"Creo que lo hice bien"

Cerca de dos horas. Ese es el tiempo que estuvo ayer declarando el ex alcalde de Alcorcón Pablo Zúñiga, del PP, en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad. Está acusado junto con el resto de su antiguo equipo de gobierno de haber prevaricado al aprobar un planeamiento urbanístico en la zona de Fuente Cisneros. Junto a él, testificaron otros cinco ediles. El resto, hasta completar 14, lo hará el próximo lunes.

El ex alcalde de Alcorcón no quiso hacer declaraciones a los periodistas. Aseguró a la entrada que estaba "cansado" de ir tantas veces al juzgado tras ser denunciado hasta en cuatro ocasiones por el PSOE y más concretamente por el actual regidor, Enrique Cascallana. Las otras tres han quedado archivadas. A su salida mantuvo su intención de guardar silencio, pero al final hizo una breve declaración: "Creo que lo hice bien" se limitó a decir al referirse al planeamiento de las parcelas PP-7 y PP-12 en la zona sur del municipio.

Las declaraciones de los otros concejales fueron mucho más breves. En algunos casos no duró ni cinco minutos. Fue lo que sucedió con el ex primer teniente de alcalde Francisco José Torres, que eludió toda responsabilidad penal. "Lo que he contado es que todas las competencias de urbanismo recaían en el concejal del área [Fernando Díaz Robles] y en el propio alcalde", destacó a su salida de los juzgados de Alcorcón. Otras ediles como Yolanda Pérez Tenorio declinaron hablar a la prensa. "Me he limitado a decir la verdad" fue lo único que dijo, acompañada por su abogada. Para la jornada de ayer también estaban citadas las ex concejales Belén Sánchez Nuevo y Susana Lorenzo. La última no acudió porque se encontraba de parto.

El lunes está previsto que declaren los otros siete integrantes del equipo de gobierno en el mandato entre 1999 y 2003. Entre ellos está el ex responsable de Urbanismo.

Los 14 ex concejales del PP se enfrentan a un delito de prevaricación (dictar una orden arbitraria o injusta a sabiendas), recogido en el artículo 404 del Código Penal que acarrea penas de inhabilitación entre siete y 10 años.

La fiscalía les acusa de haber autorizado el aumento de la edificabilidad en dos parcelas que forman el barrio de Fuente Cisneros, permitiendo hasta el doble de construcción que recoge el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el documento que rige el urbanismo de una localidad). A ello se une el no haber hecho una reserva de unos 19.000 metros cuadrados para destinarlo a centros sociales o colegios públicos. Las diligencia previas abiertas en el Juzgado número 4 de Alcorcón también recogen que no se guardó el porcentaje del 50% de vivienda pública a que obliga la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Se intentó compensar con otras tres parcelas del barrio del Ensanche Sur.