Los jueces ordenan derruir un complejo de lujo valorado en 50 millones

La falta de la licencia de obras en la construcción del ambicioso complejo para yates de lujo del puerto de Tarragona ha condenado a la demolición el flamante centro que el Ayuntamiento consideró clave para impulsar la zona portuaria. Los edificios tienen un valor de mercado de 50 millones de euros.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) exige el derribo del complejo porque este se construyó sin la licencia municipal, señala un fallo firme emitido el pasado noviembre y notificado esta semana después de un vía crucis judicial que arrancó en 2005 con el centro Marina Tarraco todavía en construcción. Tras años de recursos y apelaciones, los jueces ordenan al Ayuntamiento que inicie los trámites para derribar el recinto en los próximos tres meses. El Consistorio achaca el error a la Autoridad Portuaria de Tarragona y pide que esta asuma los gastos de demolición y las correspondientes indemnizaciones. La Autoridad Portuaria y los gestores de Marina Tarraco han declinado por ahora hacer declaraciones al respecto.

La sentencia afecta a seis edificios acristalados de baja altura y con una superficie conjunta de 15.000 metros cuadrados que acogen oficinas, establecimientos comerciales, restaurantes y una oficina bancaria, entre otros. Es una zona concebida como espacio exclusivo para atraer al centenar de yates de lujo que pueden atracar en las dársenas contiguas al complejo. Los edificios fueron inaugurados en 2006 tras una inversión privada superior a los 30 millones de euros y cuya concesión pretendía adquirir ahora una sociedad de Qatar que ya había firmado un precontrato por unos 50 millones.

El Consistorio y la Autoridad Portuaria de Tarragona, que llevaban meses manifestando públicamente su confianza en que el TSJC evitaría el derribo, anunciaron ayer que aún aspiran a salvar el complejo pese a que el fallo apenas deja margen para esa vía. "Intentaremos conservar Marina Tarraco. Tomaremos decisiones en los próximos días", señaló el alcalde de Tarragona, Josep Fèlix Ballesteros. El fallo exige al Ayuntamiento que "en cinco días hábiles" designe a un funcionario responsable de ejecutar la sentencia y establece un margen de tres meses para iniciar los trámites para el derribo. Si se incumplen los plazos, el propio Ballesteros podría quedar imputado en la causa por un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

El proceso judicial lo inició un constructor al que se le adeudaba parte de las obras realizadas en el complejo, Roberto Pérez. Como medida de protesta, denunció al Ayuntamiento y a la empresa responsable de los trabajos, International Marina Tarragona, por carecer de los permisos municipales para acometer la obra. Meses después, el centro se inauguró con una fiesta de gala a la que asistió alguna celebridad, el entonces alcalde de Tarragona, Joan Miquel Nadal (CiU), y el presidente de la Autoridad Portuaria, Josep Anton Burgasé. Un año más tarde, en 2007, un juzgado contencioso-administrativo dio la razón a Pérez, con lo que inició la cascada de apelaciones por parte de la empresa afectada y del Ayuntamiento, que el año pasado incluso modificó los usos portuarios de los muelles en los que se halla el complejo para legalizar el centro. Tras otras dos sentencias favorables al denunciante, este recurrió de nuevo para exigir que el centro construido de forma ilegal fuera derribado.

"Es una herencia maldita del pasado", lamentó Ballesteros sobre el caso Marina Tarraco. "Es evidente que nosotros no tomamos esas decisiones", dijo en una crítica velada al ex alcalde Nadal y al director del puerto de Tarragona entre 1996 y 2004, Lluís Badia, quien luego fue senador por Tarragona por CiU.