AENA abre ya 442 expedientes y Rubalcaba advierte de un "plan B"

Los controladores aéreos han capitulado, pero después de haber colapsado el espacio aéreo español durante 24 horas clave por coincidir con el arranque del puente de la Constitución. Así que habrá consecuencias. Y en varios frentes. "Ahora toca hacer justicia", enfatizó ayer el ministro de Fomento, José Blanco, en la rueda de prensa en la que daba ya por normalizado definitivamente el nivel de actividad en toda la red.

AENA, el ente público que gestiona los aeropuertos, ya ha abierto los primeros 442 expedientes disciplinarios a los controladores por faltar a su puesto sin justificación, que pueden implicar sanciones económicas e incluso la pérdida del puesto de trabajo, al margen de penas por las diligencias abiertas por la fiscalía.

Los controladores no han realizado una huelga legal en toda la historia

En los próximos días puede aumentar el número de expedientados, según fuentes del Ministerio de Fomento. "La mayoría alegó encontrarse indispuesto para trabajar pero no permitían un examen médico", apuntó Blanco.

El Gobierno planea agotar los 15 días de estado de alarma decretado el sábado, con lo que la situación excepcional se prolongará hasta el 18 de diciembre, aunque la normalidad vuelva al transporte aéreo, señalaron las mismas fuentes.

Con la situación actual, el Ejecutivo también ve improbable que prorrogue esta situación, lo que además requiere el apoyo del Congreso de los Diputados, aunque el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, no cerró del todo la puerta. Es más, Rubalcaba lanzó un aviso a navegantes: en el caso de que tras finalizar el estado de alarma se produzcan problemas nuevamente, aseguró que existe un "plan B" preparado por el Ministerio de Fomento, ya que "hay una responsabilidad a exigir" y una serie de leyes que el Gobierno aplicará si es necesario, señaló en declaraciones a la cadena Ser. "Quien echa un pulso con el Gobierno, lo pierde", sentenció luego Cope.

Mientras dura el estado de alarma, no habrá negociaciones con USCA, sindicato de controladores, un bloqueo que también afecta a otros frentes abiertos con la plantilla de AENA y el sindicato de pilotos, el SEPLA.

Y es que el caos aeroportuario estalló la semana en que el anuncio de privatización parcial de AENA había desatado las críticas de los empleados del ente público. Y también coincidió con el amago del sindicato de pilotos de convocar protestas en Navidad para exigir que se regulen sus tiempos de trabajo y descanso, aunque luego dieron marcha atrás.

La diferencia es que este colectivo planteó la posibilidad de un paro legal, con un plazo de preaviso y servicios mínimos. Y los controladores aéreos españoles no han llevado a cabo una huelga oficial en toda la historia. Sus protestas laborales se han manifestado hasta ahora a través de paros encubiertos o de celo: en enero de 1981 para encontrar algo parecido, un paro de celo que obligó a cancelar un congreso de UCD en Palma de Mallorca. Y en 1976 hubo huelgas de celo en este sector, que entonces dependía del Ministerio del Aire, y se atribuyeron los problemas "a ciertas deficiencias técnicas que obligan a los controladores a tomar medidas restrictivas encaminadas a lograr una mayor seguridad en su trabajo".

El gremio sí convocó una oficial en 1988 por reivindicaciones salariales, pero llegaron a un acuerdo y se desconvocó.

También el pasado verano, con el conflicto por la jornada y el salario al rojo vivo, aprobaron en asamblea la realización de paros en pleno mes de agosto, pero jamás formalizaron la convocatoria ni fijaron las fechas, lo que puso en vilo a toda la industria turística durante varios días. Un pacto para retomar las negociaciones con AENA les llevó a renunciar a la protesta. Hoy el diálogo está de nuevo roto.