Revisar para conservar
De la misma manera que Gobierno, patronal y sindicatos han pactado una reforma del sistema público de pensiones para hacerlo sostenible en el futuro, hay que hacer una reforma en la Constitución para corregir los defectos del sistema autonómico. La ambigüedad del título VIII de la Constitución ha conducido a una permanente reclamación de competencias por parte de las comunidades autónomas, ha comprometido el principio de igualdad de todos los españoles y exacerbado los conflictos entre los habitantes de los distintos territorios.
El problema no es que existan duplicidades entre Administraciones, sino que el modelo no está cerrado y por tanto siempre depende de la debilidad electoral del Gobierno central. Los que se niegan a revisarlo porque ha sido un éxito deberían pensar en qué pasaría con las pensiones en 2030 si se hubiera adoptado la misma postura.
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