¿Para quién trabaja el Gobierno de CiU?

Con las elecciones municipales a cuatro meses vista, el nuevo Gobierno catalán se mueve con prudencia y procura no asustar a nadie. Sin embargo, no ha podido evitar descararse en un asunto tan delicado como el de la presunta financiación ilegal de Convergència Democràtica (CDC) a través del Palau de la Música en los años en que CiU gobernaba en la Generalitat bajo la presidencia de Jordi Pujol. El Departamento de Presidencia maniobró la semana pasada para evitar la imputación judicial de dirigentes de CDC, como el ex tesorero Daniel Osácar y Àngel Colom. Sería ingenuo pensar que Presidencia no sopesó los inconvenientes de dar este paso, que forzosamente iba a ser denunciado por la oposición. Pero a la vista está que consideró más importante proteger a los militantes de su partido.

¿Se va a suprimir un impuesto que solo afecta a los muy ricos mientras que se recorta el gasto sanitario?

Este asunto ha sido el segundo aviso de que Presidencia de la Generalitat vuelve a ser en esta legislatura, como en los viejos tiempos de Jordi Pujol, la poderosa oficina en la que se decide todo. Todo significa en este caso tanto lo que corresponde al Gobierno como lo que corresponde al partido del presidente y a la red de intereses cruzados entre ambos. El primer aviso fue la reubicación en él de tres áreas de gestión tan sensibles políticamente como la contratación de obras y servicios, la relación con los medios de comunicación públicos y la elaboración de sondeos de opinión.

Se trata de aspectos de la gestión que durante la anterior etapa de Gobiernos de CiU contribuyeron decisivamente a configurar el sistema de poder en que finalmente devino el pujolismo. El estallido del caso Palau ha venido a mostrar, con la perturbadora contundencia de las confesiones en sede judicial, la existencia de tráfico de subvenciones y comisiones entre empresas adjudicatarias de obras y servicios, y el partido del Gobierno y sus fundaciones. La atribución a Presidencia de las relaciones con la radiotelevisión pública restablece el hilo directo del Gobierno con TV-3 y Catalunya Ràdio, que fue una de las características de la época de Pujol. Acerca del control de los sondeos y estudios de opinión, basta recordar que el descubrimiento de la manipulación de uno de ellos a beneficio del Gobierno forzó la dimisión del entonces secretario de Comunicación, David Madí.

Esto era el pujolismo, entre otras cosas. Los Gobiernos de la izquierda marcaron claramente una ruptura con este modelo y muy en particular en estos tres ámbitos de la gestión política, que son los que permiten mezclar acción de gobierno con influencia política y social partidista, ideológica y electoral.

Ahora está por ver si la prudencia a que obliga un periodo preelectoral como el presente basta para evitar que el Gobierno de Artur Mas tome algunas de las medidas a las que CiU se comprometió de manera temeraria durante la campaña de las autonómicas. Una de estas es, por ejemplo, la supresión del impuesto de sucesiones, que después de la reforma llevada a cabo por Gobierno de la izquierda afecta solo a los ciudadanos muy ricos, una minoría muy reducida. El problema consiste en que estos días el propio presidente Mas está anunciando para 2012 una rebaja del 10% del presupuesto de la Generalitat, que entre otras cosas implicará una reducción del gasto sanitario. El recorte viene forzado por la brutal caída de los ingresos fiscales. ¿Vamos a renunciar a los ingresos proporcionados por un impuesto que solo afecta a los más ricos en el mismo momento en que recortamos el gasto de la sanidad pública?

Contradicción parecida se plantea con la supresión de la zona 80, con la que tanta demagogia se hizo en la legislatura anterior. La Unión Europea (UE) tiene en la picota a las ciudades que, como Barcelona y su área, arrojan índices de contaminación superiores a los mínimos aceptables para la salud de quienes viven en ellas. El Gobierno catalán está obligado a rebajar estos índices y la zona 80 es un importante medio para conseguirlo. ¿Va el Gobierno de CiU a prescindir de él, a costa de la salud de los ciudadanos, justo en el momento en que la UE le exige lo contrario? Hay que decidir: ¿para qué trabaja el Gobierno de CiU, para contentar a los grupos de presión del automóvil o para proteger la salud de los ciudadanos?