Los investigadores de Gürtel buscan en EE UU 30 millones opacos de la trama

Los investigadores del caso Gürtel buscan en Estados Unidos alrededor de 30 millones de euros opacos al fisco que la trama dejó supuestamente en manos del gestor americano de inversiones Randall Lew Caruso. Este bróker o asesor financiero figura entre las cinco personas radicadas en EE UU que se hallan imputadas por el juez Antonio Pedreira por haber ayudado supuestamente a los cabecillas de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, a evadir dinero español de procedencia ilícita.

Fuentes jurídicas y financieras estadounidenses han informado a EL PAÍS que Correa es cliente de Lew Caruso, quien ahora trabaja para la firma americana Morgan Stanley Smith Barney, y que supuestamente oculta un total de "30 millones de euros". Según estas fuentes, Caruso habría admitido ante personas de su entorno profesional que gestiona una cuenta con 30 millones que pertenece "a un promotor español". Los citados medios aseguran que se trata del cabecilla de la red, Francisco Correa.

Randall Lew Caruso trabaja ahora para el banco privado Morgan Stanley

La policía ve crucial interrogar al gestor americano de los fondos de Correa

La Fiscalía de Nueva York tiene en su poder una comisión rogatoria del juez Pedreira pidiéndole que interrogue a Caruso por delitos fiscales y de evasión de capitales, entre otros. Al ser consciente de que era investigado en España, el abogado de Caruso se entrevistó el pasado 14 de junio en Nueva York con funcionarios policiales comisionados por la justicia norteamericana a instancias de Pedreira. Fue el propio abogado de Caruso el que pidió a los agentes entrevistarse con ellos. El letrado quería información sobre la situación judicial de Caruso, ya que su cliente, comentó, le había expresado "su miedo" a salir del país ante la eventualidad de que fuese detenido.

El abogado habló con los agentes tras recibir de la fiscalía de Nueva York (EE UU) un requerimiento para que compareciese en sus dependencias y prestara declaración en relación con la petición de ayuda cursada por el juez español. Los agentes informaron al abogado de los delitos de los que estaba "imputado" su cliente y del carácter secreto de las diligencias, y le conminaron a que declarase al día siguiente, 15 de junio, ante la fiscalía neoyorquina. Incluso le sugirieron la posibilidad de que prestase declaración, a través de videoconferencia, simultáneamente con Madrid.

El abogado no se comprometió a nada en ese momento, aunque horas después comunicó a los policías que ni él ni su cliente Caruso acudirían a la citación. En ese instante, Caruso trabajaba para la sociedad Merrill Lynch, pero el 16 de septiembre, al ver que sus pasos eran seguidos por la justicia, informó a Wall Street de que cambiaba su firma de operaciones a favor de la citada Morgan Stanley, a la que trasladó su bolsa de clientes, se supone que entre ellos a Correa. Morgan Stanley ha pagado una fuerte suma a Caruso por sus servicios antes de conocer sus problemas con la justicia.

La policía sostiene en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS que Correa y Crespo crearon "una estructura societaria en los Estados Unidos de América y las Islas Vírgenes Británicas a través del despacho Juris Magister, dirigido por Vicente Luis Agramunt Siurana y dedicado a la realización de operaciones inmobiliarias en Miami a través del grupo inmobiliario Fortune".

Según el citado informe, que está en poder de la justicia estadounidense, "los fondos para la realización de dichas inversiones provienen de las entradas de dinero en la cuenta que la sociedad Hilgar posee en una sucursal de Miami" de Bancaja, "dirigida por Guillermo Martínez Lluch". La firma Hilgar pertenece a Correa y es un grupo que participa, a su vez, en una decena de sociedades ubicadas en Florida (EE UU).

Siempre según el citado informe, el dinero cosechado con las inversiones inmobiliarias "era enviado después a una cuenta que la compañía Chelmi Ltd., administrada por Caruso y residenciada en las Islas Caimán, tiene en la sociedad Merrill Lynch en un banco de la república de Singapur". Los investigadores de Gürtel están convencidos de que Caruso es el "asesor financiero y persona de confianza de Francisco Correa y [su lugarteniente en la trama] Pablo Crespo", y que se trata de la persona que "creó, gestionó y administró la estructura societaria en las Islas Caimán y los fondos de las sociedades a través de las posiciones que dichas compañías tienen en la entidad financiera Merrill Lynch", donde Caruso desarrolló su actividad hasta hace unos meses, cuando fue fichado por Morgan Stanley. En el citado informe, los investigadores de Gürtel "consideran crucial" interrogar a Caruso "para determinar el destino de parte de los fondos de la organización [de Correa] generados por operaciones delictivas en España, así como el dinero ya blanqueado en operaciones inmobiliarias de carácter especulativo desarrolladas en los Estados Unidos de América". En Morgan Stanley, ignorantes de los supuestos chanchullos de Correa y Caruso, existe preocupación por las consecuencias de la investigación a la que está sometido Caruso y la posible ilicitud de los fondos de Correa. Merrill Lynch fue adquirida el año pasado por el Bank of America a un precio de 44.000 millones de dólares. No obstante, Caruso ha recalado finalmente, con su cartera de clientes, en Morgan Stanley. En concreto, ahora trabaja para la división internacional de banca privada de esta firma, denominada Wealth Management, ubicada en la calle 399 de Park Avenue. Fuentes cercanas a Morgan Stanley señalan que la preocupación viene dada porque esta entidad tiene como principio básico "no gestionar u ocultar dinero de procedencia ilícita y menos aun de un país democrático como España".

El nombre de Randall Caruso aparece mencionado en las grabaciones efectuadas a los cabecillas de la Gürtel tras ser encarcelados por el juez Garzón en febrero de 2009. En esas grabaciones, que fueron anuladas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, número dos de Correa, da instrucciones a abogados desde la prisión de Soto del Real para recuperar y esconder fondos que la organización tiene en el extranjero.

Esas conversaciones revelan que la esposa de Crespo actuó de "intermediaria" con personas de la organización "para recibir o transmitir mensajes de su marido". Y que, entre otras personas, se puso en contacto con Caruso. En una de las llamadas interceptadas, señala que ha utilizado el móvil del novio de su hija para telefonear a Caruso.

El juez Pedreira tiene imputadas en Estados Unidos a otras cuatro personas aparte de Caruso: entre ellas, Ana Karlota Figueroa, persona de confianza de la red en Miami, donde Correa invirtió en pisos de lujo frente al mar. Otro de los investigados es el español Guillermo Martínez, director en Miami de Bancaja.