Berlusconi intentó evitar la investigación del 'caso Calipari'

Dos meses después de la muerte del agente del servicio de inteligencia militar Nicola Calipari durante un tiroteo en un puesto de control en Bagdad, la intención del Gobierno italiano era bloquear los intentos de enjuiciar a los responsables. Un cable, fechado el 3 de mayo de 2005 y clasificado como "secreto", da cuenta de la reunión que tuvieron el día anterior altos representantes del Ejecutivo italiano con el embajador de EE UU en Roma, Mel Sembler.

En el encuentro no estuvo el primer ministro, Silvio Berlusconi, pero la delegación italiana era de primer nivel: estaban el entonces Ministro de Exteriores y actual presidente del Congreso, Gianfranco Fini; el secretario de Estado y mano derecha de Berlusconi, Gianni Letta; el jefe del servicio de inteligencia militar, Nicolò Pollari; los dos investigadores italianos, Pierluigi Campregher y Cesare Ragaglini, y otras autoridades no especificadas. Los representantes del Gobierno italiano entregaron a los estadounidenses una copia del informe antes de su publicación en Italia.

El affaire de la muerte de Calipari, el 4 de marzo de 2005, en la operación de rescate de la periodista Giuliana Sgrena, secuestrada un mes antes en la capital iraquí, causó importantes fricciones entre Washington y Roma. EE UU aceptó una comisión de investigación conjunta, pero no se llegó a compartir las conclusiones. Para los estadounidenses, sus soldados habían respetado las reglas de enfrentamiento y el suceso fue la trágica consecuencia de un error de comunicación por parte de los italianos. Roma apuntaba a la falta de preparación de los militares y a la situación de estrés a la que estaban sometidos.

El objetivo del encuentro de mayo era allanar las distancias y "dejar atrás" un asunto que en cualquier caso "no dañaría" las relaciones entre los dos países, así lo declararon los representantes italianos al embajador. El texto italiano estaba pensado para zanjar la cuestión: en las conclusiones se descartaba la posibilidad de atribuir responsabilidades individuales, ya que "los investigadores italianos no encontraron pruebas de que el asesinato fuera intencional". Y la falta de intencionalidad cerraría las posibilidades de entablar un juicio. Un punto que, según recoge el embajador en su nota, "estaba específicamente pensado para desalentar nuevas investigaciones por parte de los fiscales". El Gobierno también aseguró que impediría que las comisiones parlamentarias abrieran investigaciones.

Dos días después, Berlusconi defendió el informe ante las Cámaras. El texto no consiguió impedir que los fiscales imputaran al soldado Mario Lozano, identificado como responsable de los disparos que mataron al agente italiano. El tribunal penal de Roma desestimó la petición. Los detalles del encuentro, filtrados por Wikileaks, reabren ahora el debate. Si el Gobierno, en un comunicado hecho público anoche, tachó las "presuntas revelaciones" de "absolutamente privadas de fundamento", la primera en pedir que se vuelva a abrir el caso fue Sgrena, la periodista salvada por Calipari.

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