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Debate sobre el estatus de la clase política

81 parlamentarios han recibido el complemento de pensiones desde 2006

El último caso aprobado es el de Cristina Almeida, que se jubiló como abogada

Las Cortes han concedido el complemento para cobrar la pensión máxima a 81 parlamentarios jubilados que la han solicitado y que cumplían los requisitos de haber estado más de 11 años en el Senado o en el Congreso. Hasta ahora han pasado 3.600 políticos por las dos Cámaras desde el inicio de la democracia aunque solo una parte han superado los 65 años.

Ese complemento de pensiones se aplica desde 2006, cuando se aprobó tras una iniciativa conjunta de PP y PSOE que establecía que los diputados y senadores que sumen 11 años en el escaño tendrán garantizado el cobro de la pensión máxima, entonces fijada en 2.232 euros. Para los ciudadanos comunes es necesario cotizar 35 años y los últimos 15 con la base máxima. Tras el acuerdo de 2006, los parlamentarios con más de siete años de mandato tendrán garantizado el 80% de esa cuantía, y con más de 10 años, el 90%.

Pensado para exiliados, en el último año se ha aplicado en 11 casos

Se han acogido al complemento más ex parlamentarios del PP que del PSOE

Inicialmente, ese complemento se pensó para los que llegaban al Parlamento con una actividad política en el exilio, sin vida laboral. Pero se ha aplicado a todos, entre ellos, a los que han desempeñado actividades liberales como autónomos y no han cotizado por el máximo. Por eso, según la Presidencia del Congreso, lo han percibido más parlamentarios del PP que del PSOE, porque hay más que han trabajado como autónomos en profesiones liberales, sobre todo como abogados.

La inmensa mayoría de los 3.600 parlamentarios cotizaron o están cotizando por el máximo el tiempo necesario como para no tener que recibir ese complemento. Cuando se produce una petición, hay una comisión de las Cortes que debe examinar si reúne los requisitos y, por eso, hay casos en los que se ha denegado.

En el último año se ha concedido a 11 parlamentarios. El último caso es el de Cristina Almeida, que fue diputada del PCE. En su actividad laboral como abogada no había cotizado por el máximo y, según fuentes del Congreso, solicitó acogerse al complemento porque superó los 11 años como diputada. La Presidencia de la Cámara accedió y se le ha concedido cuando se ha jubilado.

El presidente del Congreso, José Bono, insistió ayer en defender el sistema de complementos de pensión, recordando que, de momento, solo afecta a 80 de los 3.600 parlamentarios que han pasado por las Cortes. "Me veo en la obligación de defender el honor de los diputados y senadores", proclamó Bono. Citó el caso de un parlamentario que padece una grave enfermedad como ejemplo de alguien que, probablemente, no llegará a cobrarla, según explicó. Fuentes de la Cámara explican que se refiere a un ex senador socialista, que tuvo escaño hasta esta legislatura, que está enfermo pero que no ha solicitado el complemento porque aún no ha llegado a la edad de jubilación. Aseguran que pretendía poner un ejemplo de ex parlamentario con dificultades personales, aunque su caso no tenga nada que ver con los complementos de pensiones.

Bono sostiene que el complemento tiene por objeto garantizar la dignidad de los parlamentarios que se jubilan, después de que hayan abandonado sus actividades privadas para dedicarse al Congreso o el Senado y asegura que el coste es mínimo. Con ese argumento ha rechazado las propuestas para eliminar ese complemento.

Hay algunos casos de diputados que acumulan a sus pensiones de jubilación percepciones por haber sido miembros de gobiernos autonómicos o miembros de parlamentos autonómicos. Esas percepciones sí son compatibles y se perciben en el momento de la jubilación. El Gobierno vasco lo tiene.

No perciben ningún tipo de complementos los ex ministros. Sí cobran una indemnización si permanecen en el cargo más de dos años, para compensarles la incompatibilidad para ser contratados por empresas relacionadas con su cargo durante los dos años posteriores a su cese.

La explicación de Carrillo

El ex dirigente comunista Santiago Carrillo charló ayer con los lectores de EL PAÍS sobre su nuevo libro y, al hilo de las pensiones de los políticos, explicó: "Cobro un complemento de 731 euros. Haber sido antifranquista activo desde siempre ha repercutido en que, en los casi 40 años de exilio, no haya podido cotizar a la Seguridad Social. Si hubiera sido un ciudadano corriente y no el dirigente de un partido antifranquista, yo, que empecé a trabajar en 1928, antes de cumplir los 14 años, y que muy joven, antes de la guerra, tuve ya sueldos importantes como periodista, después de cincuenta y tantos años de trabajo hubiera tenido derecho a la pensión más alta. Pero el hecho de haber sido perseguido me lo ha impedido. Yo acepté hace dos o tres años esa compensación porque pensaba que era una medida que hacía justicia a mi condición de perseguido. Ignoro las razones por las que otros diputados perciben complementos semejantes. He pensado que esto no era una discriminación con el resto de los ciudadanos, sino una de las medidas que se han tomado en todos los países que han sufrido el fascismo para ayudar a los perseguidos a recuperar sus derechos".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 26 de enero de 2011

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