La creciente pobreza

Desde el año 2008 no paramos de hablar de la crisis. La quiebra de Lehman Brothers dio el pistoletazo de salida para que todos empezáramos a hablar de recesión, de crisis, de desempleo, de burbuja inmobiliaria, de pruebas de estrés de las entidades financieras, de rescates de bancos.

Las crisis cíclicas del sistema económico, cada una de ellas, tienen sus característica propias y sus fenómenos peculiares, y en la actual etapa asistimos a un rasgo del que hablamos muy poco, que no es objeto de debates políticos ni públicos, que a pesar de alguna que otra noticia en los medios es una realidad que permanece oculta.

Desde la crisis posterior al crac de 1929 no presenciábamos un crecimiento de la pobreza tal como ahora. La novela de Steinbeck Las uvas de la ira retrató una situación social de la década de los treinta en Estados Unidos que creíamos imposible en la Europa del welfare state y que, sin embargo, presenciamos ahora. Basta ver el incremento de las familias que han de acudir a los bancos de alimentos; basta mirar el número de personas que deben ser atendidas por organizaciones como Cáritas, 30.000 personas sólo en Guipúzcoa, un 4% de la población, atendidas sólo por una organización. De todas estas personas el 65% corresponde a la inmigración y el 35% por ciento restante son familias guipuzcoanas perfectamente estructuradas Basta con pensar en el millón de personas que no perciben ingreso de ningún tipo o las 480.000 familias en las que ninguno de sus miembros tiene ingresos.

Cada vez hay más situaciones que suponen un riesgo de exclusión

Las grandes cifras que arrojan las estadísticas oficiales, según las cuales el 20% de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza, serían absolutamente insostenibles si no fuera por la red de emergencia que constituyen, por un lado, la familia y, por otro lado, el denominado tercer sector.

Pero, además de las situaciones que citamos, existen y cada vez son más frecuentes las situaciones que suponen un riesgo de exclusión, en que la pobreza lleva a situaciones de desestructuración, situaciones del todo patológicas que incapacitan a los que caen en ellas para volver a obtener empleo y reintegrarse a lo que denominamos una "vida normal".

La cuesta abajo que lleva a estas situaciones de exclusión se inicia con vicisitudes que son muy normales y habituales. Los procesos de disolución de unidad conyugal dan lugar a situaciones de verdadera necesidad para ambos cónyuges, en particular para los padres, que, si no disponen de la red de emergencia de la familia, en muchas ocasiones se quedan hasta sin un techo.

En otras ocasiones, cada vez más frecuentes, la cuesta abajo que lleva a situaciones de exclusión se inicia con procesos de ejecución hipotecaria de los préstamos para la adquisición de vivienda. Me relataba uno de los responsables de Cáritas de Guipúzcoa que iban cobrando frecuencia los casos en que la ejecución se llevaba por delante la vivienda para cuya adquisición se había concedido el préstamo objeto de ejecución y, además, la vivienda de los padres que habían avalado a sus hijos. La pérdida de la vivienda convierte a las personas en sin techo que deambulan sin trabajo, sin ocupación, sin un lugar donde refugiarse y fáciles presas de patologías como el alcoholismo e incluso la delincuencia más o menos grave, con lo que avanzan en el proceso de desintegración e incapacitación.

En el caso de que los sujetos implicados en este proceso tengan cargas familiares, la situación suele desembocar en la total separación de las familias al verse obligados los servicios sociales a intervenir para proteger a los menores en situación de desamparo.

Es una realidad que existe, que permanece oculta, que no figura en la agenda de partidos y sindicatos, pero que, sin embargo, crece día a día y cuya solución deja ya de depender de buenas cifras macroeconómicas, de una recuperación de la economía, y exige una intervención de naturaleza sociosanitaria y tratamientos de rehabilitación psicosociales para los que ya son insuficientes las plazas de tratamiento existentes. En estos casos el crear empleo ya no es la mejor política social.

España es el país de la UE-15 con mayor número de pobres, a la vez y tradicionalmente el país con menor gasto social y, consecuentemente, donde la brecha social, la desigualdad, es más amplia. Confiar en la recuperación económica para reducir este número es una quimera. El largo periodo de crecimiento anterior a la actual crisis, con índices superiores a los del resto de países de la UE-15 y con una creación de empleo igual o superior al del conjunto del resto de países, no contribuyó a reducir la pobreza. Es más, la precariedad en el empleo es causa directa de estados de necesidad. Tampoco la Renta de Garantía de Ingresos que han establecido las comunidades autónomas es determinante a la hora de luchar contra la pobreza y contra las situaciones de marginación, que continúan creciendo.

De estos datos parece resultar que el mercado no acaba con la pobreza y sólo soluciones de gasto social, no estigmatizadoras y actuaciones en materia de vivienda, de formación, pueden ser útiles en la lucha con la pobreza. No es bastante la "mejor política social, crear empleo".