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Fiscalía acusa a Bellver por prevaricación y pide 8,5 años de inhabilitación

La fiscalía de Valencia solicita ocho años y medio de inhabilitación por prevaricación para el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge Bellver, por la concesión ilegal de la licencia de construcción de un aparcamiento subterráneo que afecta al subsuelo de un bien especialmente protegido: los Jardines de Monforte. Tenía que haber pedido un informe a Patrimonio, a la Consejería de Cultura. Obliga a ello la ley. No lo hizo. Y el ministerio público considera, como expuso el juez en su auto de conclusión de las diligencias practicadas, que sabía que tenía que hacerlo y lo ignoró.

Los mismos ocho años y medio de inhabilitación para cargo público los pide el ministerio público para los otros cuatro imputados: Pedro García Rabasa, secretario del Ayuntamiento de Valencia; Juan Casañ, jefe de servicio de Circulación y Transporte; María José Gasull, arquitecto técnico y Juan Antonio Altés, jefe de servicio de Planeamiento.

El valor de una firma

Jorge Bellver firmó en 2004 el expediente que concedió la licencia para la construcción de un aparcamiento en las calles de Severo Ochoa y de Monforte. Adjudicó la obra a una empresa de Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal. Lo hizo sin considerar en la tramitación que los Jardines de Monforte gozaban de protección especial, desde la década de los cuarenta.

Antes de ese expediente, Bellver, y prácticamente el mismo equipo implicado en esta causa, tramitaron la actuación sobre la Clínica Quirón, colindante con los Jardines de Monforte. Precisamente, por la protección de los jardines, fue a Patrimonio y este departamento obligó a realizar varias modificaciones. Además, la exigencia de contar con informes de Patrimonio está detallada en la propia página web de la Concejalía de Urbanismo. Y es incluso necesaria, en ocasiones, para obras que podrían considerarse menores. Bellver dijo en su declaración que no lo sabía, señaló a los técnicos como responsables y aseguró que él firmaba lo que le ponían delante sus técnicos.

Para el juez, ese no es un argumento sólido. En su auto, defendió el valor de la firma de un edil y no aceptó el desconocimiento u olvido como justificación. Y menos, que la responsabilidad descansara en otros.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 19 de enero de 2011