Tres razones para recelar
Antes incluso de que se hubiese formado el Ejecutivo, los manifestantes en la calle lo rechazaron pidiendo a gritos la disolución del Asamblea Constitucional Democrática (ACD), el partido hegemónico del derrocado presidente Ben Ali.
Minutos después de que se anunciase la composición del nuevo Gobierno de coalición de Túnez, Moncef Marzuki, uno de los opositores más prestigiosos a la dictadura denunciaba la "mascarada". Los blogueros disidentes tunecinos expresaban su temor a que les "roben su revolución".
Para emprender una transición democrática, el recién formado Ejecutivo adolece de falta de credibilidad por tres razones. La primera es que, de sus 20 miembros, seis formaban parte del último Gobierno del dictador. Además del primer ministro, Mohamed Ghanuchi, los titulares de Interior, Ahmed Kriaa; de Exteriores, Kamel Morjane, y el de Defensa, Ridha Grira, trabajaron a las ordenes de Ben Ali.
La oposición tolerada al régimen de Ben Ali entra en el Gabinete de Ghanuchi, pero -y ese es el segundo motivo de desconfianza- con solo tres carteras menores: Desarrollo Regional, Sanidad y Enseñanza Superior.
A esos nombramientos hay que añadir el de algunos independientes, como el cineasta Mufida Tletil, ministro de Cultura, y el del bloguero Slim Emamou, que ha pasado prácticamente de la celda en la que estuvo encarcelado a su despacho de secretario de Estado de Juventud y Deportes.
La oposición ilegal, pero representativa, no fue invitada a participar en las conversaciones previas ni tampoco se la asoció al Gobierno. Este es el tercer motivo para recelar. Entre los excluidos están En Nahda (Renacimiento), el antiguo gran partido islamista, y el Partido Comunista de los Obreros Tunecinos, de extrema izquierda. Deben de sospechar que son radicales. Pero Ghanuchi tampoco ha querido contar con el Congreso para la República, una formación moderada dirigida por Marzuki desde París.
A la hora de formar Gobierno, se ha respetado la legalidad heredada del dictador. Mal comienzo. Ghanuchi no ha acatado, en cambio, la Constitución, que prevé la celebración de elecciones en el plazo de 60 días. Se desarrollarán dentro de seis meses. La oposición legal o en vías de ser legalizada dispondrá así de algo más de tiempo para salir de la total o semi clandestinidad en que estuvo sumida durante los 23 años de dictadura.
