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Chávez se hace con el poder absoluto

La oposición advierte de que el presidente venezolano ha dado "un golpe desde el Estado" para gobernar en Venezuela sin someterse al control del nuevo Parlamento

Hugo Chávez ya tiene en su puño más poder del que le han otorgado el voto popular y la Constitución de Venezuela. Desde las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, en las que la oposición obtuvo 67 escaños y su partido perdió la mayoría cualificada en la Asamblea Nacional, el presidente venezolano se las ha arreglado para desmontar el poder legislativo y construir una estructura legal que le permita gobernar a sus anchas hasta el año 2012, cuando aspirará a una tercera reelección por otros seis años. Los intelectuales, la Iglesia, los sindicatos y los partidos de la oposición venezolana no dudan en afirmar que, ahora sí, el comandante-presidente parece haber tomado el camino de la dictadura.

El 18 de diciembre pasado, la mayoría oficialista en el Parlamento sancionó una Ley Habilitante que otorga al presidente la facultad de legislar por decreto hasta junio de 2012. Desde 1999, ya es la cuarta ocasión en la que el Legislativo cede sus atribuciones al Ejecutivo. Gracias a esta potestad se han dictado 178 decretos leyes en 11 años.

Adicionalmente, durante las últimas dos semanas, el chavismo ha aprobado casi una veintena de leyes propuestas por el Gobierno para imponer más controles a la banca, los medios de comunicación y las universidades, y también para restarles competencias a los Gobiernos provinciales y alcaldías.

Esta vez el argumento de Chávez radica en la necesidad de contar con más poderes para afrontar la crisis generada por las lluvias, que han afectado a más de 130.000 personas. "La Ley Habilitante me va a permitir hacer algunas leyes que van a garantizar lograr lo que hemos hablado", dijo Chávez el jueves a un grupo de damnificados, a quienes prometió una casa, empleo y estudios para sus hijos.

Pero la Ley Habilitante permite a Chávez hacer mucho más. Con esta norma, el presidente ha dejado fuera de juego a la próxima Asamblea Nacional, que se constituye el próximo 5 de enero. En la nueva Cámara, la oposición contará con mayor representación que en la actualidad, ya que no se presentó a las elecciones parlamentarias de 2005.

"En Venezuela está en proceso un golpe de Estado desde el propio Estado", denuncia la diputada electa María Corina Machado, en nombre de la alianza opositora llamada Mesa de Unidad Democrática. Chávez, en cambio, insiste en que está amenazado por un "golpe de Estado". "[La Ley Habilitante] es la excusa de ellos [la oposición] para tratar de llevarnos a la violencia de nuevo, para tratar de justificar un golpe, un asesinato", dijo el jueves.

La "violencia" a la que se refiere son las últimas protestas callejeras convocadas por universitarios, sindicatos y partidos contra las leyes recién aprobadas. Contra la Ley de Educación Universitaria, que pone centros y facultades al servicio de la "construcción del nuevo modelo socialista". Contra las reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que establecen controles sobre Internet y califican a los medios de comunicación como "servicio público" susceptible de expropiación. Contra la Ley de Instituciones Bancarias, que otorga al presidente la potestad de intervenir el sistema financiero. Contra la Ley de Defensa de la Soberanía Política y Autodeterminación Nacional, que prohíbe a las ONG recibir financiación extranjera.

Para curarse en salud, los diputados gubernamentales han aprobado también una reforma de la Ley de Partidos Políticos que prohíbe el transfuguismo. En caso de abandonar el partido por el que fueron elegidos serán "inhabilitados". Es una ley que pretende evitar que el chavismo, que contará ahora con 98 de los 165 diputados del Parlamento, siga perdiendo escaños en la próxima legislatura. "Con esta ley les tumbamos sus intenciones de que otros hagan lo que ustedes hicieron", dijo Cilia Flores, presidenta de la Asamblea, a antiguos aliados que se han pasado a las filas de la oposición.

Los presidentes de todas las academias nacionales han advertido a través de un comunicado de que, con este entramado jurídico, se está imponiendo en Venezuela un "sistema absolutista". En nombre de la Iglesia, el cardenal Jorge Urosa Savino también ha alertado: "Estamos avanzando hacia una dictadura, no me queda la menor duda. El llamado que hago a quienes dirigen el Gobierno es que tengan en cuenta la responsabilidad grandísima que tendrán ante la historia y ante Dios, si quieren imponer una dictadura totalitaria". Todos los sectores contrarios a Chávez han convocado al país a "unirse y a actuar pacífica, pero enérgicamente", para "rechazar el golpe de Estado que está en curso".

Una judicatura cortada a medida

Antes de hacerse con las facultades legislativas, Hugo Chávez se ha asegurado de afianzar su control sobre el Poder Judicial. El pasado día 7, la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional designó a 41 nuevos magistrados (nueve principales y 32 suplentes) del Tribunal Supremo de Justicia, por un periodo de 12 años. Varios de los escogidos han sido antes funcionarios del Gobierno o diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Chávez. Entre otras funciones, a ellos corresponderá decidir si las actuaciones del Ejecutivo se ajustan o no a la Constitución de 1999.

La renovación del Supremo no estaba prevista en esta legislatura que termina, sino en la que se inicia el próximo 5 de enero. Pero cinco días después de las elecciones parlamentarias del 26 de septiembre, en las que el chavismo perdió la mayoría cualificada en la Asamblea Nacional que le permitía nombrar o destituir magistrados, fue publicada una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia que modificó el procedimiento para designar a los miembros del Poder Judicial. De ese modo, la mayoría oficialista ha podido nombrar a sus candidatos favoritos, entre ellos seis ex diputados del PSUV, un ex viceministro, la hija de una diputada y la ex procuradora general de la República.

El partido del Gobierno cuenta ahora con la "simpatía" de la mayoría de los 32 magistrados del Supremo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 26 de diciembre de 2010

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