Otro plan anticrisis

El Gobierno reformará las pensiones el 28 de enero aunque no haya pacto

El Estado ingresará 230 millones menos por la bajada de impuestos a pymes

"El tiempo se ha acabado". Haya o no haya acuerdo político sobre la reforma de las pensiones, el Gobierno aprobará su propuesta el 28 de enero y la enviará al Parlamento para su tramitación, según anunció ayer el vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el que se aprobaron además las medidas anunciadas el miércoles por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Esa fecha límite que fijó ayer el Ejecutivo supone cierto adelanto sobre lo reiterado ese mismo día por el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, en la comisión parlamentaria de seguimiento del Pacto de Toledo. Gómez mostró su confianza en que la comisión tenga listas sus recomendaciones este mes, para aprobar la reforma en el primer trimestre de 2011.

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Rubalcaba explicó que la fijación de fecha "no significa" que el Gobierno renuncia a que haya un acuerdo sobre los asuntos fundamentales: retraso de la edad de jubilación (de los 65 a los 67 años) y ampliación del tiempo de cotización para calcular la pensión, como planteó el Gobierno en enero pasado. "Lo que vamos a hacer es trabajar más intensamente" en busca de ese pacto, añadió el vicepresidente.

El mensaje tenía un doble destinatario: por un lado, los agentes sociales y políticos para que busquen el acuerdo -"para que todo el mundo sepa a qué atenerse", dijo Rubalcaba- y, por otro, los mercados financieros, que han dado cierta tregua sobre a la deuda española después de las turbulencias de la última semana. La vicepresidenta económica, Elena Salgado, insistió en que esas turbulencias no responden a un cambio en "los fundamentales" de la economía española pero explicó que a su juicio el hecho de establecer la fecha límite para la reforma de las pensiones "tiene que dar confianza".

Salgado dio cuenta de las medidas económicas que había avanzado Zapatero, entre ellas la ampliación del contrato de 1.500 orientadores laborales hasta 2012 y la contratación de otros tantos a partir de febrero. Ese refuerzo de los servicios públicos de empleo se dirigirá especialmente a ofrecer atención personalizada a los parados que hayan agotado la prestación de 426 euros, a la que se dejará de acceder en febrero. Salgado no aclaró si se articularán otras medidas para quienes ya no perciban siquiera esa cantidad, como se había apuntado previamente.

Para reforzar la Seguridad Social, los funcionarios que se incorporen a las Administraciones públicas se integrarán en ese el sistema en vez de en el de clases pasivas (con un millón de trabajadores públicos, excepto los militares y miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado).

La vicepresidenta explicó que la rebaja en el impuesto de sociedades para las pequeñas empresas (hasta 10 millones de facturación) costará a las arcas públicas 230 millones en 2011, una cantidad "asumible" para el Estado, dijo, que se compensará con creces con el incremento de los impuestos del tabaco (780 millones).

Se elimina además la obligación del pago de cuotas a las cámaras de comercio (se establece un periodo transitorio durante 2011), se suprime el impuesto sobre los actos jurídicos documentados en algunos supuestos y se permite la amortización libre de activos que se adquieran a partir de hoy, sin requisitos previos.

Asimismo, crear una sociedad con 3.000 euros de capital llevará solo un día y 100 euros y se elimina la obligación de publicar en prensa anuncios relativos al cambio de sede de la empresa o convocatorias de juntas de accionistas.

* Este artículo apareció en la edición impresa del sábado, 04 de diciembre de 2010.

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