El juez abre juicio oral contra Bellver por prevaricación

El concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, del PP, está a un paso de sentarse en el banquillo. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia, Josep Lluís Albiñana, ha acordado la apertura de juicio oral contra el edil por los supuestos delitos de prevaricación urbanística y prevaricación administrativa. Bellver está acusado de aprobar un aparcamiento bajo un jardín protegido sin el informe preceptivo de patrimonio. Por ello, la fiscalía de Valencia solicita para él ocho años y medio de inhabilitación para cargo público al considerar que concedió de forma ilegal la licencia de construcción del aparcamiento subterráneo que afecta al subsuelo de los Jardines de Monforte, un bien especialmente protegido. Para el ministerio público, el responsable de Urbanismo de Valencia sabía que tenía que pedir un informe sobre la actuación a la Dirección General de Patrimonio, de la Consejería de Cultura, pero no lo hizo.

La misma pena pide la fiscalía para otros cuatro imputados a los que el juez también abre el juicio oral: Pedro García Rabasa, secretario del Ayuntamiento de Valencia; Juan Casañ, jefe de servicio de Circulación y Transporte; María José Gasull, arquitecto técnico y Juan Antonio Altés, jefe de servicio de Planeamiento.

Bellver firmó en 2004 el expediente que concedió la licencia para la construcción de un aparcamiento en las calles de Severo Ochoa y de Monforte. Adjudicó la obra a una empresa de Enrique Ortiz, implicado en los casos Gürtel y Brugal. El permiso se concedió sin tener en cuenta en la tramitación que los Jardines de Monforte gozan de una protección especial que se remota a la década de los cuarenta del siglo pasado. En su declaración ante el juez, Bellver aseguró que no sabía que debía pedir el informe de Patrimonio, y señaló como responsables a los técnicos.

El auto de apertura del juicio oral indica también que el Ayuntamiento de Valencia, de cuyo equipo de gobierno forma parte Bellver, puede personarse como parte perjudicada en el proceso. Ello es así porque de culminar el proceso con una sentencia condenatoria quedaría anulada la licencia que acordó el Consistorio. Contra el auto del juzgado cabe recurso.