Las 'sin papeles' que denuncien maltrato no serán expulsadas

Las mujeres inmigrantes irregulares que denuncien maltrato tendrán una protección especial.Ni siquiera se les abrirá un expediente de expulsión y, si ya lo tuvieran, se suspenderá. Esta medida se adoptará a la espera bien de una resolución judicial (como una sentencia o un auto de medidas de protección) o bien de un informe del Ministerio Fiscal que determine indicios de violencia de género. Además, este amparo especial también se extenderá a los hijos menores de las maltratadas. Esta es una de las principales novedades que incluye el borrador del nuevo reglamento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que desarrolla la Ley de Extranjería, aprobada en diciembre de 2009. El reglamento en vigor no contempla ninguna protección especial para estas mujeres.

El texto, mucho más amplio que el anterior (consta de casi 200 artículos), no está centrado en permitir que vengan a España más ni menos extranjeros, sino en regular de una forma más amplia y al detalle que la ley orgánica de 2009, dentro del margen que esta concede, especialmente las cuestiones relacionadas con la protección, según fuentes próximas a la negociación. Sus objetivos principales son fomentar la cultura de la regularidad e intentar que los extranjeros que están ya integrados en España estén más protegidos. Esta ley y su reglamento son las normas que regulan la situación de los inmigrantes procedentes de países no comunitarios.

El Gobierno prevé presentar el borrador mañana. Hoy se reunirán miembros del Ejecutivo con sindicatos y patronal para acordar los últimos detalles y el martes, tras su presentación, se abrirá un proceso de 15 días para alegaciones antes de que el texto definitivo vaya al Consejo de Ministros para su aprobación.

El texto también da mayor protección a las personas que retornen voluntariamente a sus países, y revisa la situación de los menores no acompañados para que sean tratados con las máximas garantías jurídicas y teniendo en cuenta su interés por encima de otras cuestiones. Éstos son los aspectos principales.

- Maltratadas. A las mujeres maltratadas inmigrantes irregulares que hayan denunciado no se les abrirá un expediente de expulsión. Con esto, el reglamento las protege incluso más de lo que especifica la ley. Si tienen ya abierto un expediente de expulsión, se paralizará. Esta medida se tomará bien hasta que haya una resolución judicial (una sentencia o solo un auto de medidas de protección, no hará falta una sentencia condenatoria) o bien un informe del fiscal que determine la existencia de indicios de violencia de género. Se les dará además autorización provisional de residencia y de trabajo. Y la protección se extenderá también, con una autorización de residencia, a sus hijos menores que estén en España.

El reglamento actual no contempla excepción alguna para las mujeres maltratadas inmigrantes. El año pasado fallecieron a manos de sus parejas o ex parejas 73 mujeres en España, de las cuales el 31% eran inmigrantes no comunitarias. En los años anteriores, la media de muertas por violencia de género extranjeras rondaba también el 30%. De las mujeres que presentan denuncia por maltrato, se calcula que el 25% son inmigrantes.

- Parados. Los inmigrantes que se queden en paro después de haber estado en activo no tendrán que abandonar el país, se les renovará la autorización de residencia si su pareja de hecho está en situación regular y acreditan entre ambos medios suficientes para mantenerse. En el anterior reglamento esta situación solo se contemplaba para los matrimonios. Entre los inmigrantes latinoamericanos, por ejemplo, abundan las parejas de hecho. En algunos de estos países, tradicionalmente casi la mitad de las parejas son de este tipo y no matrimonios.

- Contratación en origen. El actual "contingente" (conocido erróneamente como "cupo") del reglamento en vigor pasa a llamarse "gestión colectiva de contratación en origen". No es un cupo, como ocurre en otros países: las plazas se ofertan según la demanda que comuniquen las empresas u organismos españoles. El objetivo es clarificar este mecanismo de cara a las necesidades del futuro. Este año, el contingente consta solo de 14 plazas, todas del sector sanitario (son sobre todo de médicos, enfermeras y terapeutas para el sector privado). En 2010 rondaron las 30. Es casi simbólico, pero se pretende mantenerlo vivo por su importancia política y su utilidad para sectores que precisan trabajadores con formación o experiencia específica, cuya demanda no se cubre con los que existen en España.