El apoyo de Aguirre a la escuela privada costará 90 millones

Los efectos de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos agitaron ayer la Asamblea de Madrid. El grupo socialista criticó algunas medidas incluidas en la ley escoba, como el incremento de la deducción por escolaridad que beneficia a los padres con hijos en colegios privados. "Es un regalo fiscal que beneficia a las rentas más altas. Usted le quita el dinero a los pobres para dárselo a los más ricos", proclamó en la Asamblea de Madrid la diputada socialista, Mercedes Díaz Massó.

La Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2011, conocida como ley escoba porque es la norma que utiliza la Comunidad de Madrid para realizar modificaciones legislativas de última hora, incluye un aumento en la deducción para los gastos asociados a la enseñanza obligatoria no gratuita. La norma impulsada por el PP de Esperanza Aguirre amplía los tramos de renta y la cuantía que recibirán los padres. Aguirre responde así a las peticiones de la patronal de los centros privados (Acade), que le reclamó más ayudas. La nueva ley triplica los 10.000 euros anuales de renta por cada miembro de la familia hasta 30.000 euros al año, lo que supone que una familia de tres miembros con ingresos de 90.000 euros anuales tendrá deducciones. Además, también se incrementan las ayudas anuales de 500 a 900 euros por cada hijo. "La Comunidad de Madrid dejará de ingresar cerca de 90 millones de euros", aseguró la parlamentaria socialista que hizo el cálculo atendiendo a los datos de ingresos fiscales por IRPF que se obtuvieron cuando se implantó por primera vez la medida con una deducción menor.

Elimina órganos que cuestan menos que sus campañas de publicidad

El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, no desmintió el cálculo del PSM y se acogió a su ideario liberal. "Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir servicios", señaló y propuso: "Lo ideal sería dar un cheque escolar a todos los ciudadanos para que puedan elegir".

El debate se centró también en la eliminación de organismos regionales como el Consejo de la Juventud o el de la Mujer. "Acaba con casi todos los órganos de participación social a pesar de tener un coste cero", aseguró Maru Menéndez, portavoz parlamentaria del PSM. Con la supresión del Consejo de la Juventud y de la Mujer, la Comunidad de Madrid se ahorra unos 500.000 euros. Sin embargo, el pasado septiembre la Comunidad adjudicó una campaña de publicidad para divulgar las actividades de la Dirección General de Juventud por 1.562.320 euros. Unos meses antes, Educación suscribió un contrato para difundir la campaña de apoyo al profesorado por 1.700.000 euros. Y la semana que viene adjudicará otra campaña de publicidad por 1,2 millones para Sanidad.