Berlusconi y la oposición desconfían de la justicia

Los cables del Departamento de Estado filtrados a Wikileaks parecen confirmar una sospecha muy extendida en Italia: que existe el inciucio: la componenda entre la casta política. El compromiso variable pero latente entre el Gobierno de Silvio Berlusconi y la cúpula de la oposición del Partido Democrático.

Los documentos secretos consultados por EL PAÍS revelan que Massimo D'Alema, ex primer ministro, veterano líder ex comunista y actual líder en la sombra del Partido Democrático, comparte por ejemplo con Silvio Berlusconi la misma visión sobre la magistratura, el histórico caballo de batalla de Il Cavaliere.

Un cable secreto y reservado a ciudadanos estadounidenses de 3 de julio de 2008, emitido por la Embajada de Roma, revela que D'Alema dijo en 2007 al embajador de Estados Unidos Ronald P. Spogli una frase que habría podido firmar a ojos cerrados su "archirrival", como definió en su día Spogli a Berlusconi: "Aunque la justicia italiana se considera tradicionalmente de izquierdas, D'Alema afirmó al embajador el año pasado que la magistratura es la mayor amenaza para el Estado italiano".

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La perplejidad de Estados Unidos ante la tensa relación entre justicia y política en Italia se expresa en otro cable confidencial del 1 de enero de 2010. El actual embajador, David Thorne, escribió aquel día que "Berlusconi identificó sin evasivas a la magistratura como el gran problema, y contó que estaba listo para forjar una alianza con el centro-izquierda para poner en marcha la reforma de la justicia".

Berlusconi aprovechó aquella larga visita de Thorne para lamentarse del trato que le han deparado los jueces. "Afirmó que un sistema legal en el que los casos no se resuelven nunca definitivamente -te pueden absolver de un delito y así y todo el caso puede ser reabierto más tarde- intoxica al sistema económico y político italiano. Y arguyó que eso es justo lo que ha sucedido en su caso, que ha sido absuelto en el pasado, pero las mismas acusaciones siguen retornando repetidamente", escribía Thorne.

En aquel cable de julio de 2008, su antecesor en el cargo, Spogli, trataba de explicar a Washington que Italia "lleva 15 años intentando reformar un sistema judicial ferozmente independiente", y que "la práctica habitual de filtrar escuchas telefónicas a la prensa produce gran incomodidad a los implicados" y suele acabar sin que aparezca el culpable de las filtraciones.

Varias cintas de audio con Berlusconi como protagonista habían sido filtradas a la prensa y publicadas en aquellos días. Y Spogli anotaba: "El secretario de Estado del Consejo de Ministros, Gianni Letta, le dijo al embajador el 2 de julio que otras cintas comprometedoras podrían ser publicadas en las próximas semanas".

El despacho es llamativo. Menos de un mes después de que Berlusconi hubiera sido investido presidente del Gobierno, Spogli anotaba que "la luna de miel política" del Cavaliere ha terminado, y lo achaca a la acción de "los fiscales", que "han acelerado los procesos de sus casos penales pendientes" y amenazan con llamarle a testificar en ocho días distintos del mes de julio.

"Esos procedimientos, las cintas filtradas y la probabilidad de nuevas filtraciones tienen preocupados a los colaboradores de Berlusconi", informaba Spogli, quien anotaba que "el primer ministro se queja con frecuencia de que los fiscales programan sus investigaciones para dañarle políticamente, [con una] 'justicia de relojería".

El Gobierno, proseguía Spogli, había olvidado sus promesas de reformas para caer en "un furor político de nuevas propuestas legislativas que bloqueen las investigaciones", furor que, matizaba, "no ha disminuido la popularidad de Berlusconi".

El embajador enviado por el Gobierno del presidente George Bush a Roma en 2005 apuntaba además que Silvio Berlusconi estaba ya en ese momento "consultando con sus socios de coalición la ley que restringiría el uso de las escuchas telefónicas".

El despacho incluía este comentario final: "Los problemas legales de Berlusconi han marcado sus 15 años como político, aunque nunca ha recibido una condena definitiva. Ahora que incluso algunos miembros de la oposición rechazan el timing aparentemente político de las recientes investigaciones de la magistratura y apoyan la reforma de la justicia, parece que los fiscales políticamente motivados pueden haber ido demasiado lejos".

Y agregaba: "El implícito apoyo del presidente [Giorgio] Napolitano a una ley que confiera inmunidad penal a, entre otros, Berlusconi, significa que los problemas legales de Berlusconi podrían quedar aparcados pronto".

Spogli concluía, profético: "Berlusconi ha chocado con vientos en contra, y no está claro si estos han girado a su favor. En un caso extremo, es posible imaginar un escenario en el que Berlusconi pueda perder mucha popularidad y su capacidad de alentar reformas, o incluso su poder de gobernar".

El cable revelaba también que el proyecto de amnistiar todos los delitos menores cometidos antes del 30 de junio de 2002, "que podría suspender al menos uno de los procesos contra Berlusconi", había "confundido" incluso a varios parlamentarios de Forza Italia, según declararon estos mismos al consejero político de la Embajada.

Al detallar los casos judiciales pendientes (Mills, Mediaset e intercambio de favores políticos con el director de RAI Ficción, Agostino Saccà), Spogli apuntaba con sobriedad: "Berlusconi le pide que algunas showgirls tengan más tiempo en antena".

"A pesar de estos 15 años de debates sobre la necesidad de reformar la justicia", afirmaba el embajador, Italia no "ha hecho ningún avance significativo. Los italianos, en su mayoría, consideran que su sistema judicial está averiado, quizá más allá de toda reparación, y tienen muy poca confianza en que el sistema ofrezca realmente justicia".

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