zubiaurre para que aclare el papel que tuvo la sociedad pública en la operación, además de solicitar más documentación. Los técnicos de Sprilur ya advirtieron de que la operación resultaba inviable por varios motivos.

Zubiaurre recibió una carta del entonces administrador de la empresa Riera Urbanizer, Francesc Fernández Joval, animándole a unir fuerzas para sacar adelante el proyecto en 2007. El exdirector de Sprilur está imputado por otro proceso como supuesto autor de un caso de espionaje informático a actuales directivos de la SPRI. Zubiaurre tiene además otro frente judicial abierto: el Gobierno le ha denunciado por un delito de malversación de caudales por una operación de venta de terrenos en Santurtzi.

La otra persona citada ayer por la comisión, el militante del PNV Jon Buesa, propietario de ARK Gasteiz, compañía que realizó el estudio técnico enviado al Ayuntamiento, no compareció alegando problemas de salud. Buesa, quien presentó varios informes médicos para justificar su ausencia, se mostró dispuesto a responder a las preguntas que se le planteen por escrito o a comparecer a partir del 8 de marzo.

El problema es que la comisión va apurada teniendo en cuenta que en breve las Juntas Generales tendrán que ser disueltas antes de los comicios forales de mayo. Para tener su dictamen cerrado antes de la fecha límite, los junteros han optado por prescindir de las comparecencias de varios técnicos. Además de Zubiaurre, la comisión quiere escuchar la versión de los hechos del actual administrador de Riera Urbanizer, Nicolás Guerrero, para que sirva de contrapeso a la declaración del su predesesor en el cargo, Francesc Fernández Joval.

La mayoría de los accionistas de Riera Urbanizer han interpuesto una querella contra Fernández Joval por disposición fraudulenta de bienes. Uno de los pagos cuestionado es el de 900.000 euros realizado a Sidepur. La compañía está participada por el grupo catalán Riera, que no se ha sumado a la querella.

La comisión también se plantea citar a los responsables de Capiriesgo y el Grupo Julián, que en algún momento se interesaron por invertir en Zambrana antes de que Sidepur consiguiera meter en la operación a Riera Urbanizer.