La policía investiga a un nieto de Charlín por el último robo en el pazo

A punto de tener nuevos dueños, el pazo de Vista Real ha vuelto a ser objetivo de los ladrones. En esta ocasión los cacos arrancaron una de las antiguas vidrieras que jalonan las fachadas de la vivienda y que servía de luminaria a la estancia principal y a la escalera que da acceso a la capilla del siglo XVII.

Fueron los administradores judiciales que se encargan del mantenimiento de la finca los primeros en advertir el expolio, aunque al parecer habrían desaparecido también otros objetos de los muchos que permanecían almacenados desde principios de los años noventa, cuando la familia Charlín compró este caserón solariego cuya rehabilitación estaba acometiendo cuando fue embargado por la Audiencia Nacional.

El 9 de diciembre se adjudicará definitivamente Vista Real

Los ladrones han desvalijado también otros inmuebles de la familia

Las primeras averiguaciones apuntan a un nieto de Manuel Charlín como presunto autor del robo y allanamiento. De hecho, varios testigos, vecinos del lugar, en el municipio de Vilanova de Arousa, pudieron identificarle con nombres y apellidos y afirmaron haberle visto abandonando la finca días antes de constatarse los hechos.

Desde que se decretó el embargo judicial en 1995, el pazo ha sido objeto de múltiples saqueos y destrozos intencionados, al igual que otras propiedades también intervenidas como es el caso de una finca con una antigua casa de piedra que adquirieron los Charlines en Portugal, donde prácticamente ya no queda nada de valor.

El 9 de diciembre se procederá a la adjudicación definitiva de Vista Real después de que la segunda subasta quedase desierta por el 75% del precio de salida que se fijó en 2.072.816 euros. El lote ha tenido muchos pretendientes, pero el sobreelevado precio y la decisión del Ayuntamiento de Vilanova de declararlo suelo de uso público podría recortar mucho las expectativas de Hacienda.

De hecho, las previsiones de la Agencia Tributaria podrían estar muy lejos de la recaudación final que se obtenga con la venta de todo el patrimonio embargado, no decomisado, cuando lo que se pretende es que con ello los Charlines paguen las multas al Estado impuestas por sentencia firme del Supremo, que se elevan a casi 30 millones de euros por delito fiscal y de blanqueo de dinero.

En esta esperada subasta pública, que además del pazo incluía bateas, galpones, aparcamientos, pisos y un barco, se ha recaudado apenas medio millón de euros, en parte debido a que la mayoría de los lotes por los que se podía pujar o bien quedaron desiertos o se vendieron a precios inferiores al fijado para salir a la venta.

Hacienda ya prepara una nueva subasta del resto del conjunto de propiedades intervenidas en el sumario incoado en 1994, un proceso lento que podría durar varios años, teniendo en cuenta que la última fase, iniciada con la Operación Repesca, puso al clan de nuevo en la picota con Manuel Charlín al frente cuando aún no había abandonado la cárcel, tras permanecer en ella 20 años ininterrumpidos.

Con esta operación policial y la imputación de casi toda la familia de narcotraficantes en otra causa por blanqueo, la Justicia pretende saldar una deuda pendiente con el clan que logró salir bastante bien parado de la revisión que hizo el Supremo de la sentencia dictada en el año 2003 por la Audiencia Nacional, al revocar el decomiso de los bienes que los Charlines habían adquirido después de 1991, acordando su embargo.

Un año después de producirse el fallo definitivo, se subastaron los primeros bienes. La sorpresa fue mayúscula cuando, casi triplicando el precio, la familia volvió a recuperar 25 fincas en Vilanova de Arousa y la depuradora Sochar, lo que permitió a los Charlines saldar la vieja deuda que tenían con las trabajadoras de la empresa Charpo, que habían quedado en la calle cuando el cocedero fue embargado.

Fue entonces cuando se puso en marcha la última investigación patrimonial de los Charlines y que dio lugar a las últimas detenciones de miembros y testaferros del clan en julio pasado. Además de intervenir por segunda vez la depuradora Sochar, la Justicia también se incautó de 58 inmuebles y al menos tres millones de euros en efectivo que estaban depositados en bancos suizos.