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La ley contra la discriminación

La escuela que solo admita niños o niñas no recibirá dinero público

El Gobierno introduce la medida en la futura Ley de Igualdad de Trato - Hay 67 centros que separan por sexo y reciben subvenciones de su comunidad

El Gobierno quiere limitar la financiación de la educación separada por sexos, las escuelas solo para niños o solo para niñas, en su mayor parte religiosas, y lo ha hecho a través del anteproyecto de Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación que presentó el 7 de enero en el Consejo de Ministros, cuyo texto definitivo se conoció ayer. La norma prohíbe de forma explícita que las escuelas que separan reciban dinero público, y puedan, por tanto, convertirse en colegios concertados -sostenidos por fondos públicos- o perceptores de dinero a través de convenios puntuales. Los colegios para niños o niñas podrán seguir funcionando, pero no los pagará la Administración en caso de que este aspecto de la ley sea aprobado por el Parlamento. En España hay 67 centros concertados que separan por sexo, según datos del Ministerio de Educación.

El Supremo dejó a las autonomías la potestad de financiar o no estos colegios

Cantabria se negó en 2009 a renovar la subvención a un centro solo de chicos

El texto es claro: el apartado segundo del artículo 16, el dedicado al derecho a la igualdad de trato y no discriminación en la educación, dispone que "en ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta Ley podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública", y una de las "causas" establecidas en la norma es el sexo.

El punto más peliagudo es si esa redacción significa solo que no se podrán concertar más colegios que separen por sexo o si además implica que esos 67 centros segregados subvencionados que ya existen perderán el concierto la próxima vez que se revise (las comunidades deciden la concesión de los conciertos, por cuatro años, tras los cuales, se revisa si se siguen cumpliendo los requisitos). El Ministerio de Educación no aclara este punto. Sin embargo, desde Sanidad y Política Social, que ha integrado el antiguo Ministerio de Igualdad, entienden que si se aprueba la ley tal y como está no podrían renovarse esos conciertos a no ser que se convirtieran en colegios mixtos.

En 2008 el Tribunal Supremo dijo que, aunque los centros que separan por sexo son legales, las comunidades podrían negarles la subvención porque la admisión de alumnos es competencia de quien financia esos centros. Desde entonces, muchas autonomías empezaron a anunciar que acabarían con los conciertos con colegios separados por sexo.

Sin embargo, solo Cantabria lo ha hecho. Galicia lo anunció, pero con la llegada al Gobierno del PP, se dio marcha atrás. En Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia tiene paralizada la orden que exigía a los centros segregados convertirse en mixtos si querían seguir siendo subvencionados. Pero en Cantabria, el Tribunal Superior acaba de dar la razón al Gobierno autónomo, que en 2009 decidió no renovar el concierto a Torrevelo, solo para niños. Los responsables del centro recurrirán esa decisión ante el Supremo.

En cualq uier caso, parece claro que la redacción de la ley impediría que ninguna autonomía concediera conciertos nuevos a colegios segregados, cosa que ahora mismo pueden hacer si quieren.

En cualquier caso, el Gobierno insiste en que ese artículo 16 va más allá. Por ejemplo, pretende también evitar la financiación pública a los aquellos colegios concertados que no aceptan inmigrantes o lo hacen en mucho menor porcentaje que los directamente gestionados por el Estado.

Asimismo, el Gobierno aclara que el primer punto del artículo 16 -"Las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación"- no significa que los centros que separan por sexo se conviertan en ilegales. "Si está justificado, bien, pero lo que no podrán hacer de ninguna forma es obtener dinero público porque eso sí está directamente prohibido", indican fuentes de Sanidad.

Esta medida no se incluía en el borrador que Igualdad tenía prácticamente ultimado en septiembre y que fue adelantado por EL PAÍS. Ha sido una decisión de última hora del Ejecutivo; la semana pasada, cuando el texto pasó al Consejo de Ministros, aún no tenía decidido si introducirla o no.

El líder de Unió, Josep Antoni Duran i Lleida, consideró ayer que el anteproyecto "atenta" contra la libertad de educación, informa Àngels Piñol. Antonio Rodríguez-Campra, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), que cuenta entre sus asociados a colegios que separan por sexo, recordó que, según la normativa europea, la educación diferenciada (rechazan la palabra segregación) no es discriminatoria, "sino otra opción pedagógica, tan respetable como cualquiera". "Si fuera discriminatoria, sería delito" y, como no lo es, tiene derecho a subvención porque los padres tienen derecho a elegirla, dice.

Mientras, los detractores de la enseñanza separada defienden la educación mixta como la mejor manera de educar en igualdad. "La coeducación ha demostrado que funciona y separar siempre es negativo", dice la catedrática emérita de Sociología de la Autónoma de Barcelona Marina Subirats. Y añade: "Si hay alguien que se empeña [en la educación separada], que se lo pague".

A pesar de que en España la educación separada siempre ha estado ligada a cierta concepción social y religiosa (la mayoría de los 89 centros separados tienen idearos católicos), sus defensores esgrimen cada vez más argumentos de eficacia educativa, como que las diferencias biológicas de género condicionan el aprendizaje, por lo que se alcanza el máximo potencial por separado. Una idea que rechazó un estudio de la OCDE de 2009 sobre datos del informe PISA.

No discriminación en la escuela

- 1. Las administraciones educativas garantizarán la ausencia de cualquier forma de discriminación por razón de las causas previstas en esta Ley y, en todo caso, en los criterios y prácticas sobre admisión y permanencia en el uso y disfrute de los servicios educativos, con independencia de la titularidad de los centros que los imparten.

- 2. En ningún caso los centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en esta Ley, podrán acogerse a cualquier forma de financiación pública.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de enero de 2011

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