El fiscal mantiene la acusación de prevaricación contra Bellver

El ministerio fiscal ha mantenido este jueves ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que el concejal del Ayuntamiento de Valencia y diputado en las Cortes, Jorge Bellver, y los cuatro funcionarios que se han sentado junto a él en el banquillo de los acusados, prevaricaron en el caso de la construcción de un aparcamiento junto a los Jardines de Monforte, declarados Bien de Interés Cultural (BIC). El fiscal ha apuntado que los "inconvenientes" surgidos en otro expediente pudo llevarles en el caso del parque a "obviar" el trámite de pedir un informe preceptivo a la Dirección General de Patrimonio sobre la actuación.

Las defensas, por su parte, han solicitado la absolución de sus clientes y han lamentado el "daño irreparable" que se ha hecho a la imagen del edil y los funcionarios.

En la última sesión del juicio, el fiscal ha elevado a definitivas sus conclusiones provisionales en las que califica los hechos de prevaricación -delito por el que pide ocho años y seis meses de inhabilitación para cargo público- y alternativamente prevaricación urbanística, que además lleva aparejada multa. El representante del ministerio público ha destacado que en este caso fue "decisiva y necesaria" la firma de Bellver y que en ningún momento se pidió la autorización de la Dirección General de Patrimonio, por lo que se hurtó la posibilidad de que este organismo se pronunciara sobre si la actuación era conforme a la ley.

Según ha relatado, para construir el aparcamiento, en la calle de Severo Ochoa se retiró pavimento, arbolado, se colocaron carteles, se hizo una excavación y un muro pantalla a entre 15 y 20 centímetros del muro del BIC de los Jardines de Monforte "sin evaluar las consecuencias que se pudieran derivar de ello", a pesar de que la ley es "taxativa y rotunda" y "no admite interpretación" en que las obras en un entorno protegido deben ser autorizadas por Patrimonio. El fiscal ha recalcado que esta actuación tenía un carácter "más agresivo" que, por ejemplo, la ampliación de la Clínica Quirón, en la que sí que se requirió la autorización de Patrimonio y se pasó a un pleno donde asistió Bellver. Además, con anterioridad los servicios centrales técnicos pidieron autorización para un ascensor y obras de mejora en el edificio del parque.

La defensa de Bellver ha señalado que este se limitó a firmar una resolución porque le correspondía por delegación, como culminación a un expediente con todos los informes técnicos y jurídicos favorables, sin que en todo el proceso se advirtiese de la necesidad de solicitar informe de Patrimonio.

En todo caso, ha dicho que a él no le corresponde decidir sobre a qué servicio se le debe exigir y que no es penalmente relevante el no haberlo hecho. No obstante, ha recalcado que no echa las culpas a ningún funcionario y ha mostrado su "sorpresa" por el "cambio de criterio de Fiscalía en otro supuesto igual: la permuta en relación con el campo del Valencia, donde no llegó a formular acusación.

Por su parte, el resto de las defensas han argumentado que el subsuelo de un entorno protegido no forma parte de un BIC, que las calles de Severo Ocho y Monforte no aparecen en el catálogo municipal como bienes protegidos, ni en la web consistorial; que la actuación no es visible desde el interior del bien, que no causó daños y que no hay indicios de que los trabajos en el aparcamiento no se llevaran a cabo con todas las cautelas necesarias.