Mejor pagar un parche que un cáncer

¿Tiene sentido que con el dinero de todos se ayude a los fumadores a abandonar su hábito? Dieciséis sociedades científicas (de oncólogos, cardiólogos, neumólogos, geriatras, neurólogos o médicos de familia) están convencidas de ello. Por cuestiones de salud, pero también de bolsillo. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) sostiene que pagar estos medicamentos a todos los que quieren dejar de fumar supondría unos 500 millones de euros, frente a unos gastos sanitarios derivados de las enfermedades vinculadas al tabaquismo que ascienden a 6.870 millones (según datos del año 2008).

Los gestores sanitarios, sin embargo, no tienen ninguna prisa en financiar este gasto. Las comunidades autónomas serían las encargadas de sufragar los tratamientos y, si el ahorro puede notarse a largo plazo, la factura pesa mucho a corto. Por ello no parecen estar muy dispuestas -en ningún caso sin una financiación extraordinaria- en un escenario de revisión de gastos, recortes y un déficit sanitario global que supera los 11.000 millones de euros.

Un estudio eleva a 500 millones el desembolso por cubrir los fármacos

En 2008, la atención sanitaria a fumadores supuso 6.870 millones

Las autonomías recelan de asumir un gasto más sin mayor financiación

Sanidad sosteine que lo más eficaz son medidas como la ley antitabaco

De todos los implicados en la lucha contra los efectos del tabaquismo , los neumólogos son uno de los colectivos que más tiempo lleva trabajando para que la sanidad pública financie de forma "universal y gratuita" los tratamientos. Entre sus argumentos recuerdan cuestiones tan básicas como que el tabaquismo es una enfermedad crónica, como recoge la Organización Mundial de Salud. Y que no se trata de una patología cualquiera. Es la más prevalente en España, con un 30% de población afectada. Cada día mueren casi 1.000 personas por el tabaco. "Ninguna otra enfermedad ocasiona tan elevadas cifras de mortalidad", según la Separ.

Para justificar la gratuidad de los fármacos, en un documento de la Separ avalado por 16 sociedades científicas, el Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo y 15 asociaciones de pacientes, los especialistas exponen que al ser el tabaquismo una enfermedad y existir tratamientos eficaces para curarla hay que ponerlos al alcance de la población, exactamente igual que sucede con el resto de patologías.

Distintos estudios publicados en revistas científicas demuestran que existen fármacos efectivos, como los parches, inhaladores o chicles de nicotina además de la vareniclina o el bupropión. Estas terapias, no solo funcionan, sino que, sostiene la Separ, teniendo en cuenta su coste, el beneficio que proporcionan es superior al de otros fármacos que ya asume el sistema nacional de salud. En el caso de otras enfermedades crónicas como la hipercolesterolemia o la hipertensión es "claramente mejor". También ofrece ventajas en estos términos respecto a intervenciones preventivas como la mamografía periódica. Varios estudios (publicados en JAMA en 1997 y Risk Analisis en 1995) elevan el coste del año ganado en 3.539 dólares (2.593 euros) en los tratamientos de tabaquismo frente a los 4.100 (3.004 euros) en los tratamientos de hipertensión arterial o la revisión anual para la detección de cáncer de cuello de útero por citología vaginal en mujeres de 34 a 39 años.

El coste de asumir estos fármacos oscilaría entre 400 y 500 millones, según los cálculos de Carlos Jiménez. "Estimamos que alrededor de un 30% de los 11 millones de fumadores que hay en España estarían dispuestos a dejar de fumar", comenta, "a un coste de entre 125 y 175 euros por tratamiento". Esta cantidad se recuperaría "de forma fácil y rápida" por el ahorro en gasto sanitario directo, el incremento en la productividad laboral, en la reducción del absentismo y de los gastos por pagos de seguros de vida, según los neumólogos. Un estudio publicado en el Journal of Occupation and Environmental Medicine en 2007 calcula que los gastos en financiación de los tratamientos de deshabituación se recuperan en un plazo de entre 7 y 10 años.

"Hay que desterrar la falsa creencia de que el consumo de tabaco es beneficioso desde el punto de vista económico para un determinado país", sostiene la Separ en otro informe, que presentó antes de la aprobación de la nueva ley antitabaco. La hacienda pública, a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, recaudó 9.266 millones de euros en 2008. Ese mismo año, se destinaron 6.870 millones a gastos directos para tratar los efectos del tabaco en enfermedades como la obstrucción pulmonar crónica, asma, cáncer de pulmón, enfermedades cerebrovasculares y coronarias. A ellos habría que sumar el coste que sufrieron las empresas españolas por el tabaquismo, que ascendió a 7.840 millones. Total: 14.710 millones de euros. "El Estado perdió ese año 5.444 millones de euros por el tabaquismo", concluyen los neumólogos.

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Ildefonso Hernández, matiza algunos de estos planteamientos. Por ejemplo, el relacionado con la relación coste-efectividad de los medicamentos. "Las medidas más coste-efectivas contra el tabaco son las fiscales y las reguladoras; y en ellas se ha avanzado mucho. La nueva ley supone un avance histórico". Además, advierte de que en este tipo de tratamientos "a largo plazo, las tasas de recaídas son altas".

Incorporar una nueva prestación al sistema, como sería extender el tratamiento del tabaquismo, requiere "un examen contrastado" previo que ya está realizando el Observatorio para la Prevención del Tabaquismo, una entidad ligada al propio ministerio. "No se puede poner o quitar una prestación sin un estudio detallado; es algo muy delicado que debe someterse a elementos de valoración de conjunto, no de una sociedad científica sino de diversos actores entre los que están el ministerio y las comunidades autónomas". Sobre ello disiente la ex ministra de Sanidad del PP, Ana Pastor, cuyo partido es partidario de financiar los tratamientos. Pastor defiende que hay suficiente evidencia tanto de la financiación de estos fármacos como de su coste-efectividad. "Ya en 2003, el Instituto de Salud Carlos III redactó un informe de la efectividad clínica de los tratamientos de deshabituación", comenta.

La ley antitabaco, en el artículo 12, plantea que el acceso a tratamientos de deshabituación "se potenciará y promoverá en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud [integrado por los consejeros autonómicos y el Ministerio de Sanidad], valorando, en su caso, su incorporación a la cartera de servicios" del sistema.

Ello supondría que es necesario un acuerdo entre comunidades autónomas y el ministerio. Y no parece fácil que se pueda llegar a un consenso, entre otras cosas, porque si no va acompañado de un aumento presupuestario, serviría para incrementar el elevado déficit conjunto que acumulan los servicios de salud. Manuel Cervera, consejero de Sanidad valenciano (PP), es de los que con más claridad de ha expresado. "En estos momentos no hay que hacer brindis al sol con nuevas propuestas", comentó respecto a las declaraciones de la ministra de Sanidad, Leire Pajín, que en un primer momento dijo ser "partidaria de negociar la posibilidad" de que la sanidad pública financiara los fármacos para dejar de fumar. Cuatro días después, Pajín matizó esta postura que convirtió en la disponibilidad del ministerio a "apoyar a las comunidades para la implantación de programas" para quien quiera dejar de fumar, algo ya que sucede.

Para el consejero valenciano, la prioridad es alcanzar un pacto de Estado que "garantice la actual oferta en la cartera de servicios sanitarios antes de incorporar nuevas terapias". Se trata de una postura bastante extendida entre los consejeros de sanidad. "No es el momento de incluir muchas más prestaciones" cuando toca apretarse el cinturón, considera el consejero cántabro de salud, Luis Truan. En Castilla-La Mancha, el responsable de sanidad, Fernando Lamata, opina que si esta medida supone un gasto extraordinario para las autonomías, debería contar con una financiación adicional. Extremadura y Murcia han apuntado que no tienen intención de subvencionar estos medicamentos debido a los ajustes derivados de la crisis.

Incluso desde la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, su portavoz, Marciano Sánchez Bayle, considera que, en estos momentos, financiar los tratamientos de deshabituación por parte del sistema nacional de salud "parece poco factible dada la situación económica actual". "El presupuesto de 2011 se ha reducido un 4,11% para el conjunto de las comunidades autónomas", destaca, por lo que "ante esta escasez, de recursos es inviable la gratuidad a corto plazo". Cuestión distinta es la perspectiva a medio plazo. Para entonces "debería considerarse la financiación", a pesar de que "se trata de fármacos muy caros y que no han demostrado una alta eficacia". Sánchez Bayle coincide con el director general de salud pública en considerar la prevención así como la protección a los no fumadores como "la mejor inversión", algo que a su juicio garantiza la ley actual.

De la misma forma que el argumento económico no es válido para la mayoría de los médicos, tampoco lo es para la coordinadora de política social del PP Ana Pastor. "Es una cuestión sanitaria", comenta. "Y yo soy médico", recuerda. Por ello, relata, el Partido Popular presentó en la elaboración de la ley antitabaco de 2005 y en la aprobada a final del año pasado una enmienda para abordar la financiación estatal de los tratamientos con garantías científicas. "Al fumador hay que ayudarle si quiere". Tampoco cree que tenga que ser una cuestión que necesariamente pase por el consejo interterritorial, "de la misma forma que el Estado autoriza otros fármacos", sostiene. "Cuestión distinta es cómo se dispensa y se prescribe, con la receta verde clásica o mediante otras fórmulas".

"Esta postura es un ejemplo del doble lenguaje del PP", replica la diputada socialista Pilar Grande, que impulsó la nueva ley. "Mientras en Galicia el PP recorta el catálogo de medicamentos subvencionados, el mismo partido defiende la financiación de los tratamientos para dejar de fumar". La ley establece que la financiación de los tratamientos de deshabituación "debe pasar por un acuerdo entre las comunidades autónomas y el ministerio".

Frente al cruce de argumentos de los gestores sanitarios, los neumólogos y el resto de sociedades científicas insisten: "Nos comprometemos a desarrollar todas las actuaciones que hagan comprender que la actual discriminación que sufren los fumadores que desean dejar de serlo [por no poder acceder en igualdad a estos fármacos] debe finalizar cuanto antes".