La Comunidad debe 30 millones a los letrados del turno de oficio

Las relaciones entre los Colegios de Abogados de Madrid y el Gobierno regional no pasan por sus mejores momentos. A los más de 5.000 letrados que forman el turno de oficio y los servicios de justicia gratuita solo se les han pagado los dos primeros meses del año pasado por parte de la Comunidad de Madrid, lo que ha llevado a los afectados a plantearse hacer huelga en los próximos días. Mientras, el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, ha anunciado el pago de parte de los atrasos a final de mes.

El Consejo del Colegio de Abogados se reunió ayer por la tarde para tratar el tema. Este colectivo recordó que hasta el momento solo han cobrado el 73% de las cantidades certificadas en el primer trimestre de 2010, lo que supone un grave perjuicio para los letrados. Estos pueden acudir a determinadas entidades bancarias y, a través de una figura financiera llamada confirming, pueden cobrar a cuenta las cantidades que les adeuda el Gobierno regional. En algunos casos, los descuentos por este adelanto pueden suponer hasta el 20% de las facturas.

Los abogados se quejan de que no cobran intereses por las demoras de sus pagos ni se actualizan los baremos de cobro desde hace años. Solo durante 2009 el turno de oficio de la región tramitó más de 155.000 expedientes. El Consejo del Colegio de Abogados inició en 2009 los trámites jurídicos para reclamar los intereses generados por las demoras desde el cuarto trimestre de 2005. Eso supondría un desembolso adicional de otros dos millones de euros, según los cálculos del colegio.

Las deudas por parte del Gobierno regional se arrastran desde lejos. En agosto de 2009, los abogados también amenazaron con dejar el servicio.

Cambio en la ley

Por su parte, el consejero Francisco Granados admitió el lunes que la Comunidad de Madrid espera pagar en los próximos días "una parte importante" de la deuda a los abogados. También reiteró, como en anteriores ocasiones, que se debería cambiar la ley del turno de oficio, de forma que existan fórmulas de control para evitar abusos.

"No se puede garantizar la asistencia jurídica de total calidad cuando se accede a ella sin ningún tipo de control y creo que de una manera muy injusta", declaró Granados.