El secretario de Torrejón contradice a la 'número dos' del PSM

El secretario del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, Saturio Hernández, contradijo ayer la versión de la ex alcaldesa del municipio y secretaria de Organización del PSM, Trinidad Rollán, y de los otros 13 concejales acusados de prevaricación por aprobar un convenio urbanístico que después fue declarado ilegal. Este funcionario, a preguntas del fiscal en el juicio que se sigue contra los ediles de la Corporación de Torrejón de 2001 en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), destacó que todos los portavoces de los grupos locales hicieron referencias al informe que alertaba de la ilegalidad. Rollán y los otros acusados declararon el lunes que desconocían la existencia de este documento. "Se presentó la moción y los portavoces intervinieron. Los del PP señalaron que se iban a abstener porque había un informe en contra de la secretaria. IU dijo que no, el PADE que iba a votar que sí y Unidad Ciudadana que votaría en contra", declaró el secretario, quien especificó: "Todos los concejales lo conocían".

Un letrado solicita que se procese a un ex concejal del PSM por falso testimonio

La segunda en declarar ayer fue la ex concejal de Unidad Ciudadana Pilar de Mesa, quien tras reconocer que su familia tiene intereses urbanísticos en el municipio redundó en la versión del secretario de Torrejón: "Pese a que algunas veces sus informes eran engorrosos, el que quería conocer y saber los puntos del orden del pleno tenía acceso a toda la documentación".

Precisamente tras la intervención de la ex edil De Mesa los magistrados acordaron incluir en la causa las actas del pleno celebrado el 26 de noviembre de 2001 en el que se aprobó el convenio, pero evitando calificar este documento como prueba, considerándolo un elemento "importante pero no imprescindible" a tener en cuenta, ya que las declaraciones de los acusados y testigos se basan en él. Esta polémica decisión de los magistrados, que no disponían al inicio de la vista oral de pruebas documentales, se produce tan solo un día después de que no consideraran oportuno admitir ese mismo documento que había sido remitido por el propio secretario al tribunal, sin que se le hubiera solicitado.

Esta decisión provocó que los letrados solicitaran la suspensión del juicio y anunciaran que iban a solicitar la nulidad del procedimiento al considerar que esta modificación vulneraba la tutela judicial efectiva provocando la indefensión de los acusados. Esta nulidad deberá presentarse, de ser necesaria, en el Tribunal Supremo en primera instancia y posteriormente en el Constitucional.

Por otra parte, el letrado defensor del ex concejal de Urbanismo de Torrejón Francisco Martín Rojas y de otros ediles socialistas, solicitó que se investigara al ex concejal Fernando del Río, autor de la denuncia contra los ediles de su antiguo partido, "por falso testimonio". En este sentido, el secretario llegó a reconocer en su declaración que varios apuntes manuscritos que aparecen en la denuncia presentada en los tribunales por Del Río podían haber sido obra suya, algo que previamente había negado el edil, que fue expulsado del grupo municipal socialista de Torrejón.

Este periódico pudo comprobar que en el acta del pleno del 26 de noviembre de 2001 sí se hace referencia al informe negativo del secretario, quien no obstante a preguntas del abogado Julián López Jiménez, imputado en la causa, no supo concretar si en el debate los ediles se referían al informe manuscrito del expediente o al documento posterior de ocho folios elaborado el 23 de noviembre, un día después de convocarse el pleno el 22 de noviembre. Además, el secretario reconoció haber convocado el pleno en el que finalmente se votó a favor del convenio sin tener el expediente completo. Sin el polémico informe de ocho folios. Algo que según el abogado de la diputada regional del PSM Esperanza Rozas pudo tener como consecuencia que algunos ediles no tuvieran el expediente completo al fotocopiarlo el 22 de noviembre por la tarde.

En este sentido, la responsable jurídica del Ayuntamiento, Blanca Causapié, recordó que elaboró un informe en el que no destacó que no había problemas de legalidad. Al mismo tiempo argumentó que no supo nada del documento del secretario.