El Congreso autoriza al Gobierno a prorrogar el estado de alarma por el conflicto con los controladores aéreos

El Congreso de los Diputados ha autorizado, según lo previsto, la prórroga por un mes del estado de alarma decretado el pasado 4 de diciembre tras el boicot de los controladores aéreos por 180 votos a favor, cinco en contra y 131 abstenciones, correspondientes al PP, tal y como estaba anunciado. El Consejo de Ministros aprobará mañana finalmente la medida.

El Gobierno y el PSOE han insistido hoy en que no se fían de que los controladores no repitan los sucesos que culminaron con el cierre de la mayor parte del espacio aéreo español el pasado día 3, pese a que la gran mayoría de ellos firmó ayer un compromiso de no alterar el tráfico aéreo durante las Navidades. Así lo ha dicho esta mañana el ministro de Fomento, José Blanco, que, pese al "gesto" de los controladores, entiende que "no hay elementos" suficientes para creerles y lo han remarcado tanto el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, que ha representado al Ejecutivo en el debate, como el portavoz socialista, José Antonio Alonso.

Como es habitual, el PP no decide su voto ni lo comunica hasta el último minuto

Jáuregui ha asegurado que el Ejecutivo "hizo todo lo posible" para reconducir la situación durante el pasado puente de la Consitutución, pero que no tuvo más remedio que decretar el estado de alarma ante la gravedad de los hechos. "En esencia", ha dicho hoy en la tribuna, "las razones que le llevaron a decretar el estado de alarma llevan al Gobierno a solicitar su prórroga". El ministro, además, ha reconocido que "existen problemas que no se han resuelto y la normalidad de la navegación aérea no es total", algo que ya reflejaba el Consejo de Ministros en la petición de prórroga que aprobó el martes.

Según el ministro de la Presidencia, la alarma debe mantenerse "mientras se mantengan las circunstancias que permitieron el chantaje" de los controladores. "No había otra medida que asegurara el servicio durante el fin de semana de diciembre. Y no lo hay ahora", ha remachado.

Jáuregui, además, ha negado que la militarización de los controladores afecte a la negociación de una solución del conflicto laboral. "Sus derechos siguen intactos, incluidos el de libertad sindical, negociación colectiva o libertad de expresión", ha indicado.

La visión del PP es bien distinta. Su portavoz parlamentaria, Soraya Sáenz de Santamaría, ha arremetido desde el primero momento contra el Gobierno. "13 días después [de decretarse el estado de alarma] no comparece el presidente, ni el vicepresidente, ni siquiera el ministro de Fomento, sino el último que ha llegado al Consejo de Ministros", en referencia a Jáuregui. Precisamente, José Luis Rodríguez Zapatero sí ha estado presente finalmente en el hemiciclo durante el debate.

El PP ha culpado al Ejecutivo de no haber puesto remedio a un problema que "causaron los controladores pero que no solucionaron con los recursos ordinarios del estado de derecho". Sáenz de Santamaría ha asegurado que el PP "no se opondrá" a la prórroga, pero que "no puede reslpadar la petición de ningún modo" y ha concluido preguntándose "qué ha hecho el Ejecutivo desde el 4 de diciembre y qué le hace al Gobierno pensar que puede repetires el boicot".

La respuesta la ha dado poco después el portavoz del PSOE, José Antonio Alonso, quien ha recordado que el pasado mes de agosto Gobieno y controladores firmaron un acuerdo "en el que se comprometían a 'mantener un clima de normalidad operacional", algo que, en su opinión, no ha sucedido.

Apoyos de CiU, PNV y CC

El Gobierno ha recavado los apoyos explícitos para prorrogar el estado de alarma de CiU, PNV y CC. El portavoz catalán, Pere Macías, ha asegurado que proteger el derecho de libre circulación es "sin ningún atisbo de duda algo que debería preocuparnos". El diputado ha asegurado que iban a apoyar al Ejecutivo "plenamente convencidos, puesto que la prioridad está meridianamente clara". Sin embargo, ha avisado de que CiU "no va a dar su apoyo a ninguna otra prórroga ni medida de carácter excepcional" y ha conminado al Gobierno a resolver la situación antes del 15 de enero, cuando concluye la prórroga del estado de alarma.

En términos similares se ha pronunciado el portavoz del PNV, José Ramón Beloki, quien ha asegurado, sin embargo, que la situación a la que se ha llegado constituye "un fracaso político en toda regla". Beloki ha acusado a los controladores de "una ruptura grave de las reglas del juego".

Por último, Ana Oramas ha conmidado al Gobierno a solucionar un problema que es dramático para Canarias.

Rechazo de la izquierda

Enfrente del Gobierno se han posicionado los grupos minoritarios del Congreso. ERC e IU han cuestionado la constitucionalidad del decreto del 4 de diciembre, por lo que han considerado inaceptable su prórroga. Ambos grupos han acusado al Gobierno de utilizar el conflicto como una "cortina de humo". Joan Ridao ha asegurado que "es un mal precedente porque da libertad a otros Gobiernos para poner remedio a otros conflictos laborales con mecanismos iguales" y ha acusado al Ejecutivo "de cabalgar sobre la legítima indignación de la sociedad".

Por su parte, Gaspar Llamazares ha indicado que "en democracia, el fin no justifica los medios" y ha recordado que "la ley y la Constitución señalan que se deben cumplir dos de cuatro circunstancias para decretar el estado de alarma", algo que, en su opinión, quizá se dio el día 4 pero no hoy.