España entregó una lista secreta de 87 posibles islamistas

El Gobierno facilitó en 2004 a la Embajada de Estados Unidos en Madrid una lista de 87 sospechosos islamistas "con posibles vínculos terroristas en España" entre los que figuran cinco españoles, según recoge uno de los cables de la legación diplomática. El documento, sin clasificar, advierte que el texto completo no es accesible.

Entre los sospechosos españoles figura en el número 44 de la lista Raquel Burgos García, de 35 años, una madrileña casada con el marroquí Amer El Azizi, Otaman Al Andalusi, huido de la primera gran redada contra islamistas en España en 2001, desaparecido junto a su mujer e hijos y muerto en 2005 en una aldea en Waziristán del Norte (Pakistán) en uno de los bombardeos de los aviones Predator, no tripulados, del Ejército de Estados Unidos.

Waziristán es uno de los reductos tribales paquistaníes donde se refugian los escasos dirigentes de Al Qaeda que siguen vivos. Una página web yihadista recogió imágenes de su cadáver.

Cuatro años después de su muerte, el rastro de Raquel Burgos apareció bajo los escombros de una casa derruida por morteros de los soldados paquistaníes en Sherwangai, una población en la región tribal de Waziristán del Sur, otro refugio talibán. Bajo las piedras se encontró su pasaporte español y varias fotografías suyas de carné en las que aparece tocada con un hiyab negro. Junto a esta documentación estaba la de Said Bahaji, uno de los miembros del comando suicida que protagonizó el 11-S, uno de los eslabones perdidos de ese ataque en el corazón de Estados Unidos.

Bahaji vivía con Mohamed Atta, jefe de los terroristas, en el apartamento de Hamburgo (Alemania) donde se organizó el atentado. No participó en la acción terrorista porque no logró visado para entrar en Estados Unidos. Nunca ha sido localizado y esos documentos demuestran que se refugió en las montañas paquistaníes bajo el amparo de la cúpula de Al Qaeda. Athar Abbas, portavoz del Ejército paquistaní, aseguró que desconocían cuándo y cómo llegó Raquel Burgos a Pakistán.

La proximidad y amistad de Amer El Azizi con alguno de los autores materiales del 11-M le situó en la investigación judicial y policial de los ataques contra los trenes de Atocha. Azizi había sido entrenado en los campos terroristas de Osama Bin Laden en Afganistán antes del 11-S y frecuentaba un bar del barrio de Lavapiés y la mezquita del Centro Islámico de Madrid, denominado M-30 por su proximidad a la autopista, antes de darse a la fuga en 2001. Allí contrajo matrimonio con Raquel Burgos cuando esta se convirtió al islam. Vivieron en la madrileña calle del Buen Gobernador, cerca de la plaza de toros de Las Ventas, en un piso que les cedió el padre de ella, propietario de un restaurante. Raquel no asistió al funeral de su madre, fallecida en 2009, tras padecer una larga enfermedad. Desde hace años no mantiene contactos con su familia, según aseguran personas de su entorno.

De los otros cuatro españoles que aparecen en el listado, una es una mujer de 27 años. 51 de los 87 sospechosos citados en la lista son de nacionalidad argelina, el resto marroquíes, sirios, tunecinos y libaneses. EL PAÍS omite sus nombres para no dañar su imagen ni perjudicar las investigaciones policiales

Estados Unidos ha introducido los nombres de los sospechosos en varias listas que se consultan por seguridad antes de conceder visados de entrada en ese país. Entre ellos en la del Terrorist Screening Center, que comparte información con el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista español, un organismo creado tras los atentados del 11-M para coordinar la información de los diferentes servicios policiales.

Los cables secretos de la Embajada de Estados Unidos en Madrid aseguran que la colaboración de los dos países en materia antiterrorista es recíproca. Así, señalan que una redada que se llevó a cabo contra varios islamistas en Burgos, el 24 de octubre de 2007, se logró gracias a la información facilitada por los servicios de inteligencia estadounidenses.

Pasaporte y fotos de Raquel Burgos. Forma parte del material incautado en Pakistán en las operaciones militares contra los talibanes. / efe

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