El régimen convoca a la oposición

Los tunecinos han demostrado que no se dejarán engañar por promesas, que anhelan una transición democrática y que la quieren sin demora. Tras cuatro semanas de revuelta popular, culminada, sin ayuda de nadie, con el derrocamiento del sátrapa Zine el Abidine Ben Ali, es probable que se haya iniciado ese camino, que, sin duda, será tortuoso. De prosperar sería una novedad histórica en el mundo árabe. Pero en un país regido con puño de hierro durante 53 años, sin oposición organizada, sin liderazgos convincentes, azotado por el desempleo, sometido a un terremoto político e institucional y vapuleado ahora por la violencia, de nada hay garantías. El presidente interino, Mohamed Ghanuchi, fue forzado a dimitir ayer por el Consejo Constitucional tras ejercer 16 horas el cargo. Le relevó el jefe del Parlamento, Fuad Mebaza, obligado por ley a convocar elecciones en 60 días.

Las instituciones parecen funcionar. El ex primer ministro, Mohamed Ghanuchi, se erigió en presidente interino la tarde del viernes tras declarar incapacitado temporalmente a Ben Ali. Sin embargo, el Consejo Constitucional, máxima autoridad legal a la hora de interpretar la ley fundamental, decretó antes del mediodía que la presidencia estaba vacante, y no temporalmente, y que procedía aplicar otro artículo de la Constitución que elevó al poder al líder del Parlamento.

Ghanuchi, un dirigente que, pese a su afiliación a la Asamblea Constitucional Democrática, el partido de Ben Ali, no está entre los sospechosos de haber amasado fortuna al amparo del poder -está considerado un tecnócrata con conocimientos enciclopédicos sobre la economía tunecina-, era designado por Mebaza poco después, de nuevo, jefe del Ejecutivo. "He pedido al primer ministro que forme un Gobierno de unidad nacional", declaró Mebaza. Sin excluir a nadie.

Nada está claro. Porque quienes se opusieron con vigor a Ben Ali tampoco parecen coincidir en un proyecto común. Algunos partidos de oposición -legalizados o no- y muchos de los manifestantes que han logrado derrocar la tiranía no esconden sus suspicacias sobre los acontecimientos políticos, que se encadenan con rapidez inaudita. Pero también habrá que ver si esos partidos son capaces de pactar un programa común para reformar la legislación electoral y promulgar leyes que garanticen las libertades.

"Para abrir una nueva fase, debe producirse una ruptura con los fundamentos del régimen y del sistema político corrupto", afirmó Ahmed Ibrahim, jefe de Ettajdid, uno de los tres grupos legalizados. Mustafa Benjaafar, al frente del Foro Democrático por el Trabajo y las Libertades, más moderado, añadió: "Hemos discutido la idea de un Gobierno de coalición y el primer ministro ha aceptado". Otras formaciones discrepan radicalmente. "No aceptamos ese límite temporal de 60 días porque hay una revolución en Túnez que el partido quiere transformar en un golpe de Estado para mantenerse en el poder", declaró a Reuters en París Iyad Dahmani, dirigente del Partido Democrático Progresista.

Serán 60 días plenos de peligros, porque la confusión prevalece en Túnez y la anarquía se extiende por todo el territorio, a pesar del vigente estado de emergencia y el toque de queda, que abarca desde las cinco de la tarde hasta las siete de la mañana. Los helicópteros sobrevuelan la capital, los tanques están apostados en muchas esquinas, los disparos se oyen con frecuencia cada noche. No falta quien asegura que la policía, afecta al régimen del fugado Zine el Abidine Ben Ali -qué paradoja: el abanderado del laicismo tuvo que aterrizar en la fundamentalista Arabia Saudí tras el abandono de sus socios europeos-, trató de dar un golpe de Estado la noche del viernes, solo frenado por la presencia del Ejército, desde ayer masiva, en las calles y que vigila con celo las instituciones. Algunos medios árabes informaban de la detención de dos parientes de Ben Ali -uno de ellos en la frontera con Libia- y de Ali al Seriati, jefe de la guardia personal del dictador. De ser así, su capacidad de recobrar el poder, como sospechan muchos, disminuiría.

Se comienza a encauzar el caos político, aunque nadie las tiene todas consigo. El país está conmocionado por los desmanes de una policía que trata a golpes a los detenidos a la vista de cualquiera, y por la rapiña de los pobres que vacían supermercados. No hubo noticias ayer de muertes en enfrentamientos con los uniformados, pero los tunecinos abominan del desorden -que ha causado decenas de muertos desde que el 17 de diciembre explotara el alzamiento civil- que les toca padecer. Hay un riesgo evidente. La seguridad no se puede colapsar para que ese proceso democrático pueda nacer. De extenderse y perdurar el caos, y sobre todo si afectara a las instituciones, todo proyecto sería inviable. El Ejército, una institución opaca pero que parece actuar con suma responsabilidad, no parece dispuesto a permitir que eso suceda.

Pero, ¿qué hacer con la policía? ¿Se logrará frenar a los miles de paniaguados leales a Ben Ali a los que se atribuye gran parte de las muertes de civiles y los intentos por desestabilizar ahora Túnez? ¿Qué sucederá con la infinidad de potentes empresas dominadas por la élite corrupta que ha puesto pies en polvorosa? ¿Se desplomará el turismo, fuente de ingresos y empleos? ¿Qué objetivos tienen los islamistas? ¿Podrán participar en este naciente proceso? ¿Permitirán sin más quienes gozaban de prebendas que se investigue y castigue la corrupción? Nadie tiene las respuestas.