Hereu abre una investigación por la trama de Ciutat Vella pese al fiasco de la del Palau

El último pleno del Ayuntamiento de Barcelona de este año aprobará la creación de la que será la segunda comisión de investigación de mandato del alcalde, Jordi Hereu. La primera fue por las supuestas irregularidades urbanísticas en la tramitación del proyecto del hotel del Palau de la Música, en Ciutat Vella. Y la segunda se ciñe a la trama de corrupción destapada en ese mismo distrito y por la que están inculpados judicialmente dos funcionarios municipales, Heliodoro Lozano y Elena Ariza.

La primera de las comisiones acabó en agua de borrajas porque los grupos municipales fueron incapaces de pactar ninguna conclusión. Además, ningún implicado tiene la obligación de comparecer aunque le sea requerido. Y la que se iniciará hoy por la trama de corrupción llevaba dos meses pendiente de constituirse por la falta de acuerdo mínimo entre los grupos municipales. Ayer, finalmente, se llegó a un pacto tras negociar la proposición que presentaba el Partido Popular. Lo acordado es lo siguiente: los ediles que integren la comisión podrán "investigar, analizar y aclarar la actuación administrativa del otorgamiento de licencias de obras, de ocupación, de apartamentos turísticos y de inspección y de control de la actividad urbanística". El periodo será de cinco años: de 2005 a 2010 y el territorio, Ciutat Vella. Es decir, el periodo en el que la trama supuestamente dirigida por el ingeniero Joaquín Quílez -y con la participación de los funcionarios Heliodoro Lozano y Elena Ariza -tuvo más actividad, en buena medida, porque correspondió al boom de los apartamentos turísticos. El acuerdo posibilita también examinar los expedientes de licencias de otros distritos y retrocediendo hasta el año 2000 si se tiene la sospecha de que hubiera cometido alguna irregularidad.

Lo acordado supone que se podrán examinar -o encargar una auditoría- unos 9.000 expedientes anuales, que es la media de la gestión de Ciutat Vella. Es decir, unos 45.000 en cinco años. El volumen de asuntos que mirar, unido al carácter voluntario de las comparecencias y al hecho de no poder entrar en nada de lo que es materia judicial -es decir, el supuesto cuerpo del delito- pone en tela de juicio la efectividad real de la comisión. En el apartado de conclusiones, lo pactado es que se aprueben por mayoría y que se incluyan los votos particulares que puedan producirse.

La pretensión del PSC era una mayoría cualificada -para evitar la pinza de la oposición que si suma tiene la mayoría- a la que finalmente ha renunciado ante el peligro de que la oposición impusiera sus criterios y condiciones.

La comisión no tendrá plazo de finalización de los trabajos y comparecencias. Por tanto, es muy probable que la comisión esté viva cuando se llegue a la campaña electoral.