Los controladores dicen ahora que no repetirán el plante
El 85% promete garantizar el servicio si se levanta la alarma
"Que los que tienen que decidir sobre la prolongación del estado de alarma sepan que ya no existe la situación" que llevó a decretarlo. El sindicato de controladores aéreos USCA convocó ayer su primera rueda de prensa tras la militarización, ya que sus abogados les han aclarado que la "suspensión de sus derechos sindicales no afecta fuera del puesto de trabajo". La intención declarada de la convocatoria era hacer llegar a los diputados que hoy tienen que votar la extensión del estado de alarma el "compromiso" del colectivo ante la sociedad de que el motín del pasado 3 de diciembre "no se volverá a repetir".
Según explicó el presidente del sindicato, Camilo Cela, unos 1.600 de esos profesionales (el 85% de los 1.900 que están en puestos operativos) han firmado ya una carta en la que cada uno expresa su "voluntad" de "garantizar la prestación del servicio". Ante las declaraciones del Gobierno de que no percibe un cambio de actitud, los controladores añadieron: "Recogemos el guante".
Los controladores no condicionan ese compromiso "permanente" a "ninguna contraprestación" y aducen que lo que buscan es retomar la negociación del convenio colectivo. "Lo único que impide el estado de alarma es la negociación", señaló Daniel Zamit, uno de los portavoces. El Gobierno pretende prorrogar esa situación hasta el 15 de enero, y ha puesto como límite para alcanzar un acuerdo el 31 de enero.
USCA, que anunció que reducirá su equipo negociador para "agilizar" el proceso, considera que si en seis años no se ha logrado pactar un nuevo convenio (el de 1999 caducó en 2004) difícilmente se logrará en 15 días, pero al tiempo aseguran que se podría acordar en 10 si hay voluntad de negociar sobre la "honesta" propuesta del sindicato "con una masa salarial y unas horas de jornada cerradas por la ley".
Respecto a la posibilidad de un arbitraje, sugerida por CiU, PNV y CC, el sindicato coincide con el ministro de Fomento, José Blanco, en que sería preferible no recurrir a un laudo. "Desconfiamos de un árbitro, que nombraría la Administración", dijo Zamit.
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