El Gobierno critica el doble discurso de las Diputaciones sobre ayudas sociales
Asegura que los entes forales pudieron avisar hace meses de las inspecciones
El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales no esperaba la oposición de las Diputaciones a la petición de suspender temporalmente la Renta de Garantía de Ingresos a 6.262 familias desde este mes porque no cumplen parte de las obligaciones que conlleva este subsidio. De un lenguaje en el que restaba importancia a que las instituciones forales no hayan detectado las deficiencias por no poder hacer todos los cruces de datos, ha pasado a otro más beligerante, poniendo las cartas sobre la mesa.
El Ejecutivo rechaza la crítica que más se ha escuchado esta semana: que el momento para quitar la ayuda no podía ser más inadecuado -las Navidades- y precipitado -tan sólo hace tres semanas que se anunció públicamente la inspección. El viceconsejero de Empleo, Javier Ruiz, aseguraba ayer que el Gobierno ya había anunciado esta inspección y las Diputaciones tenían conocimiento de ello desde hacía cuatro meses, "más que necesarios" para que avisaran a los perceptores de la necesidad de tener las ayudas en regla. Las críticas de las Diputaciones son, a su juicio, "una cortina de humo".
Mendoza (PNV): "La medida es un destrozo irreparable para las familias"
Álava pidió suspender las ayudas en diciembre y no en noviembre
Las de Álava y Guipúzcoa van acompañadas con la identificación de posibles errores entre las propuestas de suspensión. Reflejo de las críticas forales, aunque con un tono mucho más combativo, fueron las palabras de la parlamentaria del PNV, Eider Mendoza, que ayer sintetizaba en el pleno de control: "mucha precipitación y poco fundamento", repitió, en lo que consideró un "destrozo irreparable" para las familias mientras explicaba que diputaciones y ayuntamientos ya realizan inspecciones.
El Gobierno entiende que las distintas reuniones y cartas cruzadas entre las instituciones forales y el Ejecutivo en clave de colaboración interinstitucional son lo contrario a las declaraciones después de que se hiciera pública la medida, y es que cargan el peso de la decisión en la consejería. Las diputaciones estudian ahora si los casos remitidos por el Gobierno tienen errores -el Ejecutivo aceptará las cifras que envíen de vuelta las Diputaciones, según aseguraba ayer el viceconsejero-. Son ellas las encargadas de autorizar las ayudas, pagarlas con dinero del Gobierno y suspenderlas. Ruiz aseguraba ayer que el hecho de que el dinero no provenga de las instituciones forales "empuja menos a hacer una gestión rigurosa".
La directora de Política Social y Servicios Sociales de la Diputación Alavesa, Amparo Maiztegui, agradece en una carta el cruce de datos e informa de que han considerado más oportuno seguir con el pago de noviembre y "en el mes de diciembre, tras la revisión del listado remitido por ustedes, procederá suspender la prestación". En la misiva se reconoce un error en la base de datos foral e informaba de otros tres que, según el Gobierno, se han corregido. Álava ha alertado de que más de la mitad de las 810 propuestas de suspensión de ayudas contienen errores -algo similar alega Guipúzcoa- sobre todo relacionados con personas prejubiladas y en situaciones excepcionales.
Por ello, Zabaleta aseguró ayer en el Parlamento que "si alguien tiene la base de datos mal son las Diputaciones, no el Gobierno", porque son estas las que remiten al Ejecutivo los listados para el cruce de datos. La consejera también alzó la voz en contra del alcalde vitoriano, Patxi Lazcoz, que el miércoles vino a defender la tesis de Álava.
Por parte de la Diputación de Vizcaya, su director general de Inserción Social, Jon Etxebarria, acepta la cifra de 4.776 expedientes con deficiencias y adjunta la carta informativa que enviarán a estas personas, donde se explica dónde darse de alta en los servicios de empleo. Eso sí, proponen que la suspensión se haga en la nómina de enero y no en la de diciembre.
Zabaleta explicará estas cuestiones en la Cámara en las próximas semanas, ya que ha pedido comparecer. El conflicto tiene fecha de caducidad: el próximo verano, cuando está previsto que Lanbide gestione la RGI, ya que se agruparán todos los trámites en una misma institución que realizará las inspecciones por su cuenta. Para ello habrá un cambio de ley cuyo proyecto se contempla que quede aprobado el próximo martes.
Suspender el pago de diciembre, a pesar de la ley
No estar dado de alta en el antiguo Inem o en Lanbide conlleva una suspensión de la Renta de Garantía de Ingresos -y el complemento de vivienda, porque tienen los mismos requisitos- para quien la reciba. "La suspensión del derecho a la Renta de Garantía de Ingresos implicará la suspensión del pago de la prestación a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de la suspensión", reza el decreto que regula la RGI. Aunque el Gobierno ha asegurado que la intención es retirar temporalmente la ayuda en diciembre a las 6.262 familias que no cumplen el requisito de tener a todos sus miembros entre 23 y 60 años dados de alta como demandantes de empleo -excluyendo pensionistas, incapacitados o personas en alta exclusión social-, siguiendo la norma esta suspensión no podría hacerse hasta el pago de enero, ya durante el mes de diciembre debería oficializarse y notificarse la suspensión.
Independientemente del mes en que se aplique la sanción, cuando esta se ratifique, las familias deberán pasar obligatoriamente un mes sin cobrar. Así lo establece el decreto que regula la Renta de Garantía de Ingresos que se aprobó en mayo de este año. En él se establece que, si no se subsana la deficiencia durante ese mes, la multa se prolongará durante tres meses.
Alargar la suspensión tiene su riesgo, ya que cuando un perceptor lleva 18 meses en esta situación se le retira la ayuda definitivamente, al igual que si se le suspende este subsidio tres veces. La normativa establece que si se comprueba que el demandante no debería recibir la RGI, "la Diputación Foral competente establecerá la obligación de reintegro por parte de la persona titular de las prestaciones indebidamente percibidas". Desde el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales aseguran que esto no ocurrirá porque este incumplimiento no tiene que ver con los requisitos para obtener la ayuda, sino con las obligaciones que tiene el perceptor durante el tiempo que la recibe.
Aunque no se dé el caso de la devolución del dinero, sí hay un ahorro, que ronda los 4,3 millones de euros. La ley establece que las devoluciones, o en este caso el ahorro, deben destinarse a la cobertura de la RGI, que este año supone 281 millones de euros en Euskadi, más de 28 millones al mes, como incidió ayer la consejera de Empleo.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
