Empleo revisará los 80.000 expedientes de ayudas sociales para evitar el fraude
Zabaleta subraya la necesidad de ofrecer "tranquilidad" a los contribuyentes
Poner coto al fraude e impulsar la transparencia en la tramitación de las ayudas son dos de los principales objetivos del Departamento de Empleo y Asuntos Sociales, que va a revisar por primera vez uno por uno los cerca de 80.000 expedientes de ayudas sociales que están abiertos hoy en día en Euskadi. Técnicos de Empleo y de Hacienda realizarán el trabajo durante los próximos seis meses, que se extenderá a todos los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), las Ayudas de Emergencia Social (AES) y la prestación complementaria de vivienda.
La consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma Zabaleta, anunció ayer esta medida, con la que se prevé identificar casos de posible fraude en las ayudas sociales, para dar la "tranquilidad" necesaria a los contribuyentes de que cobran las ayudas quienes deben hacerlo. Al mismo tiempo, la iniciativa contribuirá a conocer la verdadera situación y el perfil de los perceptores, con lo que se podrán evitar imágenes inexactas en la sociedad que vinculen el fraude con determinados colectivos sociales.
Diputaciones y Ayuntamientos son competentes para suspender ayudas
A día de hoy, Diputaciones y Ayuntamientos ya realizan este trabajo al tramitar el pago de estas prestaciones, pero el Gobierno asumirá por primera vez una inspección adicional de este tamaño. Sus resultados podrían resultar incómodos para los otros dos niveles institucionales en caso de que se ponga de manifiesto que un número considerable de expedientes no cumplen las condiciones legales, ya que revelaría la necesidad de un mayor control.
La Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social, aprobada a finales de 2008, permite la comprobación por el Ejecutivo. El texto establece la posibilidad de revisar los expedientes de forma periódica.
¿En qué consistirá esta revisión? Durante seis meses, técnicos de las consejerías de Empleo y Hacienda, cruzarán datos para comprobar si han cumplido las condiciones los 54.089 perceptores de Renta de Garantía de Ingresos, de los que 14.807 cobran también la prestación de vivienda, y las en torno a 19.000 que reciben las Ayudas de Emergencia Social. La inspección vigilará si los perceptores tienen la cartilla de paro actualizada como demandantes de empleo reales; si no cuentan con otros inmuebles además de la primera vivienda, que no se contabiliza al considerar los bienes del solicitante; si no superan los límites económicos establecidos y si se cumplen los requisitos de empadronamiento. Para cobrar la renta de garantía y la prestación de vivienda resulta necesario un año de empadronamiento, que en el caso de las AES baja a la mitad. Además, se confirmará que no existen más de dos perceptores por hogar.
Empleo y Asuntos Sociales ya ha realizado este mismo año una revisión previa para identificar cuántos perceptores de la antigua renta básica no figuran dados de alta en el Servicio Estatal de Empleo -el antiguo Inem-. Más de mil personas no cumplían el requisito. La nueva inspección incluirá este punto, junto a otros.
En caso de identificar posibles fraudes, el Ejecutivo solo podrá informar a las Diputaciones y los Ayuntamientos. De ser así, ambos tienen encomendada la tarea de suspender los subsidios, las Diputaciones en el caso de la renta de garantía y las prestaciones de vivienda, y los consistorios en el de las AES. Hoy en día las ayudas se difuminan en el complejo sistema institucional vasco: el Gobierno aporta todo el dinero, salvo en el caso de las ayudas de emergencia, que cubre hasta el 75%. Los Ayuntamientos tramitan las peticiones, que las Diputaciones aceptan, rechazan o, en su caso, suspenden.
Fuentes del departamento aseguran que, en caso de identificar un caso fraudulento de cobro de ayudas que las Diputaciones se nieguen a suspender, el Ejecutivo no enviará el dinero correspondiente a los entes forales para su pago.
El nuevo servicio de empleo Lanbide terminará con esta complejidad cuando empiece a gestionar la renta de garantía y la prestación complementaria de vivienda en 2011. Sin embargo, para ello será necesaria una modificación de la ley de 2008, lo que no se hará hasta bien entrado 2011 debido a los tiempos necesarios para el trámite parlamentario. A partir de entonces, Lanbide también suspenderá las ayudas a los perceptores que no participen en las actividades de formación. En la prueba que están haciendo ocho municipios, estos casos suponen el 6,9% de las personas.
