El ex alcalde del PP de Alcorcón, denunciado por delito urbanístico

El ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, y su equipo de Gobierno (otros 13 concejales), todos ellos del PP, pasarán entre hoy y el lunes por el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad para testificar como supuestos autores de un delito de prevaricación. Según consta en diversos informes, los 14 ediles incumplieron las normas básicas del planeamiento y se incrementó el número de viviendas permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el documento que rige el urbanismo de un municipio), además de eliminar las viviendas públicas a que obligaba la Comunidad de Madrid.

La supuesta prevaricación (que se produce al dictar una orden a sabiendas de que es injusta) la pudieron cometer en 2002 en los desarrollos de Fuente Cisneros, en la zona sur de la localidad. Según varios informes jurídicos y urbanísticos presentados por el Ayuntamiento de Alcorcón, la modificación del plan parcial de esta zona consiente un aprovechamiento muy superior al permitido al PGOU: un 0,50 y un 0,79 metros cuadrados por metro cuadrado de parcela frente al 0,39 del Plan General. Esto supone que la zona tenga una gran densidad de viviendas -y de población-.

Otro punto en el que incumplieron supuestamente las normas urbanísticas es que desoyeron las reservas de suelo destinado a dotaciones públicas. "Esto supone un déficit en la primera parcela de 7.560 metros cuadrados para centros docentes públicos y 3.774 metros cuadrados de centros sociales de carácter público", según un informe firmado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento. A eso se unen otros 6.300 metros cuadrados de colegios y 2.089 para servicios sociales en la segunda parcela.

Uno de los mayores incumplimientos también se pudo dar con "la drástica reducción" de suelo destinado a viviendas públicas. Se intentó justificar este recorte con la calificación otorgada en otros tres desarrollos urbanísticos de la localidad, integrantes del barrio del Ensanche Sur. Pero una nueva Corporación, del PSOE, desestimó en marzo de 2003 su aprobación.

La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece que el 50% del suelo urbanizable se debe destinar a viviendas protegidas, pero esta cifra se redujo en Fuente Cisneros al 11% y al 18%, lo que provocó que se dejaran de construir cerca de 400 viviendas sociales, según fuentes municipales.

Ante todas estas irregularidades, la asesoría jurídica del Consistorio cree que se tendría que dejar sin efecto la aprobación de los planes parciales de las parcelas PP-7 y PP-12, ambas en Fuente Cisneros, ya que resultan lesivas para el interés público. Los jurídicos municipales reconocen q ue sería muy costoso para el Ayuntamiento retrotraer la actuación. Supondría elevadas indemnizaciones que habría que pagar a los particulares que adquirieron sus viviendas (1.100 en este barrio) de forma legal y que las registraron tras obtener las licencias de edificación y de primera ocupación concedidas por el Consistorio.

Toda la documentación fue presentada a la Fiscalía de Madrid, que pidió la apertura de diligencias previas.