La mitad del presupuesto de la Generalitat va al sector privado
ESADE opina que con el nuevo Gobierno aumentará la "colaboración"
"De cada 100 euros que los catalanes han pagado en impuestos, resulta que casi 50 euros vuelven al sector privado", esta es la conclusión de un estudio elaborado por la profesora de ESADE Anna Tarrach. Esto se traduce en que 17.612 millones de euros de los 36.985 del presupuesto de 2009 se destinaron a concesiones, compras a empresas privadas y otros tipos de colaboraciones público-privadas. "Es una cifra relevante", señaló ayer Tarrach. Estas conclusiones van en la línea, asegura, de lo que ocurre en el Reino Unido y por encima de lo que sucede en otras comunidades de España.
Las ejecuciones en el sector privado han ido creciendo en Cataluña en los últimos años, además de por los habituales conciertos en salud y educación, debido a infraestructuras como la línea 9 del metro de Barcelona. El profesor de ESADE Ángel Saz afirma: "Es esperable, dada la situación en la que se encuentra nuestra economía, que esta cifra pueda crecer" con el nuevo Gobierno. Como los mayores riesgos asociados a la externalización de bienes y servicios, ESADE señala en su estudio la corrupción y la posible influencia en la competencia.
Del análisis del presupuesto de la Generalitat en 2009 realizado por Tarrach, se desprende que el 8% del PIB de Cataluña acaba en empresas privadas. La cooperación público-privada del año pasado se centró en dos grandes ámbitos: gastos corrientes y suministros, y sanidad y educación concertadas. La externalización representó un 30% del gasto del paquete de salud (se destinaron 2.845,4 millones de euros a servicios de centros sanitarios privados y mixtos) y un 20% en conciertos educativos (1.018,9 millones). ESADE no incluye en sus cuentas los mercados regulados ni concesiones que obtienen retorno a través de peajes.
"Creemos que [el dinero para colaboración con el sector privado] aumentará porque la Administración se irá renovando mediante externalización. Todo apunta a que el copago ha de ser una línea de futuro a tener en cuenta", aseguró Saz, quien añadió que aumentar, por ejemplo, la plantilla de manera "externa" es más práctico y más barato que con contrataciones públicas en puestos de poca responsabilidad.
En opinión de Tarrach, no hay que abrir un debate sobre si es mejor "más Estado o más mercado", sino que se debe explotar el punto de intersección entre ambos. "La crisis potencia la combinación. Hemos visto hace poco como el Estado ha tenido que introducirse en el mercado para sostenerlo", dijo Saz.
A pesar de que ha sido en los últimos años cuando los proyectos de colaboración han experimentado su mayor crecimiento, en Cataluña ya hay una larga tradición de gestión privada en los servicios públicos. El vicepresidente del Centro Sector Público-Sector Privado del IESE, Joaquim Triadú, asegura que la clave está en que "el negocio sea rentable a través de un sistema de precios públicos". Pone como ejemplo la inspección técnica de vehículos (ITV). "Si lanzan proyectos de colaboración sin retornos, los proyectos irán quedando desiertos, porque el dinero se tiene que ir a buscar a los bancos", recuerda. Para Triadú, estos convenios se pueden dar en casi todos los ámbitos, salvo los que impliquen la "autoridad" de la Administración, como el régimen sancionador.
La empresaria Maria Reig, que impulsa la plataforma Barcelona Global para atraer proyectos de inversión a Barcelona, opina que las Administraciones deben dar otra vuelta de tuerca a estos proyectos. "Hay que coinvertir, pero también se debe dar entrada al sector privado para coplanificar, coevaluar, codecidir y cogestionar", explica. Reig reclama, además, que los proyectos públicos que se contraten a empresas, en especial los que vayan acompañados de subvenciones, sean evaluados continuamente para comprobar su calidad.
La tarea de crear infraestructuras y reducir el déficit público
Impulsar nuevas infraestructuras y reducir el déficit público son los dos deberes de la Administración pública para salir de la crisis. Una receta compleja y no exenta de contradicciones que los Ejecutivos central y autónomos quieren afrontar con la movilización del capital privado. Sobre la mesa está el Plan Extraordinario de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, que trata de canalizar 17.000 millones de euros. La Generalitat, por su parte, se planteó cómo sufragar programas como el de la remodelación de barrios o los de investigación y desarrollo a partir del capital privado.
El jefe del Servicio de Estudios Económicos y Sociales de Fomento del Trabajo, Salvador Guillermo, explica que para que estos proyectos salgan adelante la clave es cómo se reparte el riesgo y la rentabilidad para las empresas. "Los riesgos siempre existen, pero hay que definir cuáles debe asumir el sector público y cuáles el privado", explica.
Al fin y al cabo, los proyectos requerirán capital de las entidades financieras, a las que habrá que asegurar que sus préstamos están a salvo. Y a juicio de Guillermo, el rescate de las radiales madrileñas por parte del Ejecutivo central no es buen precedente para los bancos que deben financiar el plan de infraestructuras. Para ello, opina Guillermo, el proyecto también debe ser atractivo para la empresa, por la rentabilidad o por los incentivos fiscales de los que pueda beneficiarse.
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