El Gobierno controlará si las cajas nacionalizadas dan crédito

El Gobierno ultima la negociación de las nuevas normas que exigirán más capital a bancos y cajas y que permitirá que se nacionalicen temporalmente las entidades más débiles . Según el texto que maneja el Ministerio de Economía, las cajas que reciban ayuda del Estado para alcanzar el nivel mínimo de capital "deberán asumir ciertos compromisos", entre ellos "objetivos de evolución del crédito a familias y empresas". En el mercado se considera que es una manera de exigir que las entidades den préstamos como contraprestación a las ayudas públicas. No hay que olvidar que uno de los principales objetivos de esta reforma es elevar la solvencia de las entidades para que fluya el crédito a las empresas y crezca la economía. Este método fue el que siguió Francia, que inyectó obligatoriamente capital a los grandes bancos y, cada 15 días, debían dar cuentas de los créditos concedidos.

Economía está exponiendo a representantes del sector y de los grupos políticos las líneas maestras del real decreto ley de reforzamiento del sistema financiero, que está a falta de los últimos flecos en función de negociaciones de última hora. La expectación es grande porque, como dijo Emilio Botín, presidente del Santander, "el diablo está en los detalles".

"Las entidades que, en un plazo de 15 días desde la aprobación del decreto ley, no cumplan el mínimo de capital deberán comunicar al Banco de España las medidas de su plan de cumplimiento que podrá contemplar la captación de recursos de terceros privados. Si el plan involucra al FROB, la entidad deberá presentar un plan de reestructuración en un mes", según el texto. No presentarlo "será constitutivo de infracción muy grave", al igual que el incumplimiento de los requisitos de capital. Las infracciones muy graves permiten la intervención de la entidad, como ocurrió en CCM.

Otro cambio relevante es que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) cambia sus órganos de gobierno. Así, la comisión rectora "incluirá representantes del Gobierno" y "se otorga mayor peso a Economía, con informes sobre cada operación y sus implicaciones para el déficit y deuda pública". En la práctica supone que el Banco de España pierde el control hegemónico del FROB, que está presidido por Javier Ariztegui, que ayer explicó las actuaciones del fondo en el Congreso, a puerta cerrada.

Una de las mayores polémicas que rodean al decreto ley es la exigencia de capital. "El nuevo requisito se denomina capital principal y sus características son: el nivel mínimo exigible se sitúa en el 8% de las exposiciones totales (a 31-12-2010) ponderadas por riesgo. En el [9%-10%] (sic) para las entidades que reúnan simultáneamente" estas dos condiciones: que tengan vencimientos pendientes en mercados mayoristas de más del 20% y no coticen "por un porcentaje significativo del capital social o no hayan colocado a terceros privados un porcentaje igual o superior". Incluso se podrá exigir un nivel aún superior de capital si se considera que hace falta en función de los resultados de unas pruebas "de resistencia analizados por el Banco de España realizados inmediatamente" (una prueba cuya existencia se desconocía) "o de los stress test que se realizarán en Europa en la primavera".

Los elementos que componen el capital principal son "esencialmente, los previstos en Basilea III (2013): capital, reservas, primas de emisión, intereses minoritarios, más los instrumentos suscritos por el FROB". A esta cifra se le restarán "las pérdidas, activos inmateriales" (fondos de comercio sin amortizar) "y ajustes por valoración". Las privatizaciones de las participaciones públicas en las entidades se harán por un "procedimiento competitivo".