Jubilaciones

Cuando hace dos semanas alerté aquí contra el clima de temor que nos embargaba, poco podía imaginar que la atmósfera cambiaría de signo en pocos días. Como por arte de magia, la presión acreedora se ha disipado, la deuda pública se vende más barata, la prima de riesgo ha descendido y hasta el Ibex 35 ha vuelto a remontar. Es la ducha escocesa que aquí glosaba Vidal-Folch el jueves pasado. Y aunque pueda no durar demasiado, bienvenida sea esta bocanada de esperanza, pues la necesitamos para recuperar la confianza en nuestro país.

Bajo este nuevo clima de optimismo se ha creado la expectativa de que por fin se pueda llegar a alcanzar un amplio acuerdo social, con ambición de pacto de Estado, en torno a las reformas estructurales pendientes (pensiones, negociación colectiva, reforma laboral, etcétera) que comprometa a las cinco variables de la ecuación: Gobierno, oposición, autonomías, patronal y sindicatos. Pero su debida cooperación no es segura en todos los casos. Tras la sustitución de Díaz Ferrán, hoy su sucesor, Juan Rosell, parece haber cambiado la cultura negociadora de la CEOE, que se muestra constructivamente dispuesta a facilitar de buen grado todos los compromisos. Por aquí nada que temer.

Bienvenida sea esta bocanada de esperanza, pues la necesitamos para recuperar la confianza

También el líder de la oposición podría cooperar, pues aunque su partido propenda a la confrontación populista, Rajoy sabe que si las demás partes firman el acuerdo él no se podrá negar, pues quedaría como un irresponsable y eso no le conviene en año electoral. Así que, como viene insinuando desde su declaración de fin de año, Rajoy firmará aunque lo haga con la boca pequeña y protestando. Respecto a las autonomías, encabezadas por la más poderosa de todas, Cataluña, también se resistirán tratando de vender muy cara la prerrogativa de endeudarse que detentan como si fuese un derecho adquirido. Pero esperemos que su resistencia no sobrepase la retórica victimista.

Y en tal caso solo quedarán los sindicatos como único obstáculo, y a la vez condición sine qua non, para poder llegar al necesario acuerdo social. El veto sindical es la espada de Damocles que pende sobre la cabeza del Gobierno, quien necesita la firma del acuerdo social para poder legitimar ante sus bases electorales las reformas estructurales a las que se ha comprometido ante sus socios europeos y ante sus acreedores financieros. Un veto sindical, cifrado en su negativa a asumir la prolongación en dos años de la edad de jubilación, que la irracional intransigencia de sus líderes les lleva a mantener a ultranza, contra todas las evidencias objetivas que la hacen imprescindible. Defender la sacralizada cifra de los 65 años es un error, y los sindicatos lo saben (como también lo sabe el PP). Y si la mantienen como intocable es por puro populismo demagógico, al que se acogen para fidelizar a sus menguantes bases excitando sus bajas pasiones contra el Gobierno designado culpable de todos los males (igual que hace el PP).

Hay dos razones fundamentales que exigen retrasar hasta los 67 o más años la edad de jubilación. La primera es interna al sistema español de pensiones, dada la evolución de la estructura de edades de nuestra población activa. Desde el viernes sabemos que las cuentas de la Seguridad Social empiezan a desequilibrarse a causa del paro. Pero además, a partir de 2020, el sistema será fuertemente deficitario en cuanto empiece a jubilarse la primera generación del baby boom. Por eso hay que reformarlo desde ahora mismo, ya que su reconversión gradual precisa 15 años para poder aplicarse. La otra razón es externa, pues afecta a nuestro crédito internacional: ¿cómo nos van a comprar deuda pública nuestros acreedores si sospechan que en el futuro el Tesoro español tendrá que dedicarse a cubrir el descubierto del sistema de pensiones? De ahí la necesidad ineludible de elevar la edad de jubilación para poder sanear la financiación futura del sistema. Pero claro está, esto lo saben perfectamente los sindicatos (y también el PP). Pese a lo cual, se oponen con irresponsable obstinación.

¿Cómo se les podría convencer para que transijan con el más elemental principio de realidad? Hay una posibilidad, y es ofrecerles aceptar su otra reivindicación: que la edad de jubilación no sea obligatoria sino voluntaria (lo que resulta mucho más constitucional, pues evita la discriminación de edades), dejando los 67 años como un objetivo a alcanzar en el futuro con incentivos flexibles. Un argumento plausible y plenamente legítimo que apoyo desde hace tiempo, pues defiendo la libertad personal de elegir la edad de jubilación tanto para adelantarla (si el trabajo es alienante) como para retrasarla (si es enriquecedor). Es el derecho que acaba de reconocerse en el liberal Reino Unido. ¿Acaso la España socialdemócrata no puede hacer otro tanto?