"Puse mi dinero inocentemente"
Nadie contesta desde hace un mes. El teléfono del Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT) sigue sonando, pero nadie quiere descolgarlo desde que el 27 de octubre varios agentes de la Guardia Civil entraron en la sede, detuvieron a algunos de los presentes y se llevaron equipos informáticos y documentación impresa. A algunos de los interesados que han pasado estos días por allí se les ha respondido que se estaba haciendo una auditoría. Ayer ni siquiera estaba la puerta abierta.
Hasta ese día, el sindicato atendía a quien quería una formación rápida, sin complicaciones. En los pasillos del hospital Puerta del Mar de Cádiz era general el comentario sobre la facilidad con la que allí se obtenían estas titulaciones, según José Antonio Aparicio, de CC OO. "Quizás la Junta de Andalucía haya hecho la vista gorda aunque, hasta ahora, nadie había probado nada".
Los foros de oposiciones en Internet eran ayer un hervidero. Las opiniones se dividían entre los que ya tienen un título del SIT o alguno validado por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias y temen ahora perder su validez, y los que encargaron recientemente los cursos pero nunca recibieron los certificados. Pagaron, pero la operación les ha dejado sin títulos. Es el caso de Juan Bea, que abonó 450 euros por cuatro cursos. Aspiraba a promocionarse en su empresa. "Somos muchos los que pusimos inocentemente nuestro dinero e ilusión en una formación inexistente", lamenta. "Pido justicia. Lo que deseamos es que se resuelva cuanto antes y nos den nuestros títulos o, si no es legalmente posible, nuestro dinero".
Estos afectados han empezado a agruparse. José Luis Lloret lamenta haberse quedado sin título a una semana de que se cierre la bolsa de empleo en la que aspiraba a entrar. Ahora no reúne los puntos suficientes. Él defiende la legalidad de los cursos. "Es una formación a distancia, y como tal, no necesita de aulas. Nos daban un libro y un cuestionario, pero había preguntas para desarrollar que te evaluaban". Contrató cinco cursos pero solo ha recibido dos diplomas. Sin esa acreditación, se queda sin el empleo ansiado. "Me dejan sin dinero y sin puesto de trabajo".
Las quejas no vienen solo de Cádiz. Los cursillistas venían de muchas provincias. Hay afectados, incluso, de Mallorca o Ciudad Real. La Guardia Civil ha intervenido casi un millón y medio de euros obtenidos con estos cursos. El lucro era grande. Fácil si se tiene en cuenta que los cursos costaban una media de 80 euros y apenas había inversión en material y mucho menos en profesorado.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Últimas noticias
‘Arancel’, la palabra del año para la FundéuRAE no habla solo de lengua, también de poder (y economía)
Claves de una cumbre que decide el futuro de Ucrania y Europa: ¿por qué es tan importante?
El Supremo ejecuta la condena a García Ortiz y activa el debate sobre su futuro en la Fiscalía
Cerdán se acoge a su derecho a no declarar en el Senado pero tampoco se calla
Lo más visto
- La población de pumas de la Patagonia se dispara gracias a una presa inesperada: los pingüinos
- El Supremo ordena al ex fiscal general el pago de la multa y la indemnización a la pareja de Ayuso que le impuso al condenarle
- El Gobierno de Mazón pagó 107 millones de euros más a Ribera Salud al aumentar su aportación por ciudadano
- Víctor Manuel, músico: “El capital tiene que rectificar, nunca pensé que fueran a ser tan voraces”
- Carlos Alcaraz y Ferrero rompen tras siete años: “Llegan tiempos de cambio para los dos”




























































