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La investigación del robo de niños en España

Una oleada de denuncias impulsa la investigación de los 'bebés robados'

Las fiscalías tramitan más de 30 casos de niños dados por muertos al nacer en hospitales de Andalucía - La policía indaga si una red los vendía en adopción

¿Se puede investigar el supuesto robo de un bebé cometido hace más 40 años? La Fiscalía de Cádiz cree que sí. También lo ve así la de Algeciras. Y la de Málaga. El Ministerio Público se enfrenta a una creciente oleada de denuncias de familias que, tres y cuatro décadas después, han decidido llevar a los juzgados la desaparición de sus hijos o hermanos, a los que los hospitales donde nacieron dieron por muertos.

Todos los casos coinciden en señalar actitudes sospechosas o extrañas del personal sanitario. También varias irregularidades como que no pudieron ver los cadáveres o nunca les dijeron dónde los enterraron. Los investigadores judiciales del Cuerpo Nacional de Policía dirigirán ahora la búsqueda de la verdad.

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional pide a Justicia que abra los registros

La hermana de Rosario Herrera debería de haberse llamado María de los Ángeles. Nació en 1975. Sus padres eran de San Fernando (Cádiz) pero se trasladaron para el parto a la clínica San Rafael, en la capital gaditana, que cubría los servicios públicos que en ese año no daba la residencia Zamacola por obras. Su madre recuerda que nació muy gordita. Pero, a las pocas horas de nacer, una enfermera le dijo que había complicaciones, se la llevó de la habitación y no la ha vuelto a ver.

Rosario Herrera, 35 años después, se decidió a denunciar. Lo hizo porque leyó en los medios de comunicación casos similares ocurridos en La Línea (Cádiz) y también supo de una supuesta trama de religiosas, médicos y enfermeras que podría haber liderado los robos de bebés para venderlos a familias adineradas.

Ahora Rosario se ha erigido en portavoz y consejera de muchas personas que tienen relatos y recuerdos similares. Las primeras denuncias fueron conocidas en el Campo de Gibraltar, donde su fiscal, Juan Cisneros, ha sido muy activo a la hora de impulsar la investigación. Fue el primero en trasladarlo a la Policía como continuación de las diligencias abiertas de oficio tras conocer las denuncias públicas de las familias. A él le han llegado 13 denuncias, fundamentalmente de casos ocurridos en La Línea en los años sesenta y setenta, cuando la sanidad dependía del Gobierno y no de las comunidades.

Es una investigación difícil y anómala. Algunos de los centros denunciados ya no existen y muchos de los profesionales denunciables han muerto. Cisneros fue el primero en plantear que estos delitos, a pesar de las décadas transcurridas, podrían no haber prescrito. Todo depende de cómo se analice el caso. Si fue una acción para tapar una negligencia médica, habría prescrito. Si la intención fue la de cambiar a un niño de familia, no lo estaría según jurisprudencia del Supremo.

"Lo que no entendíamos es que la Fiscalía de Algeciras actuase tan rápido, que ordenase tomar declaraciones, instase a la policía a actuar y anunciase que iba a recoger pruebas de ADN y mientras, en Cádiz, donde las denuncias llegaron solo una semana después, no se hubiese hecho nada", lamentaba Herrera. Esta queja propició que una decena de familias fueran recibidas ayer por la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, quien les informó de que ya ha emprendido trámites similares.

Por estas denuncias ya se ha interesado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que en un escrito del fiscal jefe, Javier Zaragoza, ha instado al Ministerio de Justicia a poner en marcha reglamentos y leyes que favorezcan la investigación de estos casos con la apertura de registros públicos y privados, como hospitales o cementerios. Con todo, esta fiscalía mantiene sus dudas de si estos delitos han prescrito o no.

El abogado valenciano Enrique Vila, especialista en ayudar a que algunos hijos adoptados encuentren a sus padres biológicos, tiene previsto presentar el próximo 27 de enero una denuncia sobre los niños robados ante la Fiscalía General del Estado. Según Vila, estos asuntos, que abarcan desde poco después de la Guerra Civil hasta bien entrada la democracia, en los años noventa, "no han prescrito".

El letrado busca que el órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido emprenda una investigación centralizada o que remita instrucciones a las fiscalías provinciales para que indaguen estos casos, informa Fernando J. Pérez. Es lo que ha hecho la de Algeciras, con 13 casos, o Cádiz, con 14. Málaga cuenta ya con cuatro denuncias y a Granada ha llegado una.

Fuentes de la Fiscalía General afirmaron que para que esta institución inicie una investigación hace falta que los delitos los haya cometido una organización implantada en todo el territorio español.

Esta es una de las tesis de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), para la que trabaja Vila y que cuenta con unos 230 miembros. Según el letrado, el hecho de que los niños supuestamente vendidos nunca permanezcan en la ciudad en la que nacieron "hace pensar que existe algún tipo de organización o mafia" que ponía en contacto a padres compradores de una ciudad con médicos de otra parte de España dispuestos a hacer pasar por muerto al recién nacido para venderlo después.

Vila no se atreve a dar una cifra de afectados por estas prácticas, aunque en su denuncia constarán "pruebas clarísimas" como partidas literales de nacimiento, declaraciones juradas de padres compradores o pruebas de ADN. El abogado afirma que su iniciativa es "apolítica" y la desvincula de los movimientos de recuperación de la memoria histórica.

Rosario Herrera quiere saber qué pasó con su hermana y ayudar a personas como ella. Dice que cada vez que sale en la tele recibe nuevas denuncias. Ayer apareció varias veces. Su presencia en la Audiencia Provincial de Cádiz bastó para que hasta allí acudieran varios particulares con casos similares de bebés supuestamente robados hace décadas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de diciembre de 2010