Dublín adelanta la aprobación del recorte para calmar al mercado

Medio Dublín rugía ayer. Pero no contra sus bancos, o contra el nuevo tijeretazo que prepara el Gobierno. Irlanda se enfrentaba anoche a Nueva Zelanda en rugby. Pan y circo: esto no es Francia. Apenas hay señales de protesta en las calles, más allá del malestar cuando se pregunta por la banca y el mercado de bonos, del que se habla incluso en los pubs. En Irlanda nunca ha habido una huelga general. Y por ahora no hay nada parecido en el horizonte: los sindicatos han convocado una manifestación para el próximo sábado. El ambiente, eso sí, se va caldeando: el líder sindical Eamon Devoy advirtió ayer de "graves disturbios sociales" y reclamó una "campaña de desobediencia civil" si el Gobierno -al que acusó de "negligencia criminal" en la gestión de la crisis- se resiste a convocar elecciones.

Sarkozy dice que la subida fiscal a las empresas no condiciona el apoyo

De momento, el partido que gobierna -el liberal Fianna Fail, la formación históricamente dominante en Irlanda, con extrañas conexiones con alguno de los bancos con más problemas- ha rechazado las peticiones de dimisión. En los últimos días se ha dedicado a admitir que el rescate es inevitable, y que incluso puede ir más allá de un salvavidas para sus bancos y alcanzar al propio Estado. Pero Irlanda sigue jugando sus bazas: el Consejo de Ministros aprobará hoy el segundo y draconiano plan de recortes -6.000 millones en 2011, y 15.000 millones en cuatro años- para evitar que sea percibido como una imposición europea.

El objetivo último es salvaguardar el impuesto de sociedades del 12,5%, una rareza en Europa, que ha permitido a Irlanda atraer a un millar de multinacionales en la última década y cosechar innumerables acusaciones de competencia fiscal desleal por parte de sus socios. Los mismos socios que ahora van a rescatar a sus bancos, y puede que al propio Estado.

El Ejecutivo del primer ministro Brian Cowen -cada vez más impopular y con una exigua mayoría parlamentaria- avanzó que el plan, detallado en un documento de 160 páginas, se presentará el martes, e incluirá el compromiso de mantener intacto el Impuesto de Sociedades, según fuentes oficiales. El objetivo es que sea considerado un paquete de austeridad propio, sin imposiciones -"aunque con aportaciones del FMI", reconoció al Irish Times un alto funcionario- y que permita calmar las aguas en los mercados de bonos. "Irlanda acorta los plazos previstos para ganar tiempo. Tendrá que anunciar severos recortes en las inversiones y en el gasto corriente, y posiblemente subidas de impuestos. Pero su objetivo es mantener intacto el impuesto de sociedades, una pieza fundamental de su economía: una subida abocaría al país a una recesión profunda casi con toda seguridad", aseguró Antonio García Pascual, de Barclays.

El ministro de Finanzas, Brian Lenihan, ha asegurado que ese 12,5% es una "línea roja" que Dublín no va a cruzar bajo ningún concepto.

Y, sin embargo, las presiones arrecian. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, aseguró en la cumbre de la OTAN, en Lisboa, que Francia espera una subida del Impuesto de Sociedades (en la línea de las peticiones de otros países como Finlandia y Austria, o de la propia Comisión Europea), aunque dejó claro que esa no será una condición a la hora de aprobar el rescate. Alemania aún no ha dejado clara su posición al respecto. La canciller Angela Merkel aseguró también en Lisboa que todos los miembros de la eurozona pueden tener acceso "al paraguas de protección" que ofrece Europa, pero se limitó a decir que "todo lo demás son cuestiones para cada país" con relación al debate sobre la fiscalidad empresarial. Suecia, además, se sumó a Reino Unido y ofreció un préstamo bilateral si Irlanda lo pide, tal y como ya ha sucedido en crisis parecidas, como en Letonia e Islandia.

Tanto los funcionarios del FMI como los de la Unión Europea seguían ayer analizando la magnitud del agujero bancario, que condicionará todo el rescate y que oscila entre los 45.000 y los 90.000 millones de euros, según distintas fuentes, en función de si afecta solo a los bancos o de si también el Estado tiene acceso a esos fondos. Hay estimaciones aún superiores, pero el Gobierno ha asegurado que en ningún caso se alcanzarán los 110.000 millones de euros que pidió Grecia el pasado mayo.