La juez imputa a Barrientos en un caso que él denunció

La juez Isabel Conejo ha dado un nuevo giro al ya complicado panorama judicial de Estepona (Málaga) con la imputación del ex alcalde Antonio Barrientos en una causa que él mismo había remitido a la Fiscalía. El caso, en manos del juzgado número 5 de Estepona, investiga la venta de parcelas municipales a la baja en 2002, época en la que la edil Rosa Díaz gobernaba con el Partido Popular. La instructora ha recibido informes que estiman en 17,3 millones las pérdidas ocasionadas.

Antonio Barrientos aseguró ayer a Europa Press que denunció estas supuestas irregularidades en 2006, cuando todavía era alcalde, y que llegó a entregar la denuncia en mano al fiscal jefe de la Audiencia de Málaga porque se extravió en dos ocasiones. "Habría que investigar por qué se perdieron hasta dos veces (...) Todo esto suena raro y no huele bien", añadió.

La juez Conejo ha citado a Barrientos para declarar el 3 de febrero y ha pedido que ese mismo día vuelvan a comparecer los otros tres imputados: la ex alcaldesa Rosa Díaz, que ahora forma parte del equipo de gobierno de David Valadez (PSOE) con el partido Estepona 2007; el ex tesorero municipal Félix Domínguez Pimienta y el abogado Francisco Javier González Valdés.

La instructora ha comunicado su decisión con una providencia, de 13 de diciembre, en la que pide al gabinete de peritación adscrito al juzgado que tase las ocho parcelas y los tres aprovechamientos urbanísticos bajo sospecha conforme a los valores que podían tener en el mercado en los años en los que se enajenaron. También ha reclamado diversa documentación al Ayuntamiento esteponero, como acuerdos de comisión de gobierno.

El caso arrancó en 2009 por una denuncia de Juan Manuel de Hoyos, ex liquidador de las sociedades municipales que supuestamente se utilizaron para malvender los solares municipales. En principio hacía referencia a cinco parcelas, pero el pasado 16 de octubre volvió a declarar para informar sobre nuevas irregularidades en la venta de otras tres parcelas y tres aprovechamientos.

Los solares, todos urbanizables, se ofertaron a través dos anuncios publicados en un diario deportivo en agosto de 2002. El ex alcalde Antonio Barrientos, imputado en el caso Astapa, consideró "sospechoso" que la operación de venta se hiciera en este mes y que se publicara en un diario deportivo en lugar de en la publicación de mayor difusión de la provincia, como marca la ley.

El abogado Guillermo Álvarez Rato realizó un informe jurídico a petición de De Hoyos que concluía que las transacciones "no se ajustan a derecho". El letrado aconsejó en su día al Ayuntamiento ejercer acciones penales contra los liquidadores y los compradores; que se declararan nulas las ventas y reclamar daños y perjuicios causados.