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Entrevista:PASCUAL SALA | Presidente del Tribunal Constitucional

"La sentencia del Estatuto catalán está para que se cumpla sin prejuicios"

El magistrado defiende implantar de nuevo el recurso previo de inconstitucionalidad para paralizar ciertas leyes hasta que haya fallo judicial

Pascual Sala, valenciano de 75 años, 47 de ellos de oficio judicial, accede a la presidencia del Tribunal Constitucional tras haber estado antes al frente del Tribunal de Cuentas, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial. Y lo hace cuando aún no se han extinguido los ecos del altisonante discurso con el que se despidió su predecesora, María Emilia Casas, y en el que acusaba al Parlamento de "infringir" la Constitución. Dos semanas después, el ya nuevo presidente declina atribuir al Congreso "vulneraciones constitucionales" y prefiere dirigir un "recordatorio" para que se cumplan las previsiones de renovación aún pendientes.

Pregunta. ¿Qué pasa si el Congreso decide mañana renovar el tribunal? ¿Tendrá que volver a someterse a una nueva elección?

"El voto en blanco de Aragón no lo interpreto como un voto en contra"

"Se cumplirá la preferencia del recurso contra la ley del aborto"

"Mi recusación por el PP no me produjo ninguna conturbación"

"No me corresponde apreciar las condiciones de Enrique López"

Respuesta. Este es un punto que tendrá que abordar el Pleno que resulte de la renovación del tercio correspondiente al Congreso de los Diputados. Entiendo que no debo emitir ningún juicio en este momento acerca de posibilidades de futuro. Dicho esto, el actual tribunal y su presidente se encuentran plenamente legitimados para afrontar su tarea fundamental de actualizar y poner al día el funcionamiento del Pleno y de las Salas, sin ninguna restricción ni limitación que pudieran derivar de una, a mi juicio equivocada, percepción de provisionalidad. Por lo demás, debo recordar, como hicieron la presidenta saliente y el presidente en funciones, la necesidad de que el Congreso proceda a la designación del tercio de magistrados que tiene pendiente.

P. ¿Cree usted que el Congreso vulnera la Constitución al no renovar a tiempo a un tercio de los magistrados?

R. Yo no atribuyo ni puedo atribuir a las Cámaras, al Congreso ni al Senado, ni tampoco cuando se cumple el turno del Gobierno o del Consejo del Poder Judicial, vulneraciones de la Constitución. Lo que sí indico es que es lógico que adopte esta posición y este recordatorio.

P. Federico Trillo (PP) acusó a María Emilia Casas de haber protagonizado la etapa más negra del tribunal. ¿Está de acuerdo?

R. No hago consideraciones acerca de las declaraciones de responsables políticos. Considero, eso sí, que María Emilia Casas ha sido una gran presidenta pese a las evidentes dificultades que atravesó el tribunal durante su mandato, y esta apreciación estoy seguro de que no es exclusivamente mía, sino que la comparten los miembros del Pleno salientes y los recientemente incorporados.

P. Como presidente del tribunal usted dispone el orden del día. ¿Por dónde va a empezar?

R. El tribunal va a empezar su actividad jurisdiccional a mediados de febrero. Tiene ahora unos 460 asuntos de Pleno, y el recurso de amparo está actualizado. Pero el detalle del orden del día habrá de abordarse de acuerdo con los demás magistrados.

P. Por ayudarle un poco: ¿el recurso contra la ley del aborto tiene preferencia?

R. Cuando se admitió el recurso se adoptó ese criterio y naturalmente se cumplirá esa previsión.

P. ¿Cree que ahora se podrán normalizar las relaciones internas en el tribunal? ¿Y con el magistrado Manuel Aragón?

R. Mi relación con el señor Aragón, a quien conozco mucho antes de venir al Tribunal Constitucional, son de perfecta normalidad, de verdadera amistad. Cuando yo era presidente del Supremo, él era ya un catedrático ilustre; sigue siendo un gran amigo mío, y creo que tengo la misma consideración de su parte.

P. Hombre, con más amigos que, como hizo él, hubieran votado su candidatura en blanco, no habría salido usted presidente.

R. Yo no lo veo como una elección con confrontación. El voto en blanco no es voto en contra.

P. Tampoco lo es a favor.

R. Tampoco, pero no ha sido una mayoría exigua, cuando inclusive la ley prevé un empate que se decide con arreglo a criterios de antigüedad, como ya sucedió alguna vez en el pasado.

P. ¿Cree que deben acceder al Constitucional jueces que no son magistrados del Supremo, como Enrique López, candidato del PP?

R. La Constitución habla, como posibles miembros del Tribunal Constitucional, de miembros de la carrera judicial. Dicho esto, el señor López es un miembro de la carrera judicial, y la apreciación de sus condiciones para ser nombrado magistrado del Constitucional no me corresponde a mí sino al Congreso.

P. En la deliberación sobre si cabría suspender la ley del aborto, ¿por qué defendió usted que la norma debe seguir aplicándose?

R. Por aplicación de la doctrina constitucional. Las leyes que se impugnan de inconstitucionalidad solamente se suspenden si la impugnación procede del presidente del Gobierno. No obstante, respeto los criterios disidentes.

P. ¿Las creencias religiosas de los magistrados deberían ser causa para no intervenir en deliberaciones como la del aborto?

R. Los magistrados del Constitucional están sujetos exclusivamente, y subrayo, exclusivamente, a la Constitución y a la Ley Orgánica del Tribunal. En eso estriba precisamente su independencia. Cualesquiera otros condicionamientos están excluidos.

P. Durante la tramitación del Estatuto catalán ¿sintió usted que los políticos intentaban influir en la sentencia con recusaciones de magistrados y otras presiones?

R. No puedo hacer aquí ninguna censura del uso exagerado de los incidentes de recusación. Es algo que está sujeto a la buena fe procesal que las partes deben siempre respetar. Únicamente me remito a las resoluciones que se produjeron y a los votos disidentes que se formularon, donde está expresada mi posición.

P. Usted fue uno de los recusados por el PP.

R. El incidente de recusación se resolvió. No me produjo ninguna conturbación.

P. Pues hubo bastante ruido alrededor...

R. A mí estas cosas procuro que no me influyan, y pienso que a ningún magistrado que tenga oficio, y yo tengo 47 años de oficio judicial, le sorprende si lo recusan. Y si se resuelve y se rechaza el incidente de recusación, pues no pasa nada. De todas formas, la recusación de magistrados constitucionales, sobre todo en recursos de inconstitucionalidad, debería tener una regulación específica en la ley del Tribunal. En un recurso de inconstitucionalidad no hay más interés concreto que la defensa de la Constitución, y la apreciación de este interés corresponde en exclusiva al tribunal.

P. ¿Es partidario del recurso previo de inconstitucionalidad [derogado en 1984 por el PSOE y que paralizaba la aplicación de una ley hasta que no se pronunciara el tribunal] para normas como el Estatuto catalán?

R. El recurso se suprimió por razones de oportunidad política. Quizá en determinados casos que requieran una aprobación refrendaria debería implantarse antes de la consulta popular.

P. ¿Cree usted que el Gobierno catalán tiene que cambiar algo tras el fallo del Estatuto?

R. La sentencia del Estatuto, como todas, está para que se cumpla sin prejuicios y sin deducciones fuera de su concreta motivación.

P. ¿El tema del castellano como lengua vehicular en la educación se está cumpliendo?

R. Yo no tengo ningún enjuiciamiento que hacer al margen de lo que se dijo en la sentencia y al margen de los procesos pendientes en esta materia, respecto de los cuales, como es obvio, no puedo anticipar mi criterio.

P. ¿Cómo están las tradicionales malas relaciones entre el Constitucional y el Supremo?

R. No creo que haya malas relaciones entre ambos tribunales como en otros países. Se han producido puntuales discrepancias, tres a lo sumo que yo recuerde, y se deben fundamentalmente a la dificultad de separar los temas de legalidad ordinaria de los de contenido constitucional. En cualquier caso, si se introdujera un recurso jerárquico contra la resolución que pone fin a la vía judicial ordinaria antes de acudir al amparo constitucional, prácticamente se eliminarían los casos de discrepancia grave.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 31 de enero de 2011