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Anticorrupción investiga al PP de Coslada por un pabellón

La Fiscalía Anticorrupción investiga la adjudicación del pabellón de deportes El Plantío de Coslada en 2006 por la anterior corporación municipal, encabezada entonces por el ex alcalde del PP Raúl López. La concesión investigada contó con un presupuesto inicial de 27,8 millones, que se elevó posteriormente hasta los 33 millones. La oferta ganadora era la quinta según la cuantía, más de cinco millones de euros por debajo de la mejor clasificada.

El concurso para la construcción del pabellón de Coslada que investiga la Fiscalía Anticorrupción se resolvió gracias a que la sociedad ganadora prometió acabar la obra en 64 semanas, un periodo muy por debajo del previsto por el resto de empresas. Al final la obra se demoró más de año y medio respecto a lo previsto, pese a que la sociedad que se adjudicó este contrato se había comprometido a finalizar los trabajos 30 semanas antes que lo previsto por otras empresas. El criterio temporal hizo posible que la unión temporal de empresas encabezada por Constructora Hispánica se hiciera con esta jugosa adjudicación. El propietario de Hispánica era entonces el empresario Alfonso García Pozuelo, imputado en el Gürtel como presunto autor de sobornos millonarios a numerosos políticos del PP. Recientemente García Pozuelo ha ingresado 20 millones de euros en la Agencia Tributaria, al mismo tiempo que ha decidido colaborar con la investigación del caso Gürtel.

Para esclarecer la adjudicación del pabellón, el Ministerio Público ha enviado varios requerimientos al Consistorio solicitando información sobre este polémico expediente que se adjudicó por la vía de urgencia. El PP, con el apoyo del Partido Independiente de Coslada (PIC), otorgó esta jugosa obra a la quinta mejor oferta de las seis presentadas, y por un precio inferior (27,8 millones) al previsto en la licitación, que era de casi 37 millones.

El primer requerimiento de Anticorrupción se envió en noviembre de 2009, y en él la fiscalía solicita numerosa documentación del expediente del pabellón de El Plantío. En este sentido, tanto el ex alcalde del PP, Raúl López, como el concejal de los independientes, José Huélamo, negaron haber sido citados a declarar por este caso.

Entre la documentación que obra en poder de la fiscalía se encuentra el acta de la reunión de la mesa de contratación celebrada para adjudicar el pabellón, la principal obra de Coslada en la anterior legislatura. Este documento demuestra que en la reunión celebrada el 27 de noviembre de 2006 el presidente de la mesa de contratación del Consistorio en su condición de concejal de Hacienda, el independiente José Huélamo, defendió la decisión del Consistorio pese a que era la quinta mejor oferta económica: "Está claro que no es una subasta y no tiene que otorgarse a la más económica". Sin embargo, Huélamo destacó en su intervención en la mesa de contratación que el Ayuntamiento había previsto que la obra se finalizara en 24 meses, mientras que la empresa ganadora se comprometía a hacer el pabellón en 16 meses. Este punto del expediente le otorgó a Hispánica 10 puntos más, algo que fue determinante en el concurso. Según el concejal, fue una estrategia de la empresa para obtener la mayor puntuación en este apartado. "Saben que en la práctica luego no pasa nada porque tarden más en ejecutarlas. Por eso debemos limitar el plazo mínimo para que las ofertas fuesen coherentes con lo establecido en el proyecto y los pliegos".

El arquitecto municipal aseguró, según el acta al que ha tenido acceso EL PAÍS, que la reducción en plazo de la ejecución que presentan las empresas "está justificada" en las propuestas técnicas, y que en esta obra la puntuación que se otorgaba al plazo de ejecución era "muy poca" en relación con otras obras municipales.

No obstante, el edil Huélamo se lamentó de que los pliegos que regían la adjudicación favorecían a las grandes empresas: "Que no dicen la verdad en cuanto a los plazos de ejecución, medios materiales y medios técnicos. Aunque te los justifican, porque saben que luego no se suele comprobar ni exigir responsabilidades". Para evitar esta situación, Huélamo abogó por poner unos techos máximos más realistas en cada una de las puntuaciones establecidas en los pliegos de condiciones, como por ejemplo en los plazos.

La declaración del concejal independiente provocó que el interventor municipal explicara la necesidad de "vigilar" las obras y comprobar que realmente los técnicos adscritos sean los que se incluyen en la oferta. Pero el concejal del partido independiente volvió a pedir la palabra asegurando que la diferencia entre la mejor y la peor oferta económica era de alrededor de tres millones de euros: "Con ese dinero se podían haber realizado multitud de mejoras".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 3 de diciembre de 2010