"España, objetivo de la yihad"

EE UU cree que España es un objetivo preferente y obsesivo de la yihad, según se desprende de numerosos cables e informes secretos remitidos desde su embajada en Madrid a los responsables de la CIA, el FBI y otras agencias de inteligencia en Washington. Los norteamericanos elogian las numerosas detenciones practicadas desde el 11-M, pero critican sin tapujos la falta de coordinación de los servicios de información españoles, intentan influir en las decisiones del Gobierno sobre el futuro de algunos detenidos y se quejan del secreto judicial español que les impide tener acceso a información sensible.

Antonio Camacho, secretario de Estado para la Seguridad, ha reclamado, a su vez, a los estadounidenses la creación de un equipo conjunto de investigación. Según los cables, durante una visita en 2007 a Madrid de Dell Daily, coordinador antiterrorista de EE UU, Camacho le confesó que la principal prioridad del Gobierno era controlar la amenaza del Magreb y el Sahel, y que intentaría incluir a los estadounidenses en los esfuerzos de los países europeos en esas regiones. "Marruecos colabora, pero todavía hay que hacer progresos con el Gobierno argelino", confesó el funcionario español. Daily pidió a España una lista de "buenas prácticas para prevenir la radicalización de la comunidad musulmana".

Un asesor legal estadounidense ve muy difícil evitar un ataque en Ceuta y Melilla

La embajada asegura que el centro de coordinación español ha fracasado

Un cable del embajador Aguirre, fechado el 15 de septiembre de 2005, cifraba en más de 300 los yihadistas residentes en España y aseguraba que España es objetivo de la yihad y "un gran centro logístico para los grupos islamistas". En este informe se exponía la falta de coordinación de las fuerzas de seguridad por "la fuerte rivalidad entre sus servicios que bloquea el libre flujo de información entre la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia". La consecuencia es que no hay una lista consolidada de terroristas que compartan los servicios, lo que dificulta la identificación o búsqueda de personas de interés para los estadounidenses. La embajada afirma que el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA) creado tras el 11-M para mejorar el flujo de información "no ha logrado conseguir su propósito". Eugenio Pereiro, director del CNCA, reconoció en varios encuentros en la embajada que los servicios españoles tienen que romper sus barreras internas para compartir la información. En 2008 la embajada volvió a criticar en otros cables secretos esta falta de coordinación y describió sus dificultades para acceder a las investigaciones judiciales sobre islamistas capitalizadas, según los observadores de la legación diplomática, por los jueces Juan Del Olmo y Baltasar Garzón, al que califican de "antiamericano".

Un informe secreto fechado el 10 de marzo de 2009 y clasificado por Arnold A. Chacon, segundo diplomático de la embajada de EE UU, asegura de manera rotunda que España sigue siendo objetivo de Al Qaeda cinco años después del 11-M. El documento reproduce una comida privada mantenida semanas antes con el juez Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó a los acusados por este atentado, en la que este señaló que la amenaza es mayor que antes por la irrupción de Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), "que recibe órdenes de la central de Al Qaeda en Afganistán y Pakistán", así como por la nueva reivindicación de liberar Ceuta y Melilla. "Un ataque podría ocurrir cualquier día", anunció el juez a los diplomáticos, aunque destacó las dificultades para llevarlo a cabo por las crecientes medidas de seguridad, en especial en esas dos ciudades. "De cada tres personas que encuentras en Ceuta y Melilla una es militar, otra policía y la tercera espía", comentó el juez a sus anfitriones. El asesor legal estadounidense no está de acuerdo con esta percepción y asegura en su informe que es difícil creer que los yihadistas no puedan ejecutarlo amparándose en el multitudinario tráfico de personas que atraviesan esas fronteras con Marruecos. Gómez Bermúdez fue más allá y aseguró que los atentados en Casablanca de 2003 se ejecutaron allí porque "los yihadistas no podían hacerlo en Ceuta y Melilla".

El juez explicó la acción preventiva de la policía y los jueces y en ese contexto, según señala el informe, aseguró que "los servicios de seguridad están deteniendo a presuntos yihadistas sin pruebas", lo que explica que muchos queden en libertad. Gómez Bermúdez afirmó que, pese a todo, el balance es bueno y que "España no puede permitir que ocurra otro ataque como el del 11-M". Y añadió que todos los islamistas condenados que no tienen la nacionalidad española son deportados al cumplir su pena. El magistrado aseguró que el ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba tiene excelente conocimiento en materia antiterrorista y que el Gobierno ha adoptado el camino correcto.

Sobre las absoluciones del Tribunal Supremo de algunas condenas de islamistas, el cable secreto de la embajada informa que han consultado sobre la moral de las fuerzas de seguridad a Joaquín Collado, consejero del secretario de Estado de Interior Antonio Camacho. Y describe el encuentro así: "Este bajó sus ojos y dijo: te lo puedes imaginar". Collado reconoció que en el caso de la Operación Nova, un grupo de islamistas acusados de intentar volar la Audiencia Nacional y que fueron absueltos, "las acusaciones eran difíciles de probar". El informe apostilla que las fuerzas de seguridad españolas "tienden a perder interés en los casos tras la detención de los sospechosos y no siempre proveen a los jueces del apoyo necesario para asegurar las condenas. Esto reduce las posibilidades de lograr la máxima pena".

Meses antes, el responsable de asuntos políticos de la embajada de EE UU discutió sobre las detenciones preventivas y la puesta en libertad de muchos islamistas con Vicente González Mota, fiscal encargado de terrorismo en la Audiencia Nacional. Un cable confidencial describe así la postura del fiscal: "Mota insistió en que lo más importante es que España no ha sufrido más muertes a manos de los terroristas islámicos desde los atentados de Madrid. Argumentó que el sistema funciona, que es necesario ganar la batalla contra los terroristas dentro de la ley y que los españoles apoyan la política antiterrorista del Gobierno". Mota predijo que algunos condenados en la Operación Cantata, los que pretendían volar el metro de Barcelona, recurrirán al Supremo y serán puestos en libertad en 2011. Otro cable secreto asegura que las autoridades españolas han confesado que las cárceles "se habían convertido en semilleros en ciernes de la actividad yihadista".

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