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Entrevista:EVA MENOR | Alcaldesa de Badia del Vallès

"La denuncia ante la fiscalía puede tener consecuencias impredecibles"

Eva Menor (Madrid, 1974), abogada de profesión, asumió la alcaldía de Badia del Vallès por el PSC en marzo de 2009, tras la dimisión de José Luis Jimeno. Iniciaba así su mandato en plena crisis, que ha azotado con dureza a este municipio y que ha dejado en el paro al 22% de sus vecinos. Muchos de ellos, los últimos en llegar, los inmigrantes marroquíes. Al menos 80 de estas familias se han visto obligadas a dejar de pagar su hipoteca y, al verse amenazadas de desahucio, han descubierto que les vendieron el piso por un precio hasta 14 veces el máximo permitido para las viviendas sociales. Excepto un edificio, la totalidad de las más de 5.000 viviendas de Badia son de protección oficial, pero en los años de la especulación inmobiliaria muchos de ellos se vendieron ilegalmente a precio de mercado.

"Yo misma y los vecinos avisamos a la Generalitat del fraude en los pisos"

"Adigsa tenía que controlar esto. Hay que revisarla. Es ineficaz"

Pregunta. ¿Desde cuándo se sabe que existía el fraude?

Respuesta. Era un tema conocido en el municipio. El Ayuntamiento no ha recibido nunca una denuncia oficial, ni de compradores ni de vendedores. Al tratarse de pisos públicos, es la empresa pública de la Generalitat, Adigsa, la que debe controlar que esto no pase. El Ayuntamiento, y yo personalmente, ya habíamos informado a Adigsa de lo que pasaba, al menos desde hace 10 años.

P. ¿Cómo se ha podido llegar a esta situación?

R. Los pisos de Badia, aunque sean públicos, pertenecen al tráfico privado, de manera que es el propietario quien decide a quién le vende el piso y Adigsa comprueba que el comprador cumpla los requisitos para acceder a un piso público. El problema es que aquí cada uno ha puesto los precios que le ha dado la gana. Nos consta que la Asociación de Vecinos incluso había enviado a Adigsa fotos de carteles de agencias inmobiliarias donde se veía a qué precio se estaban vendiendo los pisos. En la escritura de compraventa que se presentaba ante Adigsa constaba que el piso se vendía al precio legal. Ante lo que hacía el particular por detrás, y si ha habido dinero negro y el banco lo permitía, aunque las Administraciones lo sepamos, no podemos poner un detective privado para cada compraventa. El problema ha sido la crisis, pero si los propietarios hubieran podido pagar las hipotecas, aquí no habría pasado nada.

P. ¿Si el problema se conocía desde hace años, por qué no se ha hecho nada?

R. Esto habría que preguntárselo a Adigsa. Es una empresa pública que es necesario revisar, porque es bastante inoperante e ineficaz. Nosotros estamos en contacto con ellos frecuentemente y sus respuestas siempre nos llegan muy tarde.

P. ¿Quién es el culpable de lo que ha pasado?

R. Lo fácil es culpabilizar a los bancos y cajas, pero si hablamos de esta supuesta estafa inmobiliaria, habrá que decir que tanto el vendedor, como el notario y el comprador son unos estafadores. Por un lado, creo que el que estaba vendiendo el piso no era consciente de la magnitud de la tragedia y de la que estaba liando. Lo que quería hacer es vender su piso a un precio de mercado para irse a otro municipio. Pero también el comprador sabía que se estaba hipotecando por 180.000 euros y que ese dinero tendría que devolverlo al banco. Tampoco hay que olvidar a las inmobiliarias y a la Generalitat. La responsabilidad es compartida.

P. ¿Cuántos afectados calculan que puede haber?

R. Es difícil de saber, porque, en papel, todas las compraventas han sido legales. Pero en el Ayuntamiento tenemos constancia de unas 80 familias afectadas, que son las que han venido a pedirnos ayuda. Pero sabemos que hay familias que están intentando resolverlo por su cuenta, renegociando directamente con el banco.

P. ¿Qué solución les queda a los afectados?

R. El acuerdo entre la Generalitat y CatalunyaCaixa -la entidad bancaria se queda con las viviendas de los afectados, revalorizadas y, a cambio, les perdona la deuda y les deja permanecer en el piso en régimen de alquiler- es la única solución factible y se puede aplicar de forma inmediata.

P. ¿Qué se está haciendo para que esto no vuelva a pasar?

R. Creo que lo principal es que los bancos y las cajas han aprendido la lección. Ellos han permitido llegar a esta situación y han creado esta ingeniería financiera ficticia para otorgar varios créditos. Por otra parte, hemos propuesto la revalorización de los pisos, que puede evitar la especulación. El resto ya dependerá de Adigsa y la Generalitat, si quieren poner otros mecanismos de control.

P. ¿Cómo valora la intención de la asociación de vecinos de llevar el caso a la fiscalía?

R. Denunciar un presunto caso de estafa inmobiliaria ante la fiscalía es abrir la puerta para implicar a todos. Puede ser una bomba de consecuencias impredecibles. Nos podemos encontrar con que hay una estafa inmobiliaria, además de un delito fiscal, porque se ha escondido información a la Agencia Tributaria. Quiero pensar que nadie ha tenido la intención de estafar y que todo esto se debe a que han intentado hacer una operación que no podían por la particularidad de Badia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 16 de noviembre de 2010