Voluntad de ajuste

La decisión de los líderes de la Unión Europea de aprobar una reforma en el Tratado de Lisboa para constituir un fondo de rescate permanente en defensa del euro y la ampliación del capital del Banco Central Europeo (BCE) indican que Europa ha emprendido el camino correcto para conjurar la crisis de confianza de los mercados en la solvencia de las deudas soberanas. El Fondo y el BCE son la última línea de defensa de la moneda común y la ratificación de que Europa necesita una política económica coordinada. Esta necesidad implica que los países pierdan soberanía fiscal y exige que, hoy, los Gobiernos resuelvan sus problemas específicos. España tiene varios propios, empezando por un crash inmobiliario que acentúa las sospechas de los inversores externos sobre la solidez del sistema bancario. Es verdad que los bancos españoles son más solventes que los europeos; pero no hay solvencia que resista varios años de recesión, una elevada tasa de desempleo y un crecimiento imparable de la tasa de morosidad.

Pero el problema particular de la economía española en tiempos de depresión es el crecimiento del endeudamiento de las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. El Banco de España informa de que la deuda autonómica ha aumentado un 27% en un año y la sitúa en el 10% del PIB. Esta explosión de la deuda autonómica oficial (no se cuentan las facturas en los cajones que las comunidades tienen sin contabilizar y sin pagar, o la deuda diseminada en empresas parapúblicas) se ha producido después de dos años de crisis, cuando todas las autoridades políticas eran conscientes de la gravedad de la situación.

Los Gobiernos autónomos (y algunos Ayuntamientos) arguyen que carecen de fuentes de financiación para hacer frente a servicios transferidos (sanidad y educación, sobre todo) y que por ello tienen que endeudarse. Sin duda, convendría reforzar sus ingresos. Pero, además, las autonomías han desarrollado una maquinaria inerte de gasto que no saben o no quieren parar. La prueba de que la voluntad política flaquea es que, colocadas al borde de la suspensión de pagos, se precipitan a emitir bonos patrióticos que ya están teniendo un efecto devastador sobre la calificación de la deuda española. Emitidos bajo la urgencia extrema de la asfixia financiera, están mal incardinados en el conjunto de la deuda y carecen de proyecciones de refinanciación y devolución.

Entiéndase bien que el descontrol sobre la deuda autonómica constituye un auténtico problema de Estado. Lastra la calidad de la deuda global, en parte porque oculta el total de sus empréstitos, y da pie a los inversores potenciales a suponer que se decide al margen de la unidad financiera del Tesoro. Zapatero advirtió ayer en Bruselas de que el Gobierno hará cumplir los compromisos de ajuste fiscal. Pero los inversores creen que, a pesar de su buena voluntad, no va a poder exigirlo. Se impone una demostración, con la implicación del PP, de la capacidad del Gobierno para convertir en realidad estos buenos propósitos.