Mas aboga por ampliar la gestión privada de la educación y la sanidad

Artur Mas tiene dos temas señalados con un círculo rojo en su agenda más inmediata: la lucha contra la crisis y la lacra del paro, que afecta a 600.000 personas, y la mejora de la educación sin diferenciar entre escuela pública y concertada. El fracaso escolar le horroriza porque afecta a uno de cada tres estudiantes de secundaria y quiere reducirlo a la mitad en 8 o 10 años. Mas desarrolló esas dos patas básicas de su programa en un discurso de hora y media y 38 folios. Consciente de que no tiene la investidura asegurada y de que le faltan seis escaños para la mayoría absoluta, Mas leyó un discurso de guante blanco en el que dio una imagen de humildad tendiendo puentes con el resto de los grupos.

A diferencia de lo ocurrido en la campaña, en la que en más de una ocasión aludió a su temor a que en las arcas de la Generalitat no habrá ni un euro y solo facturas por pagar, ayer fue extremadamente cauto y no usó ni un adjetivo que encendiera los ánimos. "Hay que esperar a ver cuál es la situación financiera real", afirmó. Y mencionó dos datos especialmente sangrantes: el 17% del paro y el 40% de desempleo que afecta a los menores de 25 años. Su objetivo es reducirlo en cuatro años el 10% para situarlo en índices europeos.

Las medidas inmediatas que planteó para salir de la crisis son la moderación fiscal, que pasa por la supresión del polémico impuesto de sucesiones -la Administración dejará de ingresar unos 400 millones de euros-, y eliminar de forma progresiva el resto de las tasas que aplicó el tripartito en junio, como el aumento del impuesto de transmisiones; el de matriculación y el de actos jurídicos y documentales.

La crisis afecta a todo el mundo y, por tanto, la Administración no se escapará de la reforma. Mas reiteró que su Gobierno pasará a tener 12 consejerías (15 el del tripartito) y señaló que recortará un 20% de los cargos políticos, como directores generales, asesores y personal de confianza. No habló de cifras, pero en su día no desmintió que el plan de choque pudiera afectar a unas 400 personas.

En el paquete anticrisis se incluyen también los avales públicos a las empresas, la aplicación de la ley de morosidad y una cumbre contra la crisis en la que participarán todos los agentes sociales. El de CiU será, en palabras de Mas, un Gobierno business friendly (amigo del negocio), terminología que desató las críticas de los partidos de izquierda porque consideran que está enfocado a mimar a la empresa y a olvidar los trabajadores. Mas negó la mayor y reivindicó nuevamente el valor social de la empresa, entendida como una entidad en el que comparten su espacio emprendedores y empleados.

"Ustedes creen que somos unos neoliberales y una especie de elefantes que vamos a cargarnos el Estado de bienestar", reprochó el convergente desde el atril al jefe de filas socialista, Joaquim Nadal. Pero lo cierto es que, de entrada, Mas ha solicitado tanto a Salvador Alemany, presidente del Círculo de Economía -su sola mención parece descartarlo como consejero del área-, como al presidente del Colegio de Médicos, Miquel Vilardell, que constituyan unos consejos asesores que aporten ideas tanto para mejorar la economía catalana como el modelo de sanidad pública que quiere sostener. "Hay que mejorar las fórmulas de gestión con independencia de la titularidad del servicio", dijo, abriendo la puerta a la entrada de la empresa privada. Pese a que rechazó el copago sanitario porque cree que perjudicaría a los pensionistas -"es la parte más vulnerable de la sociedad"-, Mas no distingue entre el servicio y el interés público, algo que rechazan de plano las fuerzas del tripartito. La izquierda teme que ese modelo reduzca la calidad del servicio de la sanidad y la educación si la gestión se amplía a manos privadas. Para contrarrestar ese miedo, Mas leyó el artículo 21 del Estatuto, que versa sobre Educación y habla de interés y no de servicio. "Ese es un debate obsoleto", argumentó.

Y por último, Mas cumplió una de sus pocas promesas electorales: suprimirá el código ético de los Mossos d'Esquadra y acabará con la limitación horaria de los 80 kilómetros por hora en los accesos a Barcelona, otra de las propuestas estrellas de ICV. No habló de corrupción en su discurso, pero tras una insinuación de Nadal en ese sentido, afirmó: "Habrá lucha contra la corrupción. No vimos clara la oficina antifraude, pero no nos dedicaremos a desmontar algo que es visto como una entidad para ayudar a que haya más transparencia".