Los planes industriales del reparto eólico de Fraga se incumplieron

Muchas nubes acompañan la lluvia de millones que el pasado 19 de noviembre anunció el conselleiro de Economía, Javier Guerra, a cuenta de la resolución del "mayor concurso eólico de la historia de Galicia", en el que se repartieron 2.325 megavatios.

Tras la fanfarria de la presentación, donde el clásico power point destacaba la "transparencia, rigor, objetividad", del proceso, ninguno de los adjudicatarios ha recibido comunicación alguna del Gobierno gallego. Si no fuera porque la información fluye por el sector, nadie sabría más que lo que ha publicado la prensa porque, al menos hasta ayer, el Diario Oficial de Galicia no había publicado la resolución.

Cuando vea la luz, el fallo "aclarará" lo que, según la Consellería de Economía, ya estaba claro: que los grupos que no hayan recibido el mínimo de megavatios fijado por ellos mismos para desarrollar los planes industriales pueden hacerlo igualmente y no están obligados a monetarizarlos. Si no fuera así, como contrariamente interpretan muchas empresas del sector al leer la orden, Gas Natural estaría obligada a transferir a la Xunta unos 700 millones de euros o, de lo contrario, tendría que renunciar a la adjudicación. "Las empresas se arriesgaban a tener que convertir en dinero su aportación. Esa era precisamente la mayor garantía de que los planes industriales se iban a cumplir", cita un experto. En esa tesitura estarían muchas otras empresas que tendrían que ingresar en un fondo de capital riesgo de la Xunta unos 1.000 millones entre todas. Esa es la sombra principal de un concurso que aspira a corregir errores del pasado.Las grandilocuentes declaraciones de Javier Guerra escuecen. "¿Quién en su sano juicio cree que en plena crisis se vayan a invertir 6.000 millones, el equivalente al 10% del PIB gallego, en un sector donde las primas no están claras?", reflexionaba la semana pasada uno de los grupos que no consiguió megavatios. Según el conselleiro, y pese a la incertidumbre sobre las primas a partir del 2014, con el concurso se crearían 13.266 empleos, la mayoría en el área de la energía, gracias a planes industriales que suponen una inyección de 2.166 millones. Esos planes serán objeto de control a través de una comisión que estará presidida por el director xeral, Ángel Bernardo Tahoces.

La Xunta no ejerció su papel a la hora de supervisar los proyectos

En repartos anteriores también se quiso primar el desarrollo de la energía limpia en Galicia. Ese impacto positivo existió, pero los compromisos asumidos por los promotores no se cumplieron ni por asomo como estaban proyectados.

Los 18 Planes Eólicos Empresariales aprobados al amparo del decreto 205/1995, gestado en la etapa de Manuel Fraga, obligaban a los titulares a realizar una serie de inversiones para poner en marcha los parques. Para apoyar el tejido productivo, los promotores comprometían a valerse de empresas gallegas y, además, a comprar en Galicia una parte de los componentes (multiplicadores, palas, fustes, componentes eléctricos). Eso, al margen de gastarse ocho millones de euros en investigación eólica. A cambio recibieron el derecho a transformar el viento en energía eléctrica.

Ahora, 15 años después, un estudio de la Universidad de Vigo dirigido por el economista Xabier Simón y titulado Plans eólicos empresariais no sector eólico galego, analiza con detalle qué pasó con aquellas promesas. La conclusión es que la mayoría de los planes industriales no se cumplieron y la Xunta, por su "escaso papel de supervisión", no hizo nada para remediarlo. Grupos como Desa, Montouto, Ecyr y Easa incumplieron en todo o en parte los proyectos que debían poner en marcha en unos plazos estipulados frente a empresas que, como Gamesa o Eurovento, superaron con creces los objetivos. En un término medio se situaría Acciona.

En 2007 vencieron 12 de los 18 planes para invertir globalmente 2.924 millones, de los cuales 2.535 debían ir a parar a empresas gallegas. "Se puede concluir que la totalidad de los planes eólicos incurrieron en un desfase de inversión de 191 millones", argumenta el trabajo, basándose en los propios informes que las empresas entregaban cada tres meses a la consellería. Planta Eólica de Galicia SA (PEGSA), actual Montouto, se comprometía a desarrollar una fábrica de ensamblaje de aerogeneradores en Lugo que iba a crear 35 empleos entre 2004 y 2006 con una inversión de 2,6 millones. Nunca se materializó. Endesa (Ecyr es su actual titular) proyectaba una fábrica de palas entre 2000 y 2005 y otra de ensamblaje de multiplicadores en A Coruña sobre las que "no se tiene constancia". Sin embargo, la Xunta autorizó en 2003 una modificación del plan con nuevas adjudicaciones basándose en el "satisfactorio", el desarrollo de sus inversiones productivas.

Ecotécnia, actual Easa, que vinculó sus parques a una inversión de medio millón de euros en el periodo 1996-2006, ejecutó la "insignificante" cantidad de 1.269 euros. Las dos fábricas de su plan industrial en As Somozas y Narón comenzaron a construirse en el último año de los plazos marcados y, aunque finalmente arrancaron, no lo hicieron a tiempo. Desarrollos Eólicos SA (Desa), asumió en 1996 la creación de seis instalaciones, cinco destinadas a la fabricación de componentes de aerogeneradores y otra para mantenimiento de los parques. La inversión alcanzaba los 3,5 millones con la creación entre 164 y 203 puestos de trabajo. "No se tiene constancia de ninguna imposibilidad técnica o causa de fuerza mayor para evitar que Desa no llevase a cabo sus compromisos", pero lo cierto es que los incumplió todos.