Los 'privilegios' parlamentarios, en revisión

José Bono y Javier Rojo se han visto forzados a acometer una reforma de las condiciones económicas de los diputados y senadores. Los presidentes del Congreso y el Senado han puesto en marcha el procedimiento para modificar lo que se ha dado en llamar "privilegios de los parlamentarios", a pesar de que todos los partidos se habían negado hasta ahora a hacerlo.

Solo la diputada Rosa Díez (UPyD) había presentado una iniciativa en este sentido, pero se había encontrado siempre con el muro infranqueable del rechazo de todas las demás formaciones que niegan que disfruten de privilegios. Incluso, forzados por la presión, en un momento de crisis económica en la que los propios parlamentarios votan y aprueban recortes en las pensiones del resto de ciudadanos, Bono y Rojo han decidido ir más allá.

Hasta ahora, todos los grupos menos UPyD se oponían a cambiar su estatus

La reforma podría obligar a los diputados a publicar su patrimonio

Ambos remitieron ayer a los portavoces de todos los grupos sendas cartas en las que les piden propuestas sobre el sistema de pensiones de los parlamentarios, sobre su régimen de incompatibilidades y sobre la transparencia de sus bienes. En 15 días recibirán las propuestas y acometerán las reformas necesarias, si hay acuerdo.

Hace menos de un mes, la Mesa del Congreso rechazó la posibilidad de modificar el sistema de complemento de pensiones. PSOE y PP rechazaron cambiarlo, sin discusión alguna.

La semana pasada, Bono decidió estudiar la modificación y se lo trasladó al Gobierno. Se habló de ello en el Consejo de Ministros porque Ramón Jáuregui, ministro de Presidencia, informó al resto de miembros del Gobierno. Y, posteriormente, Bono trasladó esta posición a Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero, antes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en previsión de que fuera preguntado. Nadie le preguntó y no desveló la disposición a estudiar la reforma. El sábado, Mariano Rajoy sorprendió a todos cambiando su posición y proponiendo en la convención del PP la supresión del complemento de pensiones. Y ayer Bono y Rojo remitieron la carta a los portavoces, lo que supone ralentizar el proceso pero, al menos, es un primer paso para ponerlo en marcha y darle carácter oficial. Incluyen un asunto sobre el que ya se habló, pero sin avances: el de la transparencia de las actividades de los diputados. Hace un año, después de que EL PAÍS desvelara el listado completo, se levantó el secreto sobre la actividad de los diputados, al margen del Parlamento y ahora se trata, además, de que se haga público su patrimonio.

En Parlamentos autonómicos como los de Andalucía y Castilla-La Mancha ya se publican los bienes de los parlamentarios. También lo hacen desde hace un año los ministros.

Todos los partidos se mostraron ayer, sin embargo, favorables a acometer la reforma de sus pensiones y la de la transparencia de sus bienes. Hasta ahora se han negado, pero una vez abierta esa puerta ninguno está dispuesto a asumir el coste de oponerse públicamente. Lo que sí pueden hacer es intentar ralentizarlo o esperar a que pase la presión.

La carta de Bono y Rojo incluye también la posibilidad de endurecer el régimen de incompatibilidades de diputados y senadores. Teóricamente, la ley les exige dedicación exclusiva y solo permite compatibilizarlo con la actividad docente remunerada y solo pueden recibir más ingresos públicos como alcaldes o concejales. La ley obliga a que cualquier otra actividad tenga que ser autorizada expresamente por la Cámara, pero con una redacción tan ambigua y llena de excepciones que prácticamente se conceden todas las compatibilidades solicitadas. Tampoco hay comprobación de las solicitudes, de tal forma que hay compromiso de no cobrar de empresas que contraten con las administraciones, pero se aceptan tal cual las explicaciones. Se trataría ahora de racionalizar y clarificar ese régimen de incompatibilidades. Ayer, se rechazó en el pleno una proposición de ley de Gaspar Llamazares (IU) para endurecer esas condiciones.